La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León y decretó arresto domiciliario total.
Joaquín Lavín Jr. enfrenta a la justicia por fraude al Fisco - Agencia Uno
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba al exdiputado Joaquín Lavín León y resolvió sustituirla por arresto domiciliario total. La decisión dejó sin efecto la resolución dictada días antes por el Séptimo Juzgado de Garantía, que había mantenido al exparlamentario privado de libertad.
La resolución fue adoptada por mayoría de la sala presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera, luego de que la defensa apelara la decisión del tribunal de primera instancia. En el fallo, la Corte consideró que el transcurso del tiempo constituía un antecedente nuevo suficiente para concluir que la prisión preventiva ya no resultaba necesaria.
Con ello, Lavín León quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados y con testigos de la causa.
El exdiputado enfrenta una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades que, según la Fiscalía, habrían significado un perjuicio al Congreso Nacional de al menos $189 millones entre 2015 y 2026.
De acuerdo con la acusación, uno de los mecanismos habría consistido en la rendición de 32 facturas ideológicamente falsas de Imprenta MMG entre 2015 y 2022, por un monto total de $18,8 millones, con el objetivo de pagar deudas de campaña electoral utilizando recursos públicos.
La investigación también apunta al desarrollo de la plataforma digital SocialTazk, creada desde 2017 como una herramienta para gestionar bases de datos electorales. La Fiscalía sostiene que el proyecto fue financiado íntegramente con recursos del Congreso.
Un tercer eje de la acusación corresponde a la contratación de Belén Carrasco Riquelme como asesora parlamentaria entre 2014 y 2022. Según el Ministerio Público, desde 2018 no habría desempeñado funciones, pese a que el Congreso habría desembolsado al menos $39,4 millones por ese concepto.
Asimismo, la acusación incluye un capítulo por presunto tráfico de influencias. En ese punto, la Fiscalía sostiene que Lavín León habría aprovechado su calidad de cónyuge de la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para instalar en cargos directivos del municipio a personas de su confianza.
