-¿Y cómo se compite en ese sistema con un mandato público que una universidad privada no tiene?
Tenemos que buscar la manera de que nuestros procesos de difusión y divulgación sean tan atractivos como los que emplean otras instituciones. Pero, en el fondo, estamos viviendo en un sistema de libre competencia donde no hemos encontrado una solución. Por eso estamos planteando también una modificación de nuestro marco normativo, y eso ha tenido muy buen eco en la subsecretaría, en la Dirección de Presupuestos y en el mundo parlamentario. Tenemos una comisión liderada por la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, y vamos a presentar prontamente esa propuesta para trabajarla en conjunto con ellos.
-El CUECH ya se reunió con la senadora Yasna Provoste, presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, junto al rector de la USACH, Pedro Palominos. ¿Qué esperan de la discusión del Presupuesto 2027?
Primero, le agradecimos a la senadora ese espacio para conversar y ser parte del proceso de discusión presupuestaria. Le señalamos que este sistema de financiamiento está ahogando a las universidades estatales, y vamos a ser invitadas a las sesiones de la comisión mixta.
Las universidades del Estado ya tuvimos en 2026 una disminución de los recursos por diferentes partidas. Por un lado, se eliminó el aporte para la educación superior regional, que estaba dirigido a las universidades que trabajan en zonas extremas, como Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes. No se disminuyó, se eliminó la partida. Por otro lado, se redujeron los aportes para actividades de interés nacional; en realidad, se eliminaron en un 100%. Por tanto, en términos aproximados, las universidades estatales ya partimos con un 6,6% menos de lo que recibíamos en 2025.
¿Qué esperamos del Presupuesto 2027? Que consideren que las universidades estatales estamos haciendo un aporte sustantivo e insustituible en las regiones. Muchas veces no hay ningún otro centro de educación superior en la región que entregue servicios educacionales, trabajo, investigación y vinculación con el territorio. Por tanto, solicitamos no solo que se mantengan los recursos que teníamos en 2025, sino que se reconozca la labor que realizamos a lo largo de todo Chile, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes.
Estamos sumamente preocupados, sobre todo porque los aranceles regulados solo consideran la docencia de pregrado, no todas las otras labores que desarrollamos en cada territorio: extensión, investigación, vinculación con instituciones públicas y privadas. El compromiso cuando se gestó la Ley de Universidades Estatales, en 2018, era que los aranceles regulados iban a considerar los costos de la docencia de pregrado, pero que íbamos a tener aportes basales que permitieran desarrollar todas las otras funciones. Y eso, lamentablemente, no está siendo ni reconocido, ni abordado.
Las universidades del Estado ya tuvimos en 2026 una disminución de los recursos por diferentes partidas Las universidades del Estado ya tuvimos en 2026 una disminución de los recursos por diferentes partidas
Inversión en ciencia estancada
-El gobierno suspendió las becas de magíster y postdoctorado en el extranjero, un oficio de Hacienda planteó descontinuar 11 programas de la ANID, incluida la Iniciativa Milenio, con despidos en la agencia, y se ha hablado de un recorte de 30% al presupuesto del Ministerio de Ciencia para 2027. ¿Qué pasa con la investigación que hacen las universidades estatales, muchas veces la única en su territorio, cuando se recorta así?
Lo hemos conversado con los rectores y las rectoras al interior del consorcio, y realmente estamos muy preocupados por las decisiones que se han tomado en torno al Ministerio de Ciencia: la disminución de los recursos, las modificaciones a los fondos postdoctorales, la definición de áreas prioritarias. Creemos que eso perjudica enormemente el desarrollo del país, de las áreas que hoy son prioritarias para la productividad y la innovación, y nuestra vinculación con el territorio.
La discusión debiese estar centrada en por qué no hemos aumentado el 0,35% del PIB que invertimos en I+D, que se encuentra totalmente estancado. Lo poco y nada que tenemos ha servido para generar mucho impacto. Hay que reconocer a los científicos y académicos de las instituciones a lo largo del país el tremendo trabajo que han desplegado para posicionar a Chile en temas relevantes. Pero hay una brecha crítica cuando Chile mantiene su inversión en I+D estancada en un 0,35% del PIB, una cifra bastante distanciada del promedio de la OCDE, cercano al 2,5%.
Si queremos mejorar la productividad y el dinamismo, y una relación más dual entre las instituciones públicas y las privadas, tenemos que tener otra forma de financiamiento. Pero para eso necesitamos mayor inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Cuando se habla de aumentar este porcentaje del PIB y no hay medidas concretas, es un enunciado más bien teórico si no se fortalece con una política pública.
-El Fondecyt de Postdoctorado 2027 dejó fuera a las humanidades, las artes y las ciencias sociales de sus áreas prioritarias. ¿Cómo evalúa esa decisión de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao?
Le mandamos una carta a la ministra donde manifestamos explícitamente nuestra preocupación por las modificaciones al concurso Fondecyt de Postdoctorado. Le señalamos que veíamos con preocupación que esa decisión se hubiera tomado sin considerar la opinión experta de las sociedades científicas y otros. Desde ese momento, ella ha tenido reuniones con centros de investigación y sociedades científicas, pero no se dio pie atrás a la definición de áreas prioritarias.
Nuestra inquietud es que la señal que el ministerio le está dando al país es que estamos mirando los problemas desde un solo punto de vista. La complejidad de los desafíos que enfrenta el país hace necesario superar cualquier visión restringida o fragmentada del conocimiento. Los temas de cambio climático o de convivencia democrática requieren miradas que están en las ciencias sociales, en las artes y en las humanidades. Creemos que esto hace retroceder la forma en que un país aborda los temas más complejos.
