La diputada de Acción Humanista y fundadora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, aborda su aparición en los audios de la Operación Imperio Ámsterdam, la falta de un reglamento para el cultivo colectivo de cannabis medicinal y el riesgo de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno.
Ana María Gazmuri / Crédito: El Desconcierto
Ana María Gazmuri / Crédito: El Desconcierto
Ana María Gazmuri / Crédito: El Desconcierto
Ana María Gazmuri / Crédito: El Desconcierto
La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), fundadora de Fundación Daya y una de las principales impulsoras de la regulación del cannabis medicinal en Chile, ha sido mencionada en los audios filtrados en el marco de la Operación Imperio Ámsterdam, la investigación que esta semana derivó en la formalización de decenas de imputados por tráfico de marihuana bajo fachada medicinal.
En conversación con El Desconcierto, la parlamentaria explica por qué su nombre apareció en esas grabaciones, sin haber tenido contacto con los investigados, y profundiza en el vacío regulatorio que ha seguido a la promulgación de la ley 21.575.
- Para partir diputada, porque señalan los involucrados del caso "Imperio Ámsterdam" que usted les tenía "sangre en el ojo", acorde a lo visto en los chats filtrados.
La verdad es que no lo sé. Reitero que no los conozco, nunca he tenido contacto con ellos y, si pensaron en contactarme, no lo hicieron. Creo que es precisamente por lo que se dice ahí: yo tengo una mirada muy estricta. Coincido en que todavía nos faltan regulaciones, que el acceso al uso adulto no está totalmente regulado como debiera ser. Pero más allá de eso, siempre he sostenido que las acciones deben desempeñarse dentro del marco legal vigente y que, si no nos agrada, trabajemos para cambiar la institucionalidad.
- ¿Cómo define usted lo que sí está permitido hoy en materia de cultivo colectivo?
Siempre he sido clara: los cultivos colectivos, es decir, la reunión de derechos personales para cultivar de forma conjunta, son estrictamente sin fines de lucro y para la autoprovisión de sus miembros. Desde 2013 hemos insistido en que, para dar un acceso correcto a los pacientes, se necesitan tres vías: el cultivo personal, el cultivo colectivo —entendido como coordinación de pacientes sin fines de lucro para satisfacer sus necesidades— y el acceso en farmacia. Los socios pagan una cuota para solventar los gastos de la asociación, incluido el costo de la luz, y muchas veces esto permite atender también a casos sociales que no pueden pagar.
- ¿Cuántas personas quedaron sin acceso tras el desmantelamiento del Dispensario Nacional?
Según ha señalado el propio abogado de la Dispensaria Nacional, habría 16.000 personas que quedaron privadas de su acceso, independiente de cómo termine la investigación. No sabemos si todas eran realmente pacientes, pero hay 16.000 usuarios de cannabis que hoy no tienen dónde proveerse. La pregunta es a dónde van a ir ahora: estamos empujando a una población a una situación riesgosa, en la que además el cannabis del mercado ilegal no tiene las condiciones sanitarias que requiere un paciente.
- ¿Existe un reglamento que regule específicamente los cultivos colectivos?
No, la verdad es que no lo hay. Hoy tenemos la ley 20.000, cuyo artículo 8 —modificado— establece con claridad que un paciente puede cultivar con receta y que ese derecho puede ejercerse colectivamente. Pero no existe un reglamento que lo desarrolle, y esa es una deuda de la administración anterior. El 23 de mayo de 2023 se promulgó la ley 21.575, que modificó la ley 20.000 y consagró el uso medicinal. El Ejecutivo tenía 90 días para dictar los reglamentos y protocolos correspondientes, y eso nunca ocurrió. Golpeé la puerta del gobierno anterior hasta el último día, con Macarena Lobos como ministra.
Hace un par de meses presenté un requerimiento ante la Contraloría para que sea ese organismo el que se pronuncie sobre cómo debe darse cumplimiento al espíritu y a la letra de la ley.
- ¿Cuáles son los riesgos concretos de no contar con ese reglamento?
Que quedan espacios grises entregados a la discrecionalidad. Son los propios pacientes quienes añoran certezas jurídicas: no depender de la interpretación que haga un carabinero o un fiscal, sino de reglas claras. El espíritu del legislador —y lo digo con propiedad, porque fui parte de ese proceso— era evitar que los pacientes llegaran a tribunales. Pero hoy, con una denuncia anónima, llega Carabineros o la PDI, el paciente muestra su receta y de todas formas es detenido y sometido a un proceso.
Además, el presidente Gabriel Boric se había comprometido en campaña a regular también el uso adulto, y quedó al debe. Presentamos un proyecto y le pedimos al Ejecutivo que lo patrocinara, pero no hubo voluntad, pese a que estaba en su programa de gobierno.
- Este caso ocurre en un momento muy voluble en cuanto a la seguridad, incluso con una reforma constitucional en esta materia impulsada desde el Gobierno..
No es casualidad que la Operación Imperio Ámsterdam se haya realizado el mismo día que la Operación Cancerbero. A este gobierno le gusta dar señales alarmantes. Lo que están presentando como reforma constitucional de seguridad es, francamente, retroceder casi a una cuasi dictadura. El Ejecutivo pretende un nuevo estado de excepción, que podría ser barrial y durar ocho meses, con interceptación de comunicaciones y restricción de la movilidad. Estamos en un escenario alarmante, en que claramente nos estamos convirtiendo en una democracia iliberal. No son espacios adecuados para avanzar con sensatez.
