En entrevista con El Desconcierto, el geógrafo y académico Marcelo Lagos analizó las causas de fondo tras los recientes temporales, advirtió sobre el riesgo creciente de incendios y cuestionó los recortes a los fondos de ciencia y humanidades.
Marcelo Lagos / Crédito: El Desconcierto
Marcelo Lagos / Crédito: El Desconcierto
Marcelo Lagos / Crédito: El Desconcierto
Tras el paso de los temporales que afectaron a la zona norte, centro y centro sur del país, El Desconcierto conversó con el geógrafo Marcelo Lagos, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de su Laboratorio de Investigación de Tsunamis.
El especialista en riesgos y desastres socionaturales analizó por qué Chile sigue actuando de forma reactiva frente a las catástrofes y qué falta para avanzar hacia una política real de prevención. También se pronunció sobre las recientes polémicas con el Fondecyt y la situación actual de las ciencias en Chile.
-Chile viene de pasar fuertes temporales, esas lluvias hacen crecer pasto y hierbas que -con las olas de calor que se proyectan con 'El Niño'- se van a secar y convertir en material combustible, y por lo mismo generarán un alto riesgo de incendios. ¿Está preparado el país para enfrentar estos eventos extremos y prevenirlos?
Esa experiencia acumulada de gestionar desastres no se traduce en anticiparse a que el riesgo se materialice. Esto trasciende a un solo gobierno: es una construcción de décadas que atraviesa distintas administraciones, porque somos una sociedad históricamente reactiva. Aprendemos cuando el hecho es recurrente, pero tenemos que golpearnos una y otra vez, como ocurre con los sismos, para que ese aprendizaje se traduzca en fortalezas reales.
Esa mirada prospectiva, esa capacidad de conectar procesos que uno podría anticipar por lógica, no es lo que caracteriza a un sistema como el nuestro, que es mucho más reactivo. Son tan altos los niveles de exposición, hay tanto uso residencial y tanto hábitat formal e informal expuesto a distintos peligros, que gran parte del día a día se destina a gestionar la emergencia y a limpiar la leche ya derramada.
Esa experiencia acumulada de gestionar desastres no se traduce en anticiparse a que el riesgo se materialice. Esto trasciende a un solo gobierno: es una construcción de décadas que atraviesa distintas administraciones, porque somos una sociedad históricamente reactiva. Aprendemos cuando el hecho es recurrente, pero tenemos que golpearnos una y otra vez, como ocurre con los sismos, para que ese aprendizaje se traduzca en fortalezas reales.
-¿Por qué el país reacciona legislativamente y en materia de prevención de forma distinta frente a los terremotos que frente a los incendios, si ambos son eventos recurrentes?
El incendio de los cerros de Viña del Mar en febrero de 2024, con más de 130 víctimas, fue un desastre terrible y localizado, pero no conmovió a todo Chile. El terremoto tiene otra dimensión: que se te mueva el suelo, sentir que la vida se te acaba si el movimiento continúa, tiene un componente territorial gigantesco. La zona de ruptura del terremoto de 2010, por ejemplo, midió 450 kilómetros de largo por 130 de ancho, y sus ondas se propagaron en todas direcciones. Por eso conmovió a un país entero.
Cuando algo te conmueve, te marca. Desde el terremoto de Chillán en 1939, el de 1960, el de 1971 y el de 1985, Chile ha construido una gobernanza sísmica ligada a esa historia de conmociones repetidas. Con los incendios rurales y forestales pasa algo distinto: la estadística de superficie quemada y de víctimas se dispara recién en las últimas décadas, coincidiendo con los registros más altos de temperatura en el mundo.
-¿Qué explica ese aumento de los incendios, más allá del cambio climático?
Se conecta con la emergencia climática, pero también con los altos niveles de informalidad habitacional, expuestos casi siempre a mayores peligros. Y hay un elemento adicional: la investigación de uno de los grandes incendios encontró a personas vinculadas a la Conaf y a Senapred que buscaban generar más horas de trabajo provocando fuego. Eso revela la precariedad laboral del sistema. Si alguien necesita quemar para ganar dinero, es porque el modelo de desarrollo y la lógica de trabajar para sobrevivir detonan ese tipo de situaciones.
-Si la conmoción es lo que empuja a legislar y a generar normativa de prevención, ¿qué falta para lograr ese mismo nivel de sensibilización frente a otros desastres, como los temporales o los tsunamis?
Es lamentable tener que preguntarnos por qué debemos hablar de desastres y no de la felicidad o el buen vivir. En una sociedad reactiva como la nuestra, el golpe tiene que ser muy traumático para generar cambios. El terremoto de 2010 dejó cerca de 525 víctimas, 156 de ellas ahogadas por el tsunami, y 25 desaparecidos. Chile, después del gran tsunami de 1960 —que también cobró 61 vidas en Hawái y 144 en Japón—, debería ser el lugar del mundo que mejor sabe convivir con ese peligro. Sin embargo, 2010 mostró toda la orfandad que existía en la materia.
Entre 1960 y 2010 pasaron cincuenta años sin un aprendizaje real, porque en ese período no hubo tsunamis recurrentes que forzaran una reflexión crítica. Actualmente hay un proyecto en segundo trámite en el Senado sobre administración del borde costero y concesiones marítimas que sigue pendiente.
