En una estafa piramidal, el negocio comienza mucho antes de que desaparezca el dinero. Comienza cuando alguien logra convencer a otros de que esta vez será diferente. Que las ganancias llegarán pronto y que basta con confiar. Algunos entregan sus ahorros, otros se entusiasman y la pirámide crece. Hasta que llega el momento de cobrar y las cuentas simplemente no cuadran.
En política ocurre algo parecido. La diferencia es que nadie entrega sus ahorros, sino su voto. Y cuando las promesas se derrumban, las pérdidas no se miden en pesos, sino en confianza.
José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo recuperar la seguridad y levantar una economía que, según su discurso, necesitaba un cambio profundo. Su campaña encontró terreno fértil en el temor social a la delincuencia y en el malestar económico. Ofreció soluciones que parecían estar al alcance de la mano. Hoy, después de casi ocho meses de gobierno, corresponde examinar qué ocurrió con aquellas promesas.
La seguridad fue su principal bandera electoral. Kast insistió durante años en la necesidad de enfrentar la delincuencia sin contemplaciones. Su discurso era categórico y encontraba respaldo en una ciudadanía cansada de vivir con miedo. Pero gobernar no consiste en repetir las consignas de una campaña. Las decisiones tienen consecuencias y, en ocasiones, dejan al descubierto contradicciones difíciles de justificar. El caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, constituye una de ellas.
Durante este gobierno se concedieron rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. De ellas, 29 habían sido condenadas por violación y 27 por abuso sexual. Una investigación de BioBioChile identificó a 33 beneficiados que ya estaban en libertad. Algunos presentaban antecedentes de alto riesgo de reincidencia, según informes de Gendarmería.
Y si lo anterior no bastara, también se conocieron beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Resulta difícil comprender semejantes decisiones en un gobierno que hizo de la seguridad su principal compromiso electoral. ¿Dónde quedó aquella firmeza que parecía no admitir excepciones? ¿Cómo se explica que las autoridades encargadas de administrar justicia hayan firmado rebajas de condena para personas responsables de delitos tan graves?
Kast reconoció que se había cometido un error. Pero reconocerlo después del escándalo no borra lo sucedido. Mucho menos cuando las víctimas deben enfrentar las consecuencias de decisiones que jamás imaginaron recibir de un gobierno que prometía protegerlas y especialmente cuando públicamente sigue defendiendo y protegiendo de manera absurda a su todavía ministro de Justicia.
En materia económica, la distancia entre las promesas y los resultados también merece atención. El crecimiento anunciado no ha conseguido traducirse en la recuperación laboral que tantos esperaban. Según el INE, el desempleo llegó al 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, aumentando 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.
Estamos claros que no todos los problemas comenzaron en marzo. Sería absurdo sostenerlo. Pero tampoco puede olvidarse que Kast llegó ofreciendo respuestas rápidas precisamente para esos problemas. Quien promete soluciones rápidas debe aceptar que sus resultados sean examinados con el mismo rigor con que cuestionó a sus antecesores.
Para una persona desempleada, las explicaciones económicas tienen un límite. Puede escuchar discursos sobre inversiones futuras o expectativas de crecimiento, pero necesita trabajar ahora. Y cuando el empleo no aparece, la promesa comienza a perder valor. Y las encuestas parecen recoger parte de ese desencanto.
La medición de la encuestadora Criteria del 1 de noviembre situó la aprobación presidencial en un 25%, mientras la desaprobación alcanzó el 65%. La aprobación había retrocedido dos puntos respecto de la semana anterior. Son cifras que muestran un potente deterioro del respaldo ciudadano, aunque por sí solas no permiten explicar todas sus causas.
La paradoja es evidente. Kast construyó su ascenso político cuestionando la incapacidad de otros para resolver los problemas del país. Ahora debe responder por sus propias decisiones. La vara con que midió a sus adversarios también sirve para medir su gobierno.
Y aquí adquiere sentido la estafa piramidal de las promesas. No como un delito financiero, sino como una imagen de lo que ocurre cuando las expectativas crecen hasta superar aquello que realmente puede cumplirse. Durante la campaña todo parece posible. Una vez conquistado el poder, comienzan a aparecer las cuentas pendientes.
La extrema derecha ha sabido utilizar el miedo como recurso político. Ofrece certezas donde existen problemas complejos y convierte la frustración ciudadana en una oportunidad electoral. El problema aparece cuando sus respuestas deben abandonar los discursos y enfrentarse a la realidad.
Sin embargo, esta historia también obliga a mirar nuestra responsabilidad como ciudadanos. Una democracia no puede sostenerse únicamente sobre la confianza depositada cada cuatro años en quienes prometen cambiarlo todo.
Antes de volver a votar, hay que informarse. Leer los programas completos, investigar quiénes están detrás de las promesas y contrastar lo que se ofrece con lo que realmente puede hacerse. No basta con escuchar al candidato que habla más fuerte o que mejor interpreta nuestros temores.
La próxima vez que alguien ofrezca soluciones milagrosas, conviene recordar cómo comienzan las estafas piramidales. Nadie entra pensando que perderá.
En una elección, el voto entrega poder a quien recibe nuestra confianza. Y cuando esa confianza se pierde, las consecuencias las paga un país entero, tal como hoy, penosamente, la está pagando duramente el pueblo chileno.