Asesoran el 70% de las causas a nivel nacional: Tres mil funcionarios de la CAJ entraron en paro indefinido este miércoles

Deficiencias en la infraestructura, cierre de oficinas por falta de personal y una sobrecarga laboral extrema en donde un solo abogado puede gestionar más de dos mil causas judiciales. Esas con las condiciones laborales que fundamentan el paro de funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) que comenzó este miércoles aunque con turnos éticos.

Y es que según lo que critican las agrupaciones, tampoco se ha fomentado la aplicación de la ley de 40 horas laborales en el sistema público como sí se ha hecho en el mundo privado, por lo que sostuvieron una mesa de trabajo con el Ejecutivo con un calendario específico para resolver estas problemáticas en el sector.

Las movilizaciones, que fueron anunciadas por los trabajadores de la CAJ de hace varias semanas, buscan además que se cumpla el protocolo de homologación de remuneraciones para profesionales y administrativos que fue acordado por la agrupación y el Ministerio de Justicia en agosto del año pasado para acortar brechas salariales a nivel regional.

Asisten el 70% de los casos a nivel nacional

En esa línea, denuncian que el Gobierno no solo no ha cumplido con lo prometido sino que también ha dado portazos a la apertura de las negociaciones en el marco de la creación del nuevo servicio nacional de acceso a la justicia que garantice la atención judicial a personas que tienen problemas para encontrar defensores.

Esto es importante ya que la CAJ es la única entidad que toma los casos de las personas que viven dificultades que les impiden tener procesos justos, sobre todo cuando se encuentran en contextos económicos complejos y en situaciones como separaciones de bienes, autorizaciones para salir del país o incluso violencia intrafamiliar (VIF).

De acuerdo con la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a los ocho gremios de las cuatro corporaciones de asistencia judicial del país, los cerca de tres mil colaboradores revisan el 70% de las causas a nivel nacional, que serían aproximadamente tres millones de carpetas.

Brechas salariales y precarias condiciones laborales

En una primera etapa, la paralización nacional consideró solo los días 26 y 27 de marzo para advertir sobre una manifestación indefinida y masiva si no se cumplen las peticiones acordadas por la administración. No obstante, eso no ocurrió y los dirigentes reinstalarán el paro en virtud a la falta de respuestas de las autoridades.

Lo que planteó Marcelo Inostroza a El Desconcierto es que hay dos líneas que considera el petitorio. "Por un lado, unas que involucran mejoras económicas y que tienen que ver con la carrera funcionaria, que es prácticamente inexistente", explicó el presidente de la Fenadaj.

"Esto es lo que nosotros llamamos la homologación, porque en Chile un abogado que trabaja en la misma labor en Arica y otro que trabaja en Biobío no ganan lo mismo, sino que tienen una diferencia asombrosa. Avanzamos en torno a eso el 2023 y logramos una mejora (...) Este año tenía que estar resuelto, pero la oferta del Ministerio (de Justicia) es absolutamente insuficiente", cuestionó.

Asimismo, agregó que "el otro tema son las condiciones laborales. Nosotros somos el mayor estudio jurídico de Chile. Vemos el 70-80% de las causas de familia, el 70-80% de las causas en materia laboral, el 50% de las causas civiles".

Representación de todos los casos de menores y adultos mayores

"También tenemos participación en materia penal con nuestros centros de atención de víctimas, en mediación, en derecho migrante y lo último, las líneas de infancia. Nosotros tenemos el patrimonio absoluto de la representación jurídica de todos los niños y adolescentes vulnerados en Chile", detalló Inostroza.

Respecto de la carga laboral, el líder especificó que en algunos casos llega a los 800 niños por abogado. "Eso se extiende a todo el país, es imposible. Los trabajadores aquí en Santiago pidieron permiso para ir a trabajar los sábados sin que les pagaran para poder hacer la labor. El 50% de nuestros profesionales está con licencia médica. Esto ya no resiste más", comentó.

En materia de asistencia al adulto mayor, "también tenemos el patrimonio exclusivo. Nosotros atendemos a todos los adultos mayores con 32 profesionales en todo el país. Un abogado y un trabajador social por región, para un público usuario que es cercano a los cuatro millones de personas. Entonces, esto es insostenible".

"¿Te cabe en la cabeza que en la línea de adulto mayor sean dos profesionales por región y que ni siquiera tengan secretarias? Tienen que agendar, llamar a la gente. Es absurdo (...) El 60% de los trabajadores de Biobío tiene jornada parcial, pero es una jornada mentirosa porque un abogado, aunque no tenga jornada contratada, tiene que ir a la audiencia, tiene que preparar la demanda, tiene que atender a la gente", criticó.

Gremio denuncia que el Ministerio de Justicia les cerró la puerta

En ese sentido, recordó que "firmamos un protocolo con el subsecretario de Justicia (ahora ministro Jaime Gajardo) en agosto del 2023, y eso establecía que a fines del 2024 iba a haber un estudio que abordaría las brechas remuneracionales en las corporaciones. Ese estudio, esa propuesta que debía estar a final del 2024, recién la recibimos la semana pasada. Y es absolutamente insuficiente".

"Aquí el punto central no son solo las condiciones económicas, sino la dignidad con que se presta el trabajo. El ministerio tiene que sentarse a trabajar con nosotros y escuchar las propuestas de los trabajadores para poder avanzar en temas que no son económicos, que son de gestión para que la carga laboral sea distribuida y se pongan los recursos para contratar más profesionales", señaló Inostroza.

El también penalista proyectó que "este es un paro indefinido. Nosotros hemos liderado en Chile el paro más largo en el servicio público y estamos dispuestos a reeditar la situación. Esperamos que no ocurra, pero creemos que si entre esta semana y la próxima no hay acuerdo, esto se va a radicalizar".