-¿Chile ha aplicado alguna lección real de esos eventos, como hizo Japón tras el tsunami de 2011?
Japón, sobrepasado por un terremoto de magnitud 9,1 y un tsunami que mató a cerca de 19.000 personas, decidió poco después que nadie puede vivir en zonas costeras donde la columna de agua supere los dos metros. En Chile, los mapas de peligro de tsunami muestran que el uso residencial en las costas está prácticamente en todas partes. En 2015 se inundó el edificio de Teletón en Coquimbo, muy cerca del mar, y hoy la sede de Valparaíso, en el Almendral, está en la misma situación, sin que nadie lo cuestione.
Hasta ahora, Chile ha tenido eventos de gran magnitud sin un impacto proporcional: la erupción del volcán Chaitén en 2008 hizo desaparecer buena parte del pueblo sin dejar víctimas, y el terremoto de Illapel de 2015, de magnitud 8,4, dejó menos de 16 fallecidos. Esa combinación de factores ha evitado que el país sienta la urgencia de dar prioridad legislativa a leyes como la de prevención de incendios forestales y rurales, que también sigue en el Congreso.
-Usted ha dicho que el modelo de desarrollo chileno construye riesgo de desastre. ¿A qué se refiere exactamente?
El poder económico en Chile puede comprar una duna fósil y levantar edificios en altura, o construir infraestructura turística sobre plataformas frente a zonas de alto valor ecológico, todo con los papeles en regla. En este país se puede rellenar un humedal y construir viviendas para un sector de altos ingresos sin entender lo que ese humedal aporta al entorno. El poder económico puede debilitar la gobernanza, hacer deficiente la planificación urbana y dañar ecosistemas frágiles. Y en Chile eso ocurre.
-¿Qué responsabilidad tiene el centralismo en esta falta de prevención?
Más que centralismo, hablaría de intereses políticos. El político está preocupado del voto, y por eso persisten situaciones como la del hospital de Licantén, que se inundó por tercera vez en 2023 y 2024, tras episodios similares en 2012 y en 2008. Ningún gobierno, de la Concertación o de derecha, tuvo la capacidad de trasladarlo a una zona segura. Eso revela que no aprendemos, que no sabemos que no sabemos, y que las lecciones se olvidan a medida que pasa el tiempo y cambian las administraciones.
-¿Cómo se traduce esa lógica en la planificación urbana de Santiago, por ejemplo en la falla de San Ramón?
La falla de San Ramón, en el piedemonte de Santiago, sigue densificándose y nadie parece inquietarse por vivir en su zona de influencia. El día que se active y provoque daños, probablemente nadie será responsable y el Estado deberá encargarse de la reconstrucción. El plan regulador metropolitano de Santiago de 1994 incorporó peligros que ya eran visibles entonces, como las inundaciones o los afloramientos de agua freática, pero no la falla de San Ramón, porque en esa época no se entendía como una amenaza para el principal asentamiento del país. Aunque la ciencia avance, eso no garantiza que la información permee la planificación real.
-¿Existen herramientas legales para exigir que se incorpore el riesgo en la planificación?
La Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 2.1.17, establece que todo instrumento de planificación territorial debe incorporar el riesgo y mitigarlo. Pero en Chile la ley también permite borrarlo en la práctica: basta con instalar señalética de evacuación, hacer simulacros dos veces al año o levantar un bosque de mitigación que no detiene una marejada, para dar por resuelto el problema.
-¿Esas medidas de mitigación llegan por igual a todos los territorios?
No. La priorización depende de la rentabilidad social de cada intervención. Para proteger una quebrada donde viven veinte familias generalmente no se construye un muro de contención, porque el número de beneficiarios se considera insuficiente frente al costo. Ahí entran también consideraciones de justicia territorial.
-¿Cómo lee el actual debate sobre la "permisología" y su impacto en la fiscalización ambiental?
En este gobierno se ha reducido, o se está reduciendo, lo poco que ya existía en materia de fiscalización y prevención para los nuevos proyectos. Eso puede facilitar que se construyan proyectos inmobiliarios o mineros en lugares sin la debida evaluación ambiental. La "permisología" es parte del discurso de la ultraderecha para presentarse contra la delincuencia y la burocracia, pero en la práctica hay procedimientos que garantizan habitar de forma segura y digna, y que no se pueden eliminar de un día para otro.
-Para cerrar, ¿qué opina de los recortes a los fondos de ciencia dirigidos a las humanidades y las artes?
Son fundamentales. Buena parte de la ciencia que se hace en la academia se sostiene gracias a esos fondos, y reducirlos revela miopía e incomprensión del mundo. Los avances no descansan solo en ciencia, tecnología y desarrollo: se necesita un espacio de reflexión que permita avanzar hacia la justicia. El modelo de desarrollo económico chileno, centrado en producir, tiene consecuencias graves en los territorios, y este recorte va en la misma dirección. Creo que debería cambiar a la brevedad, y no dudo que la comunidad académica saldrá a manifestarse.
-¿Y qué le espera a Marcelo Lagos en el futuro próximo?
Llevo casi 30 años como profesor en la Universidad Católica y estoy en un año sabático, un privilegio que pocas personas tienen para poder reflexionar y terminar un libro. Volveré a aparecer públicamente en marzo, salvo que ocurra algo que lo justifique antes.
