La acción judicial apunta a los hermanos Fernando y Roberto Kaminetzky por una operación que habría dejado a la sociedad deudora casi sin activos.
Lo que comenzó como una disputa por el arriendo de un local de Pizza Pizza en Vitacura terminó trasladándose desde los tribunales civiles a una querella criminal. Inversiones Inmobiliaria Cerro Grande S.A. acusa a los hermanos Fernando Raúl y Roberto Samuel Kaminetzky Vilensky de haber vaciado patrimonialmente la sociedad que mantenía la deuda y trasladar sus activos a otra empresa
La acusación está contenida en una querella presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, actualmente en trámite, y apunta a una operación societaria realizada en 2021. Según la acción judicial, Pizza Pizza 2x1 SpA habría reducido su patrimonio en 99,68%, mientras una nueva sociedad, Pizza Pizza SpA, recibió los activos y continuó con una actividad prácticamente idéntica.
El conflicto tiene su origen en un inmueble ubicado en Avenida Vitacura 6840. El 30 de agosto de 2017, Inversiones Inmobiliaria Cerro Grande S.A. entregó el local en arriendo a Pizza Pizza 2x1 SpA, mediante un contrato cuyo canon contemplaba un aumento progresivo: partió en 135 UF mensuales y llegaba a 155 UF en 2022. En la parte superior del mismo edificio se encuentran las oficinas de Microsoft en Chile.
Sin embargo, la pandemia cambió las condiciones del contrato. De acuerdo con los antecedentes de la causa, la inmobiliaria aceptó rebajar temporalmente los pagos, llegando a rentas de 73 UF durante los meses más complejos de 2020. No obstante, la relación terminó antes de lo previsto y Pizza Pizza 2x1 abandonó el inmueble en abril de 2022, ocho meses antes del vencimiento del contrato.
Junto al abandono de la propiedad, también quedaron cuotas de arriendo pendientes con la inmobiliaria. La deuda discutida judicialmente alcanzó 1.363,5 UF, lo que convertido al valor actual alcanza los $56 millones. De ese monto, 207 UF correspondían a diferencias acumuladas entre agosto y diciembre de 2020; otras 924 UF a saldos de 77 UF mensuales durante 2021; y 232,5 UF al período de 2022 previo a la desocupación.
La obligación fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago en mayo de 2025. Pero cuando llegó el momento de ejecutar el fallo, la inmobiliaria se encontró con un problema mayor: la sociedad condenada prácticamente no tenía patrimonio contra el cual cobrar. Ahí aparece la operación que hoy constituye el centro de la querella.
El 1 de julio de 2021, mientras todavía estaba vigente el contrato de arriendo, Pizza Pizza 2x1 SpA fue dividida y se constituyó Pizza Pizza SpA. El Diario Oficial registró posteriormente la operación y señaló que la sociedad original continuaba existiendo como continuadora legal, mientras se creaba la nueva sociedad.
Según la querella, el capital de Pizza Pizza 2x1 SpA pasó desde $574.263.614 a apenas $1.789.537. La diferencia —$572.465.007— habría sido transferida a la nueva sociedad. Para la inmobiliaria, no se trató de una reorganización empresarial inocua, sino de una operación destinada a dejar a la sociedad que mantenía obligaciones con sus acreedores prácticamente sin activos.
El punto que deberá determinar la investigación radica en dilucidar si aquella división correspondió a una legítima reorganización societaria o si, como sostiene la parte querellante, fue utilizada para sustraer patrimonio de una sociedad que posteriormente enfrentaría obligaciones exigibles.
La acusación agrega otro elemento: Pizza Pizza SpA habría mantenido el mismo giro, administradores y estructura operacional de la sociedad anterior. La tesis de la querella es que los activos y flujos fueron trasladados, mientras las obligaciones quedaron radicadas en la sociedad que terminó sin bienes suficientes para responder por ellas.
La disputa, por eso, ya no se limita al incumplimiento de un contrato de arrendamiento. La inmobiliaria recurrió al artículo 471 N°2 del Código Penal, relativo al otorgamiento de contrato simulado, y pidió investigar eventuales responsabilidades de las personas involucradas y de las sociedades relacionadas. También invocó la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La investigación deberá establecer si efectivamente existió una maniobra fraudulenta, cuál fue el destino de los recursos transferidos y si hubo intención de perjudicar a los acreedores. Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Según consta en el portal del Poder Judicial, la defensa de la empresa quedó a cargo del defensor público Victor Providel. El Desconcierto, tomó contacto con el abogado para conocer la versión de Pizza Pizza, a lo que respondió que no tiene registros de la causa, puesto que el juzgado lo oficia por defecto pero eso no quiere decir que asuma la defensa, en este caso, de la empresa de comida rápida.
Hasta el cierre de este artículo, la firma no había entregado el poder a otro abogado. Esta redacción envió un mensaje a Pizza Pizza por los canales disponibles pero hasta no hubo respuesta.
El nombre Pizza Pizza no es nuevo en los tribunales. La marca fue lanzada por Fernando Kaminetzky en 2010, después de que terminara su relación como operador de Domino’s Pizza en Chile. En ese momento, La Tercera informó que la nueva cadena comenzó a funcionar en los mismos locales donde anteriormente operaba Domino’s.
Dos años después, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por Ann Arbor Foods y Kaminetzky contra el fallo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de París que había resuelto la disputa con Domino’s International. La sentencia obligó, entre otras cosas, a pagar royalties adeudados y a dejar de utilizar elementos pertenecientes a la franquicia internacional, según consignó en su momento el Diario Financiero.
En 2020 y 2023 la empresa, y sus filiales, fueron demandadas laboralmente por despido indebido y cobro de prestaciones. En aquella ocasión el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago declaró que el despido fue indebido y condenó a la empresa a pagar indemnizaciones por aviso previo, años de servicio, recargo legal del 80%, feriado proporcional y saldo de remuneración. En total, la firma pagó $11 millones.
Ahora el escenario es distinto.Lo que deberá resolver la justicia es si detrás de la división de Pizza Pizza 2x1 SpA existió simplemente una decisión empresarial o una operación diseñada para dejar atrás las deudas mientras el negocio continuaba funcionando bajo otra sociedad.
