La instancia busca agilizar inversiones tecnológicas que pueden tardar tres años en aprobarse, mientras seis nuevos proyectos enfrentan cuestionamientos.
La ministra de ciencias Ximena Lincolao durante la comisión de Ciencias en la Cámara de Diputadas y Diputados
Agencia UnoEl gobierno de José Antonio Kast anunció la creación de una Mesa Permanente de Data Centers para acelerar la instalación de centros de datos en Chile, reducir trabas burocráticas y coordinar a los organismos públicos involucrados en la aprobación de estas inversiones.
La iniciativa, presentada por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, comenzará a sesionar semanalmente el lunes 16 de noviembre.
La creación de esta instancia ocurre en medio de cuestionamientos por la expansión de los data centers, especialmente en comunas periféricas de Santiago, donde su instalación ha abierto controversias por el alto consumo de agua, la demanda energética y los impactos sobre los territorios cercanos.
A este escenario se suma la modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que elevó de 80 a 1.000 toneladas el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables que obliga a ingresar a evaluación ambiental por esa tipología. El cambio ya forma parte de la discusión por seis nuevos proyectos de centros de datos identificados en distintas comunas del país.
La nueva Mesa Permanente de Data Centers, de acuerdo a La Tercera, será presidida por el Ministerio de Ciencia, mientras que el Ministerio de Economía asumirá la secretaría ejecutiva.
Su composición contempla la participación permanente de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Energía y Bienes Nacionales, además de representantes del sector privado, entre ellos la Asociación de Data Centers.
El Ministerio del Medio Ambiente será sólo invitado a participar de las conversaciones para incorporar criterios de sustentabilidad en el desarrollo de esta infraestructura. La instancia comenzará sus reuniones semanales el 16 de noviembre y tendrá una presentación ante el Comité Económico de ministros el próximo 26 de noviembre.
Uno de los principales objetivos es reducir los tiempos que requiere la aprobación de estos proyectos. Según explicó Lincolao, la tramitación puede extenderse hasta tres años, situación que, a juicio de la ministra, dificulta la llegada de nuevas inversiones tecnológicas al país.
"Queremos remover las barreras burocráticas y evitar así que la inversión siga yéndose a otros países", sostuvo la secretaria de Estado.
Alessandri, por su parte, planteó la necesidad de facilitar la coordinación institucional y entregar reglas claras para el desarrollo de los centros de datos.
La iniciativa busca impulsar inversiones vinculadas a la infraestructura digital, considerada estratégica para el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía del conocimiento.
La expansión de los centros de datos también ha generado controversias socioambientales, especialmente en sectores urbanos y periféricos de la Región Metropolitana.
Uno de los casos más conocidos corresponde al proyecto Cerrillos Data Center, impulsado originalmente por Google, cuyo diseño contemplaba la extracción de hasta 169 litros de agua por segundo desde el Acuífero Santiago Central para refrigerar sus servidores.
En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente una reclamación contra la aprobación ambiental de la iniciativa y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) retrotraer el procedimiento para incorporar los efectos del cambio climático en la evaluación del componente hídrico.
La sentencia cuestionó la falta de antecedentes suficientes para descartar impactos significativos sobre el acuífero.
Posteriormente, Google renunció a la autorización ambiental original y comenzó a evaluar una iniciativa rediseñada, con un sistema de refrigeración por aire en reemplazo del mecanismo que contemplaba utilizar agua subterránea.
Durante 2026, la compañía volvió a presentar antecedentes ante el SEA para una eventual instalación en Cerrillos. La iniciativa contempla una inversión estimada en US$200 millones y considera infraestructura tecnológica, grupos electrógenos y sistemas de refrigeración.
El caso volvió a generar cuestionamientos de organizaciones socioambientales, que solicitaron revisar la obligación de someter el proyecto a evaluación ambiental.
Otro foco de controversia está relacionado con la modificación del reglamento ambiental y sus efectos sobre los data centers que utilizan combustible para alimentar sus generadores eléctricos de respaldo.
El Desconcierto identificó seis nuevos proyectos que ingresaron consultas de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental para determinar si deben someterse a evaluación ambiental.
Las iniciativas se encuentran distribuidas entre Puente Alto, Cerrillos, Lampa, Buin y Valparaíso y contemplan capacidades de almacenamiento de combustible que se sitúan entre poco más de 500 toneladas y cerca de 1.000 toneladas.
Entre los casos identificados figura un proyecto en Puente Alto, cuya empresa proponente es Inmobiliaria STPA SpA. Los antecedentes del reportaje atribuyen a esta iniciativa una capacidad de almacenamiento de 756 toneladas de combustible y una ubicación a unos 250 metros de viviendas del sector Bajos de Mena.
Otro proyecto corresponde a Campo de Datos Lampa, impulsado por CI GMF II Chile DevCo I SpA, vinculado a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La iniciativa contempla almacenar 511 toneladas de combustible y se emplazaría a menos de 50 metros de dos sectores residenciales de Valle Grande.
También aparece el proyecto Data Center Cerrillos, cuya empresa proponente es Inversiones y Servicios Data Luna Ltda., vinculada a Google. La iniciativa contempla una capacidad declarada de almacenamiento de 696 toneladas de combustible.
Los antecedentes también incluyen proyectos en Buin y Valparaíso, entre ellos iniciativas asociadas a DC Terranova SpA, GR Huiña SpA y DCI La Pólvora SpA.
Las consultas de pertinencia permiten que el SEA determine si un proyecto debe ingresar obligatoriamente al sistema de evaluación ambiental, considerando sus características y los antecedentes presentados por el titular. No equivalen a una autorización general para ejecutar las obras.
La modificación normativa quedó establecida mediante el Decreto Supremo N°17 del Ministerio del Medio Ambiente, promulgado el 17 de junio de 2025 y publicado en el Diario Oficial el 21 de enero de 2026.
La disposición modificó el Reglamento del SEIA y elevó de 80 a 1.000 toneladas el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables que determina el ingreso obligatorio por esa tipología.
El cambio es relevante para los centros de datos porque estas instalaciones suelen contar con generadores eléctricos de respaldo que utilizan combustible para mantener sus operaciones ante eventuales interrupciones del suministro.
Con el nuevo límite, los proyectos que almacenan menos de 1.000 toneladas pueden quedar fuera de esa causal específica de ingreso al SEIA. Sin embargo, todavía pueden estar obligados a someterse a evaluación si cumplen otras tipologías o condiciones establecidas en la normativa.
La controversia radica en que la evaluación ambiental permite analizar los impactos de una iniciativa sobre su entorno y establecer medidas de prevención, mitigación, reparación o compensación cuando corresponda.
Por eso, el aumento del umbral ha abierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para examinar los efectos territoriales de una industria que requiere grandes cantidades de energía y, dependiendo de sus sistemas de refrigeración, también puede tener una importante demanda hídrica.
