En entrevista con El Desconcierto, la recién electa presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, abordó el debate abierto por la carta de Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio, su apuesta por un partido popular y territorial, y su evaluación de los primeros cinco meses de la administración de José Antonio Kast. "Es un gobierno que mira al pasado, a los años 80", afirma.
Gael Yeomans se impuso el 16 de agosto en las elecciones internas del Frente Amplio —54,71% de los votos frente a la lista de Constanza Martínez— y a los pocos días ya administraba su primer debate interno: la carta de Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio, que instaló la pregunta por los acuerdos políticos amplios. La discusión no llega en el vacío: el gobierno de José Antonio Kast cumple cinco meses, con una megarreforma tributaria aprobada y una reforma constitucional de seguridad en trámite.
En ese contexto, El Desconcierto conversó con la presidenta electa del FA sobre esa controversia, el rumbo de su partido y la seguridad, donde plantea un diagnóstico y camino: hay comunas más seguras y otras menos, y eso también es desigualdad.
-Usted ha planteado una mayor apuesta territorial y la necesidad de salir a buscar nuevos militantes, de hablar con vecinos que hoy miran a los partidos con desconfianza. ¿Qué le falta al Frente Amplio para llegar a esos sectores?
Es un desafío, y lo planteo desde el Frente Amplio, que es mi partido, y ahora como presidenta electa. Cuando la política se aleja de las mayorías sociales que debiese representar, se debilita. Quien toma definiciones en el Congreso o en el Gobierno lo hace a nombre de la sociedad. Por eso el nexo con quienes decimos representar es fundamental, sobre todo para un partido de izquierda.
Soy diputada de un distrito popular, donde el narcotráfico se enquistó hace mucho tiempo. Ese tema no lo levantó la izquierda: lo pusieron las dirigentes vecinales, y desde nuestros proyectos políticos no dimos con una solución propia. Detrás hay mucho más: el abandono del Estado frente a la deserción escolar, la falta de protección de la infancia y la adolescencia. El contacto diario con los vecinos y vecinas de los territorios te pone los pies en la tierra para hacer política pública. A eso estamos llamados.
-Un documento interno de la UDI habló de un "regreso del octubrismo" y en medios tradicionales se ha planteado que el Frente Amplio tendrá un giro a la izquierda con su conducción. Usted lo ha descartado. ¿Por qué?
Lo digo porque el Congreso Ideológico sentó las bases de nuestras definiciones políticas. Ahí sostuvimos que somos un partido socialista, feminista —una mirada que transversaliza toda nuestra política— y ecologista. No son definiciones mías: son del partido, de los cuatro mil militantes que participaron, y hoy dan el contorno del Frente Amplio.
Para algunos eso es mirar al pasado. No es así: el socialismo siempre se pensó como una perspectiva de futuro. Hacemos política bajo esa óptica, pero pensando en el Chile en que vivimos y al que queremos presentarle un proyecto de país.
-¿Qué es ser socialista en el siglo XXI, a diferencia de los "socialismos del siglo XXI" que ya sabemos cómo terminaron? ¿Qué perspectiva de futuro puede ofrecer el socialismo a la ciudadanía hoy?
Primero, asumir que las desigualdades sí son un tema para Chile. Para enfrentarlas necesitamos un modelo de desarrollo distinto al actual, donde todo está ligado al mercado y hablar del rol del Estado en la economía es un sacrilegio para la derecha. Nosotros debemos mostrar una apuesta alternativa: un modelo donde la economía, la productividad y la generación de empleo tengan otra mirada, sin eludir esos desafíos.
-Cuando los alcaldes Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio fueron a Tolerancia Cero por la carta "Chile a treinta años", Eduardo Sepúlveda, director de El Líbero, preguntaba directamente qué opinaba usted. Al día siguiente reaccionó con un tuit. ¿Cuál es su impresión de esa carta?
Primero quiero plantear algo: se busca una contraposición constante, y entiendo que eso es parte del debate. Pero llegar a acuerdos desde la izquierda con sectores de la derecha no es nuevo, y por eso lo puse en el tuit: desde el acuerdo entre Allende y Cruz-Coke, que permitió la existencia de la salud pública en nuestro país, hasta el acuerdo de pensiones o las 40 horas.
No es un problema ni una novedad. Si hay temas donde se puede acordar, hay que definirlos, y esa discusión debe darse dentro del Frente Amplio. Es lo que apostamos a hacer. Hay temas de Estado que no pueden quedar a merced de definiciones que cambian gobierno tras gobierno, porque hay certezas que entregar. Llegar a acuerdos con la derecha no nos hace ni más ni menos de izquierda.
