La Corte Suprema rechazó indemnizar a una mujer que compró una casa con subsidio en Valparaíso y posteriormente descubrió una plaga de termitas.
Corte Suprema / Agencia Uno
Una mujer compró en 2015 una vivienda en Valparaíso mediante un subsidio habitacional de 700 UF. Dos años después denunció que la propiedad estaba afectada por termitas y terminó siendo declarada inhabitable e irreparable. La Corte Suprema rechazó su intento de obtener una indemnización de $23.728.371 de la antigua propietaria.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la compraventa se concretó el 19 de mayo de 2015 en el condominio Los Pozos, ubicado en Cerro Ramaditas. Antes de adquirir la casa, un informe de tasación la había calificado como habitable, en estado satisfactorio y sin deterioros.
Sin embargo, en octubre de 2017 la compradora acudió al Serviu de Valparaíso para denunciar la presencia de termitas. Posteriormente, la Dirección de Obras Municipales certificó que el inmueble presentaba daños por humedad e insectos que atacan la madera, con riesgos físicos y sanitarios para sus ocupantes.
La afectada demandó a la vendedora por $23.728.371, incluyendo $2 millones por daño moral. Sostuvo que entregar una casa que no podía habitarse constituía un incumplimiento de la compraventa, aunque la propiedad hubiera sido formalmente entregada.
El Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso rechazó la demanda el 4 de mayo de 2023. La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó esa decisión el 16 de junio de 2025. La compradora recurrió entonces a la Corte Suprema.
El máximo tribunal explicó que una persona puede reclamar por incumplimiento contractual cuando recibe un inmueble con defectos, sin quedar necesariamente limitada a las acciones especiales por vicios ocultos.
También precisó que aceptar una propiedad "en el estado en que se encuentra" no significa asumir automáticamente defectos imposibles de detectar.
Pese a ello, la Corte consideró decisivo que no se acreditó que las termitas estuvieran presentes cuando se firmó la compraventa. Un antecedente administrativo indicaba que la infestación podía desarrollarse silenciosamente en menos de un año, mientras que la denuncia se presentó más de dos años después de la adquisición.
Además, observó que el recurso de la compradora no identificó todas las normas necesarias para cuestionar el rechazo de su demanda. Por estas razones, desestimó sus recursos y mantuvo el rechazo de la indemnización.
La sentencia del 9 de noviembre de 2026 fue dictada por la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por Arturo Prado, Mauricio Silva, María Soledad Melo, Eliana Quezada y el abogado integrante Álvaro Vidal, encargado de redactar el fallo.