Si queremos mejorar la productividad y el dinamismo, y una relación más dual entre las instituciones públicas y las privadas, tenemos que tener otra forma de financiamiento. Si queremos mejorar la productividad y el dinamismo, y una relación más dual entre las instituciones públicas y las privadas, tenemos que tener otra forma de financiamiento.
Las mismas reglas que un ministerio
-En su discurso inaugural dijo que la Ley de Compras Públicas encarece las adquisiciones en cerca de un 30%, que nombrar a un académico toma meses frente a días en una privada y que la Ley de Transparencia obliga a publicar las remuneraciones. ¿Cómo pesa esa regulación en la competencia con las universidades privadas?
Por eso estamos planteando esta modificación de nuestro marco regulatorio. Se nos asemeja a instituciones públicas de nivel central, como un ministerio o una dirección, y tenemos un régimen jurídico equivalente al de ellas. Pero las labores que realizan son totalmente distintas y están restringidas a un ámbito que no tiene nada que ver con el trabajo de las universidades estatales. Por eso hablamos de revisar el régimen jurídico. Pero también hay ajustes más focalizados en los que podríamos avanzar, siempre que exista voluntad política.
No estamos pidiendo tener menos controles. Los rectores y las rectoras estamos conscientes de que utilizar recursos públicos nos obliga a un buen uso, a que exista transparencia y rendición de cuentas. Pero todas esas obligaciones las tenemos solamente las universidades estatales.
-¿Existe esa voluntad política?
Sí. Hoy hay más consenso en el sistema de que las universidades tenemos que avanzar en aquello, y el Estado también: el Ministerio de Educación, la subsecretaría y la Dirección de Presupuestos, a la que pedimos participar en esa comisión. Existe esa voluntad. Porque, efectivamente, para contratar a un académico —y tenemos que atraer recurso humano altamente calificado, vinculado nacional e internacionalmente— en nuestra página de transparencia aparecen las remuneraciones. Entonces, si uno está cautivando a alguien para que se venga, cualquier otra universidad le dice: “mira, tú vas a ganar tanto, mejor quédate acá, te duplicamos el sueldo, y el laboratorio no te preocupes, te instalamos otro”. Como ha ocurrido.
Regiones
-¿Cómo piensa fortalecer, durante su mandato, el rol de las universidades estatales regionales?
El consorcio es una columna vertebral que va del extremo norte al extremo sur, de Arica a Magallanes. Para fortalecerla es fundamental que las universidades de cada territorio tengan apoyo, y por eso son tan importantes los aportes para las instituciones regionales, sobre todo las de zonas extremas. Las universidades estatales en regiones cumplen un rol insustituible. En Magallanes o en Atacama no hay ninguna otra oferta que cubra la formación de docentes en determinadas áreas.
Además, las universidades en regiones tienen una vinculación más estrecha con sus gobiernos regionales, y eso ha permitido fortalecer el trabajo en cada región. La Universidad del Bío-Bío, en su sede de Ñuble, desarrolló junto al gobierno regional un polo de salud que responde a las exigencias de la región: está dictando medicina y química y farmacia, y en un tiempo más va a ser un polo de investigación sobre la alta tasa de cáncer de estómago que hay en la zona. La Universidad Arturo Prat, en Iquique, está abriendo medicina, pero medicina en altura, con total pertinencia para la región y los centros mineros. O los especialistas que forma la Universidad de Antofagasta. Hay una rentabilidad social que no está siendo considerada y que permite el desarrollo del territorio. Las universidades son motores de cambio en cada lugar donde estamos insertas.
Las universidades estatales en regiones cumplen un rol insustituible. En Magallanes o en Atacama no hay ninguna otra oferta que cubra la formación de docentes en determinadas áreas. Las universidades estatales en regiones cumplen un rol insustituible. En Magallanes o en Atacama no hay ninguna otra oferta que cubra la formación de docentes en determinadas áreas.
Inteligencia artificial
-Usted ha planteado la inteligencia artificial como uno de sus ejes. ¿Cómo ve su irrupción en las aulas de las universidades estatales?
Es una tecnología que llegó para quedarse y que ya está siendo utilizada por nuestros estudiantes. Ahí las universidades tenemos desafíos relevantes. Primero, establecer políticas que rayen la cancha en los procesos formativos, para que el estudiante sepa cuándo se puede usar y si se puede usar o no en tal o cual asignatura. Eso también trae desafíos con nuestros académicos, porque tenemos que capacitarlos y entregarles herramientas. Lo primero es tener claro que no se prohíbe el uso de inteligencia artificial, y la estrategia es aplicarla en forma gradual en nuestras casas de estudio.
-¿Qué rol puede cumplir la universidad pública en la regulación y en los marcos éticos de la inteligencia artificial, con una ley en discusión en el Congreso?
Desde el CUECH hemos manifestado nuestra total disposición a colaborar con el gobierno, sea cual sea, y en este caso con las autoridades del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Educación, para contribuir con nuestros académicos especializados en la formulación de políticas, normativas y leyes que muchas veces afectan a las instituciones de educación superior, en particular a las estatales. Eso lo hemos puesto a disposición a lo largo de toda la historia del consorcio. Y en esa política creo que es necesario escuchar siempre la voz de nuestros académicos e investigadores expertos en esta materia, que están acá o en el extranjero.