-Se lo pregunto desde la otra trinchera: ¿no hay también un riesgo de cierre elitario en una carta como esa? La diputada Consuelo Veloso (FA) planteaba que esta suerte de diálogo encubre muchas veces una discusión que no aborda los verdaderos problemas del país.
Diferencias con la derecha sí tenemos, y hay que ser claros y firmes en la defensa de los derechos, sobre todo frente a propuestas que los ponen en riesgo. Basta mirar la reforma tributaria y sus efectos en la Ley de Presupuestos y otras legislaciones. Lo estoy viendo en la Comisión de Trabajo con la flexibilidad laboral, que busca retroceder en derechos de los trabajadores.
Pero también hago una diferencia: no todas las derechas son iguales. Hay derechas dispuestas al diálogo y otras que no.
-¿Comparte esa tesis que dice que hay que salvar a la derecha liberal de la derecha más dura?
Creo que ese fue el esfuerzo de esta carta. La derecha trató de pasar la máquina en la reforma tributaria y ganar por dos votos circunstanciales una reforma que tendrá efectos por 20 años. Frente a eso, hay que hacer la diferencia en pos del beneficio del país. Porque eso es lo que se pone en riesgo con estos retrocesos: derechos de las personas. Intentar acuerdos con la derecha en determinados puntos es un ejercicio que debemos hacer.
-Más allá de la carta, ¿en qué puntos cree que se puede llegar a acuerdo con esa derecha?
Parto por uno que ha planteado el propio Gobierno: la modernización del Estado. Estamos de acuerdo en que se necesita un Estado eficiente, que responda a las personas en tiempos justos y oportunos. Para eso se requiere un Estado fuerte, no el Estado débil que se ha promovido desde que gobierna José Antonio Kast. Pero cuando se plantea una mesa de trabajo, se excluye a los trabajadores del sector público. Una discusión como esta debe integrar, no excluir. Para generar un acuerdo de Estado, debe integrar a los trabajadores.
-¿Le hubiera gustado estar en la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, de la que quedaron fuera el Frente Amplio y el Partido Comunista?
No nos invitaron. Pero, más allá de eso, tampoco invitaron a los trabajadores del sector público, y eso sí es no tener un piso de realidad en lo que van a discutir. Son ellos quienes saben, por experiencia propia, cómo funciona el Estado.
Ahí hay experiencias de todo tipo. Trabajadores a honorarios que renuevan contrato año a año, sin ninguna certeza, entregando servicios a la sociedad. Siempre pongo el ejemplo de las abogadas y psicólogos que asesoran en violencia intrafamiliar y de género: llegan a diciembre sin saber si seguirán contratados el próximo año. ¿Cómo va a hacer una buena pega en un tema tan delicado alguien que ni siquiera tiene certeza laboral?
-Ha dicho que hay que aportar en la propuesta y no ser una oposición que solo reaccione. Pero en la reforma tributaria el Frente Amplio y la izquierda tuvieron un rol secundario, porque el Gobierno tenía los votos, sumados a los del PDG. ¿Qué se puede hacer cuando la oposición tiene tan poca capacidad de acción?
Lo primero: en el Senado la mayoría es circunstancial. Hay senadores en procesos judiciales y no sabemos si podrán continuar o serán desaforados. Eso puede cambiar la mayoría en esa Cámara y será determinante para el trámite de otros proyectos del Ejecutivo.
Por otra parte, claro que necesitamos construir fuerza. Y eso parte por tener no solo votos en el Congreso, sino vínculo con el mundo social y la opinión pública, hacer sentido común con nuestras propuestas. Por eso es fundamental una agenda propositiva, levantada desde el progresismo, que una a los actores sociales y políticos.
-¿Y con quién se construye fuerza en un momento así? Se ha planteado construir hacia el centro, con bancadas amplias, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.
Hay un arco del progresismo: los partidos que se reúnen todos los lunes, y los jueves los secretarios generales. Eso ha permitido un diálogo para responder. Pero a mí me gustaría —es un anhelo— no solo reaccionar, sino instalar temas, sobre todo frente a la cesantía que vive el país. Me gustaría un progresismo capaz de sintetizarse en un par de propuestas, alternativas que le den al país una vía.
-¿Y un progresismo desde quién hasta quién?
