Una abogada que trabajó durante más de una década en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío fue despedida en abril de 2023, después de que se le diagnosticara una invalidez total y definitiva en 2019.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, la profesional, que se desempeñaba como defensora laboral en la Oficina de Defensa Laboral de Temuco, argumentó que su desvinculación fue arbitraria y discriminatoria, ya que la institución no le ofreció alternativas para continuar trabajando y simplemente la sacó de su puesto.

El conflicto comenzó cuando, tras ser declarada con invalidez, la abogada fue trasladada temporalmente a Santiago, pero sin un plan claro sobre su reinserción laboral.

Durante meses, intentó negociar con sus superiores una forma de seguir desempeñándose en la corporación, pero la única respuesta que obtuvo fue el despido.

Ante esta situación, decidió demandar, señalando que su salida no tenía una justificación válida y que era una forma de discriminación por su estado de salud.

El caso fue revisado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, que en junio de 2024 determinó que el despido había sido ilegal y que se vulneraron sus derechos fundamentales al no darle la posibilidad de seguir trabajando a pesar de su condición.

La sentencia obligó a la Corporación de Asistencia Judicial a pagarle una indemnización de $44.223.910, desglosados en compensaciones por daño moral y recargos legales.

La entidad apeló esta decisión y llevó el caso a la Corte de Apelaciones de Concepción, argumentando que la jueza había cometido errores en la evaluación de las pruebas y que no existía evidencia clara de discriminación.

Sin embargo, el tribunal rechazó este recurso, afirmando que el fallo inicial estaba bien fundamentado y que los antecedentes confirmaban que la abogada había sido despedida sin razones objetivas, solo por su estado de salud.