La Seremi de Justicia, Ximena Pulgar, designó a Jésica Torres quien fue su jefa en el estudio jurídico Torres y Malisto. Su remuneración será de $7 millones.
Aunque en las últimas semanas la atención ha estado enfocada en el Ministerio de Justicia debido a los decretos que dejaron en libertad a condenados por abuso sexual y violación a menores de edad, y criminales por delitos de lesa humanidad, una alerta se encendió en la Seremi Metropolitana de Justicia producto de una reciente designación.
La encargada de la secretaría en la Región Metropolitana es la abogada Ximena Pulgar —exdirectora de fundación Cuide Chile, cuya fundadora es María Pía Adriasola— quien desde el 15 de abril se desempeña en el puesto. El reordenamiento de piezas también afectó a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), organismo dependiente de Justicia.
Tras su llegada, ese mismo mes, Pulgar desvinculó al entonces director general Rodrigo Mora Ortega lo que costó $12,4 millones para la Corporación. Luego de meses con una directora subrogante, en los últimos días se dio a conocer el nombre de la nueva directora general: la abogada Jésica Torres Quintanilla.
Su arribo, a diferencia de otros puestos de la CAJ, no se ejecuta mediante concurso público. En este caso, es el Consejo Directivo de la CAJ, el cual preside la Seremi de Justicia, quien evalúa y vota la propuesta. Aparte de la representante del ministerio, el grupo está compuesto por un abogado de la Universidad de Chile y Católica, el presidente del CDE y dos abogados de libre ejercicio.
La nueva directora no es ajena para Ximena Pulgar. Según pudo confirmar este medio, ambas coincidieron en el estudio de abogados Torres y Malisto, donde Torres figuraba como socia fundadora y la Seremi de Justicia como asociada. Ahora, la jerarquía laboral es inversa. Cabe destacar que la página del bufete se encontraba caída hasta el cierre de este artículo y la relación tuvo que confirmarse mediante otras herramientas.
Según consta en el portal de transparencia, el último director y su subrogante, recibieron remuneraciones por poco más de $7 millones. Una fuente al interior del ministerio comenta que Torres recibiría el mismo sueldo. Aunque desde el ministerio no especificaron el monto concreto.
Por otra parte, explicaron que Torres formó parte de una terna de tres abogados constituida por la Subsecretaría de Justicia, previo a la sesión del Consejo Extraordinario del 21 de octubre pasado. "Jésica Torres Quintanilla fue elegida por el Consejo Directivo por la unanimidad de los consejeros presentes (5 de 6), tras ser escuchada en exposición y considerando sus respectivos antecedentes curriculares", sostuvieron desde la Seremi.
Respecto a la relación entre la Seremi Metropolitana de Justicia y la nueva directora, comentaron que "ambas fueron compañeras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, entre 2020 y 2022, tuvieron “comunidad de techo” con otros abogados, sin existir entre ellas relación de subordinación o dependencia".
El término "comunidad de techo" es conocido como una forma en que abogados comparten espacio, gastos y servicios dentro de un mismo estudio jurídico pero con clientes distintos. Sin embargo, su figura ha sido materia de estudio respecto a conflictos de interés.
En 2016, a propósito del entonces ministro de Justicia Jaime Campos, quien sostuvo que solo tenía una “comunidad de techo” con otro abogado, y que no existía una sociedad profesional entre ellos, el Colegio de Abogados respondió que esa explicación no impedía que existieran inhabilidades por conflicto de interés.
Bajo el mismo marco, agregaron que la comunidad de techo podía constituir una forma asociativa suficiente cuando implicaba compartir gastos, nombre, publicidad del estudio o incluso copatrocinar defensas.
Recientemente, en abril de 2026, se publicaron los resultados de una auditoría realizada a los contratos de prestadores de servicios de Defensoría penal. El documento aborda la situación de las "comunidades de techo" y advierte que ese vínculo puede ser relevante desde el punto de vista ético.
"Finalmente, indicar que la comunidad de techo posee un riesgo adicional, quizás no de alcance directo para esta auditoría, pero si para el servicio de defensa penal. Aquello está relacionado con un potencial conflictos de intereses, toda vez que pese a carecer de un estatuto legal societario, en la práctica esta comunidad de techo significa un ánimo de distintos abogados de trabajar en conjunto dentro de un mismo inmueble", explica la auditoría.
En medio de la polémica por los decretos emitidos desde la cartera, la Secretarías Regionales han tenido un rol dentro del engranaje de decisiones que terminaron con condenados beneficiados. El medio Interferencia dio a conocer que el 13 de marzo, dos días después de que Rabat asumiera, la Seremi de Justicia Metropolitana afirmó que un condenado podía recibir una rebaja de condena.
Posteriormente, el propio ministro Rabat rechazó lo emitido por la Seremi luego de que se constara que la misma persona había reincidido. El 18 de mayo, ocurrió una situación similar cuando al Seremi de Los Lagos abrió la puerta para que un condenado optara al beneficio, decisión que el secretario de Estado volvió a revocar tras detectar que el sentenciado había conducido en ebrio y causado lesiones graves a un tercero.
El último caso de la misma índole está fechado el 28 de agosto, cuando la Seremi de Justicia Metropolitana —esta vez bajo el mandato de Ximena Pulgar— comunicó que un preso de Colina 1 podía recibir el beneficio. La premisa se desmoronó después de que el ministerio constara que el recluido había estafado y robado a tres personas mientras cumplía una condena anterior.
Pese a que el ministro en una de sus interpelaciones argumentó que solo se remitía a aprobar lo resuelto por otras entidades, los antecedentes relacionados a las Secretarías Regionales tensiona ese discurso, demostrando que Rabat sí se opuso cuando lo consideró pertinente.