Hoy en esa mesa se junta desde la Democracia Cristiana hasta todo el arco del socialismo democrático, el PC y el Frente Amplio. Yo creo que hay que ir más allá: los independientes con representación popular, pero también las organizaciones sociales. ¿Por qué dejarlas fuera? Si hablamos de empleo público, hay que hablar con los trabajadores organizados en la ANEF. ¿Cómo no conversar con los profesores si hablamos de educación? ¿Cómo no conversar con las cuidadoras en los temas que les atañen?
Ese vínculo hay que ir generándolo. Hay temas donde toca posicionarse en la reacción, pero yo tendría una agenda para seguir avanzando en perspectiva y propuesta. Es posible, aunque no tengamos los votos de buenas a primeras.
-El Frente Amplio nació al alero de los movimientos sociales. ¿Hubo un distanciamiento con esas bases con la llegada al gobierno? ¿Lo asume como autocrítica?
Esa autocrítica se hizo en el Congreso, porque necesitábamos un mundo social articulado mientras gobernábamos. A veces se planteó como algo terrible, y la verdad es que organizaciones sociales vivas, con voz y opinión, son más democracia. Tienen una voz propia que no puede ser subsumida ni reemplazada por los partidos ni por un gobierno. Que ambos funcionen hace más fuerte nuestra democracia.
Eso ya lo tenemos en la mirada: primero para la pega como oposición, pero también para un futuro en que queramos volver a ser gobierno. Nosotros queremos volver a ser gobierno, y todos los aprendizajes serán necesarios para ser un mejor gobierno.
-Se ha discutido si este es un gobierno liberal o de ultraderecha. ¿Cuál es su visión, considerando por ejemplo la reforma constitucional de seguridad que le daría más atribuciones al Presidente?
Cuando pienso en este gobierno, en esa reforma y en la tributaria, veo un gobierno que mira al pasado, al pasado de Chile. Más allá de sus vínculos internacionales con gobiernos de ultraderecha, esto Chile ya lo vivió: una reforma tributaria como esta rememora los proyectos que venían desde la dictadura. Y esta reforma constitucional, que entrega poderes extralimitados al Presidente de la República, también lo rememora.
Es un gobierno con propuestas que nos llevan continuamente al pasado, a los años 80. Eso no es futuro ni modernización. No mira para adelante: mira hacia atrás. Lo que debe hacer el progresismo, y la izquierda en particular, es mirar siempre al futuro, con propuestas que se hagan cargo de la cotidianidad y de las necesidades de los chilenos.
-Los temas de seguridad siempre han sido una piedra en el zapato para la izquierda. ¿Cómo se abordan para las izquierdas en contraposición a la reforma constitucional del Gobierno?
Es que esa no es una reforma de seguridad: es una reforma que solo entrega más atribuciones e intromisiones en las libertades personales de la gente. No se hace cargo de la prioridad: perseguir el crimen organizado, poner más inteligencia para ir tras los capitales que financian el narcotráfico, tener más control en las aduanas. Son temas que se hablan, pero el Gobierno no les pone la prioridad que debiera.
Ahí hay en gran parte una agenda que venía del gobierno pasado. Yo ya hice mi análisis autocrítico sobre la seguridad y la visión que teníamos, pero se avanzó con una política de Estado que se siguió implementando. Todo esto se muestra como una agenda de seguridad, cuando no lo es.
-¿Fue un error del gobierno de Gabriel Boric haber promulgado la Ley Naín-Retamal, ahora que varios carabineros han salido libres gracias a esa norma?
Desde el Frente Amplio no estuvimos de acuerdo, lo hicimos ver con nuestro voto y mantenemos esa visión crítica. Ahora, eso no significa que no creamos que hay que fortalecer la labor de Carabineros. Ahí se han conjugado mal ciertas cosas. Fortalecer a Carabineros también es protegerlo: que no existan acusaciones sobre su funcionamiento, que sea respetuoso de los derechos humanos y del manejo de los recursos públicos. Todo eso también es proteger a Carabineros, y en esa mirada se puede avanzar.
-Quizás esa perspectiva puede tener un correlato con la ciudadanía en materia de seguridad...
Totalmente, porque Carabineros es una institución importante para la gente, y lo digo con la experiencia de ser diputada de un distrito popular, donde las juntas de vecinos se relacionan a diario con ellos. Un caso: a los carabineros que se envían a las poblaciones más complicadas se les rota rápido, sin la perdurabilidad para desarrollar un plan de trabajo con la comunidad. En otras comunas esa rotación no ocurre.
También hay una desigualdad en seguridad en Chile: hay comunas más seguras y otras menos, y eso también tiene que ver con las desigualdades socioeconómicas del país. Ese debate me gustaría darlo.