- ¿Qué pasa con las mujeres encarceladas por delitos de droga?
El 60% de la población penal femenina en Chile está privada de libertad por la ley de drogas. No son las cabezas de los grandes carteles: son mujeres que, por supervivencia, ocupan el último eslabón de la cadena, la microtraficante que al ser detenida es reemplazada a los cinco minutos sin que se toquen las verdaderas cadenas de mando. Muchas son madres, y cuando son encarceladas sus hogares quedan monoparentales. Hay un movimiento transversal para que cumplan sus penas en libertad, con vigilancia intensiva, por el impacto social y el daño que provoca su encarcelamiento.
Destaco algo que dijo otra parlamentaria, Ximena Ossandon, y que a algunos de su sector le molestó: que ella no podía asegurar que, expuesta a las mismas condiciones —con la alimentación de sus hijos en juego—, no hubiera terminado en lo mismo. Es un análisis honesto para mirar la realidad de las mujeres privadas de libertad.
- Se ha instalado la idea de que el CBD es legal y el THC no. ¿De dónde surge esa confusión?
Hoy están registrados tanto el CBD como el THC en Chile, y ambos son legales para el uso medicinal. La confusión viene de otra distinción: la que existe entre cáñamo y cannabis. Cuando una planta tiene menos de 0,2% de THC se considera cáñamo, que es de uso industrial y ni siquiera está autorizado para consumo humano. Sobre ese porcentaje, se considera cannabis. Comunicacionalmente se confundió esa delimitación con la del uso medicinal, como si el CBD fuera lo medicinal y el THC lo recreativo. No es así: ambos cannabinoides son lícitos cuando corresponden a la prescripción del paciente.
Tuve una buena reunión con el Departamento de Comunicaciones de Carabineros para aclarar este punto con los documentos correspondientes, y fueron muy receptivos.
- En la cobertura de este caso se mencionó reiteradamente a usted y a la diputada Marisela Santibáñez, pero mucho menos al senador Manuel José Ossandón, también nombrado en los audios. ¿Le sorprende?
Esto es habitual: a las mujeres se nos apunta con más fuerza. Ossandón dijo algo bastante extraño, que él nunca votó a favor de esto. Pero creo que hubo un aprovechamiento en ciertos medios, que publican nuestras fotos como si tuviéramos alguna relación con estas personas. Cuando uno es figura pública, hay que asumir que está presente en miles de conversaciones de gente que uno no conoce.
- ¿Y sobre el trasfondo del caso?
Puede ser que se demuestre que todo era correspondiente para los16.000 pacientes, y eso hay que esperarlo; no podemos adelantarnos en los juicios. Ha habido un tratamiento como si esto fuera directamente una banda de narcotraficantes, y creo que hay que ser más cuidadosos.
Lo digo porque este martes estuve como testigo en el juicio de Nicolás Bustamante, en Rancagua, acusado de tráfico por cultivar cannabis, un proceso que duró casi tres años y que le costó estar preso en una cárcel de alta seguridad. El tribunal falló a su favor por unanimidad. Y en las noticias, cada vez que hay un allanamiento por cannabis, aunque sea en la casa de una señora con dos plantas, lo titulan "cae casa narco". Después, cuando la persona es sobreseída, esa corrección no tiene el mismo impacto.
En ese sentido, hago un reproche a los medios y a la utilización que se ha hecho de los nombres de parlamentarios que nunca fuimos contactados por estas personas. El sensacionalismo se apodera: si pones el nombre de tres figuras conocidas, aseguras más clics.
- ¿Qué opina de la exposición del caso en programas de farándula?
Ha abierto un espacio distinto. Pero cuando veo a comunicadoras como Francisca García-Huidobro explicando con pertinencia que ella misma es usuaria de THC y CBD con receta médica, creo que, sin proponérselo, esos espacios también educan.
Y en ese sentido, quiero hacer un reconocimiento a la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, reelecta con un 70% de aprobación, que se hizo conocida por su lucha como madre cultivando cannabis para su hija y que fue una líder no solo en Chile, sino en Latinoamérica. El cannabis es una herramienta para aliviar el sufrimiento humano que ha servido a miles de familias chilenas, y es necesario cuidar lo que hemos logrado.
- Antes de despedirnos, hablemos del seminario sobre plásticos que vienen preparando desde la bancada.
La próxima semana tenemos un seminario sobre esta materia, en el que participan Alianza Basura Cero, el Colegio Médico y El Desconcierto. Buscamos generar conciencia sobre el impacto de la industria del plástico, incluso en las telas —un tema bastante invisibilizado en la ropa—.
Cuando nos enteramos de cuántas partículas milimétricas de plástico estamos respirando, es bastante impactante. Es importante seguir insistiendo desde la bancada, porque a veces las contingencias más intensas nos alejan de debatir temas de fondo que impactarán a las futuras generaciones. El encuentro será este martes 25 en el ex Congreso, entre las 10 y la 13 horas.
