martes 10 de noviembre de 2026

El presupuesto por hectárea de naturaleza protegida en Chile cayó 43% desde 2017, alerta informe

En Chile aumentan las hectáreas de áreas protegidas como parques o reservas, pero no el presupuesto para cuidarlas efectivamente, alerta un informe de Terram.

10 de noviembre de 2026 - 07:35

El financiamiento para proteger la naturaleza en Chile sigue estando en emergencia según un nuevo informe de la fundación Terram. El texto alerta que el aumento en áreas protegidas como parques o reservas nacionales, no ha venido acompañado de presupuesto para cuidar esa naturaleza de forma efectiva, incluso con la creación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Chile invierte en conservación mucho menos que los otros países de la OCDE, advierten desde Terram. Según la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE, entre 2012 y 2021 el gasto público del país en medio ambiente es de 0,1% del PIB, mientras que el promedio de los otros países del organismo es de 0,6%.

Si se mide el presupuesto por hectárea de área protegida, el monto invertido cayó 43% desde 2017 hasta la fecha. Mientras que en 2017 había un financiamiento de 2,30 dólares por hectárea protegida, el promedio actual es de 1,31 dólares. Chile queda entonces por debajo del promedio regional, de 1,95 dólares por hectárea.

¿Quién financia las áreas protegidas?

Otro hallazgo del informe es que más de 50% del financiamiento de áreas protegidas proviene de ingresos operacionales como la venta de entradas o las concesiones, superando el gasto fiscal en casi todos los años.

Por su parte, el aporte fiscal solo alcanza para cubrir 61% del gasto en personal. Para 2027 se proyecta que solo cubra 55,9% de este gasto. Así, el informe advierte que el autofinanciamiento no logra sustituir las brechas que deja el gasto fiscal, y se trata de ingresos expuestos a las fluctuaciones de visitantes y a contingencias como la pandemia o el cierre de parques y reservas por incendios forestales.

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

La creación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que reemplaza la labor de Conaf en administrar las áreas protegidas y lo deja en manos del Ministerio de Medio Ambiente, también presenta una brecha de presupuesto.

Según se destaca en el informe, la Dirección de Presupuesto (DIPRES) declaró en un informe de diciembre de 2022 que el SBAP necesitaba $35.900 millones de recursos adicionales durante 2025, y $43.900 millones en 2027 para su implementación gradual.

Pero el presupuesto aprobado para 2026 contempló solo $18 mil millones, generando una brecha de más de $17 mil millones. En el proyecto de Presupuesto 2027, se contemplan $22.304 millones, generando un déficit de $21 mil millones frente a lo que proyectó la DIPRES.

La implementación de este nuevo servicio también ha generado polémicas por el traspaso de profesionales desde Conaf, que se atrasó de 2026 a marzo de 2027, y la incertidumbre sobre incorporar 570 guardaparques que contemplaba la DIPRES.

Hoy en día existe en Chile un guardaparque cada 37.200 hectáreas, cuando la recomendación internacional es de uno cada 2.600 hectáreas.

¿Qué se puede hacer?

El informe de Terram recomienda ajustar el presupuesto del SBAP a las estimaciones que hizo la DIPRES para cerrar la brecha, priorizando contratar guardaparques y construir la infraestructura para mantenerlos en terreno.

También llama a aumentar el aporte fiscal directo a las áreas protegidas para que cumpla 100% del gasto en remuneraciones, establecer una hoja de ruta para aumentar el financiamiento por hectárea y fortalecer la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas, entre otras.

“La creación del SBAP constituye una oportunidad para corregir décadas de brechas en el financiamiento destinado a la conservación de nuestro patrimonio natural, pero sin una decisión política que asegure recursos suficientes, estables y proporcionales a las necesidades del sistema, la nueva institucionalidad corre el riesgo de reproducir las mismas limitaciones que históricamente han afectado a la administración de las áreas protegidas terrestres en Chile”, concluye el informe.

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