A cien años de la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el director del Programa Patagonia Chilena de The Pew Charitable Trusts repasa los avances y deudas pendientes en conservación, turismo y financiamiento estatal de las áreas protegidas de Chile.
Cien años de conservación en Chile se cumplen este 17 de agosto, con la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el parque nacional más antiguo del país que se mantiene vigente desde su origen y el segundo más antiguo de Sudamérica, ubicado en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.
El parque nació en 1926 con un objetivo más turístico que conservacionista, y con familias de colonos y pueblos originarios ya asentadas dentro de sus límites —una convivencia que generó tensiones con la administración estatal que se extienden hasta hoy, entre presión inmobiliaria, la falta de recursos para infraestructura y el avance de especies invasoras como el visón. Cien años después, el debate sobre cómo financiar la conservación sigue en disputa: según un estudio de Fundación Rewilding Chile y McKinsey publicado en julio de 2026, por cada dólar de inversión pública en los parques de la Patagonia retornan seis dólares a la economía local, cifra que se proyecta subir a 8,6 dólares hacia 2030.
En ese contexto, El Desconcierto conversó con Francisco Solís Germani, director del Programa Patagonia Chilena de The Pew Charitable Trusts, quien plantea que la conservación en Chile es una tradición transversal a los colores políticos: en los últimos cinco periodos presidenciales se han creado nuevas áreas protegidas, sin importar el color político del Gobierno de turno. Además, se espera que en los próximos cuatro años Chile pase de un 22% a un 30% de su territorio bajo protección, un desafío para el Ministerio de Medio Ambiente que ahora encabeza Francisca Toledo, bajo el gobierno de José Antonio Kast.
Pese a esa transversalidad, Solís advierte que el financiamiento estatal sigue siendo insuficiente: "lo que el Estado pone en las áreas protegidas no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión", plantea, apuntando a que Chile no puede seguir gestionando sus parques "desde la precariedad".
-¿Cuál es la importancia de este hito de los 100 años de conservación, considerando que Chile tiene cerca de un 22% de su territorio protegido?
Pasa como con los cumpleaños de las personas: es un momento de reflexión sobre lo que se ha hecho y lo que queda por venir. Es similar la metáfora con lo que ocurre con los parques nacionales.
Este momento permite mirar hacia atrás —desde dónde partimos, cuáles son las fortalezas, el trabajo de los funcionarios de parques nacionales, que hacen una labor increíble con muy pocos recursos— y también cómo han jugado las áreas protegidas en la historia de este país. La conservación de áreas protegidas es una tradición republicana de Chile que ha trascendido los colores políticos: no es un invento reciente ni de las organizaciones ambientalistas, lleva 100 años. Es parte de la historia patrimonial de nuestro país.
-¿Qué es lo bueno que se está haciendo en Chile para la conservación de estos espacios naturales, sea desde el Estado, la sociedad civil o las empresas?
Primero, este hito es celebratorio, y si hay algo que celebrar es la transversalidad política: la creación de áreas protegidas no responde a un sector de la sociedad chilena, es transversal.
Segundo, está la labor épica de los guardaparques y de los encargados de áreas protegidas. Muchos de ellos son los únicos representantes del Estado en regiones extremas. Con muy pocos recursos no solo gestionan el área, también deben hacerse cargo de las demandas urgentes de la gente que habita esos territorios.
Además, los parques nacionales son, junto con las plazas y lugares públicos en las ciudades, un espacio muy democrático, al que accede gente de distinto estrato social en las mismas condiciones. Hay una encuesta que dice que el mayor motivo de orgullo nacional es justamente la valoración de nuestro patrimonio natural.
-¿Qué oportunidad económica, a través del turismo, pueden ofrecer los parques nacionales para el desarrollo del país?
El 60% de las personas que vienen a Chile dicen que su principal motivo es nuestro patrimonio natural, y ahí están las áreas protegidas. Los premios que ha recibido la industria del turismo de aventura como destino global responden a eso.
Hay un estudio reciente que dice que el Estado invierte un dólar por área protegida al año, y hay una devolución de 6 dólares —se espera que llegue a 8,6 dólares el año 2030—. Lo que el Estado pone en las áreas protegidas no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión.
Hoy la actividad turística llega a cerca de un 3% del PIB nacional y es una de las actividades basadas en recursos naturales que más empleo genera: cerca de 700.000. Eso no se condice con lo que le estamos poniendo a las áreas protegidas para tener la infraestructura necesaria para recibir a estos turistas.
-¿Qué le falta a Chile para ver en el turismo de espacios naturales una oportunidad real de desarrollo, considerando que otros países tienen un Ministerio de Turismo y nosotros solo una subsecretaría?
Lo básico es cumplir 100 años. Es como cuando uno cumple 30, 40 o 50: llega a esos espacios grandes y se pregunta qué queda para adelante. Lo que hemos tratado de hacer con esta celebración es justamente tener esta discusión y reflexión profunda como país, honrando la épica y lo logrado: ¿cómo nos imaginamos que debieran ser los próximos 100 años para tener un sistema de áreas protegidas de clase mundial?
-¿Y cómo se imaginan esos próximos 100 años? ¿Hay algún referente en el que se estén fijando?
Hay que empezar a mirar a otros lados. El otro día estuvimos con el superintendente del Parque Nacional Lanín, en Argentina, e impresionado sería lo menos que podría decir. Es un área de 412 mil hectáreas, tienen 190 funcionarios y un presupuesto anual de 1.200 millones de pesos argentinos, y pueden gestionar esa área como clase mundial. Al lado nuestro, la situación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, comparada con eso, es de más precariedad. No estoy diciendo que copiemos lo que hace Argentina, pero este es el momento de reflexionar qué están haciendo otros países para sacarle todo el provecho a esa área.
-Volviendo al caso del Vicente Pérez Rosales, ¿qué rol cumple hoy como motor de desarrollo para la región?
Es un tremendo motor de desarrollo regional. Genera una visitación controlada de cerca de 800 mil personas al año. La comuna de Puerto Varas, donde está el parque, concentra el 40% de todo el turismo de la región de Los Lagos. Son verdaderos motores turísticos que no hemos dimensionado en su totalidad, y lo mismo nos pasa con muchas otras áreas protegidas que están generando este movimiento. Pero no hay una inversión del Estado que permita potenciarlo y seguir sacándole provecho al impacto que genera, no solo en el área, sino en términos de productividad y empleo. No hay una inversión acorde al dato del dólar, en relación al 22% del territorio protegido.
-¿Cuáles son los problemas que existen hoy para la conservación en Chile, considerando además las dificultades del parque Vicente Pérez Rosales, como la presión inmobiliaria en Puerto Varas?
Uno de los puntos claves es todo lo que signifique gestión, que es sumamente necesario. Las áreas protegidas necesitan gestión: una cosa es declararlas protegidas en el papel, y otra muy distinta es gestionarlas.
Esa gestión tiene ciertos pilares. Primero, la planificación: que cada área tenga su plan de manejo, que sepamos qué se puede hacer y qué no, cuáles son los objetos de conservación y las amenazas. Segundo, un sistema de monitoreo, para saber qué está pasando con la biodiversidad y con amenazas como el aumento de visones o de incendios. Tercero, capacidad: que haya personal con los recursos necesarios para gestionar el área y mitigar las amenazas. Cuarto, participación: hoy las áreas protegidas ya no son un espacio cerrado, tiene que haber participación de la comunidad, de los gobiernos locales y de los actores de la región. Y finalmente, recursos financieros.
Volvemos siempre al tema de la inversión, sea estatal o con aporte privado. ¿Cómo dejamos de manejar nuestras áreas desde la precariedad? No solo por deseo, sino porque las amenazas aumentan y no podemos darnos el lujo de que se nos quemen los parques.
-Escribiste hace unos meses una columna en la que te referías al SBAP como una oportunidad histórica para un sistema moderno, eficiente y colaborativo. Han pasado varios meses y el traspaso desde CONAF se ha retrasado. ¿Cuál es tu visión sobre este proceso?
Seguimos pensando que esta es una oportunidad única e histórica, y requiere el concurso de un montón de actores. Hace poco, un número de organizaciones que trabajamos en conservación, junto a entidades académicas, firmamos acuerdos de cooperación para acercarnos a esta labor, que no puede descansar solo en una nueva institucionalidad.
Si al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le va bien, le va a ir bien a Chile. Necesitamos ponernos a disposición, más allá de las diferencias de perspectiva que podamos tener, porque se está dando una transición en la que el personal que trae la experiencia desde CONAF está siendo transferido al SBAP.
Si esos elementos se conjugan —que las capacidades y la experiencia se traspasen, y que el SBAP asuma que tiene una responsabilidad clave para el futuro de Chile—, sigue siendo una oportunidad histórica. Si todo esto ocurre fuera del radar de la gente, vamos a perder la oportunidad de poner el foco en que lo que importa son nuestras áreas protegidas. Los 100 años nos dan esa oportunidad.
-Casi se crea un parque nacional por cada gobierno, sin importar el color político. ¿Qué esperan del rol del Ministerio de Medio Ambiente de José Antonio Kast en esta materia, considerando que ahora tendrá una posición más protagónica con el SBAP?
La creación de áreas protegidas es una tradición republicana de cien años, en todo el sentido de la palabra. Ahora los desafíos a los que Chile se ha adherido voluntariamente incluyen el Convenio de Diversidad Biológica, donde el país se propuso llegar al año 2030 con al menos un 30% de su superficie terrestre protegida —la marina ya supera el 40%—. Honrando esa tradición republicana, más los compromisos internacionales, esperamos avanzar del 22% actual al 30% en los próximos cuatro años. Sabemos que es una meta difícil, pero al menos deben darse señales en ese sentido.
