Los señores del tecnofeudalismo ya están diseñando su mundo. América Latina y Chile deben decidir si se limitarán a habitarlo o si participarán democráticamente en la construcción de sus reglas
Inteligencia artificial.
Esta semana, desde mi experiencia en humanidades digitales y análisis del discurso, revisé las entrevistas más recientes de tres de los hombres que hoy concentran una parte decisiva del poder tecnológico mundial: Elon Musk en The Economist, Sam Altman en Invest Like the Best y Dario Amodei en Bloomberg.
No las escuché solo como conversaciones sobre inteligencia artificial. Las analicé como discursos de poder. En ellas, tres dirigentes de corporaciones privadas explican cómo imaginan el trabajo, la riqueza, la conciencia y el futuro de la humanidad.
No son iguales. Musk habla de expandir la conciencia más allá de la Tierra y observa la singularidad como un horizonte imposible de predecir. Altman rechaza la idea de un “dios máquina” y reivindica la agencia humana y la creatividad. Amodei muestra una preocupación mayor por los riesgos, la seguridad y la posibilidad de un colapso civilizatorio.
Escucharlos permite conocer a los seres humanos detrás de las máquinas y del software que están cambiando nuestras vidas. Aparecen sus esperanzas, temores y contradicciones. Sin embargo, esa humanización no tranquiliza. Por el contrario, vuelve más urgente una pregunta: ¿en qué manos estamos?
Musk, Altman y Amodei no son autoridades elegidas democráticamente. Desde Estados Unidos dirigen empresas que controlan modelos de IA, redes de comunicación, centros de datos e infraestructuras estratégicas. Sus decisiones pueden modificar el empleo, la educación, la información, la seguridad y hasta nuestra manera de comprender lo humano y lo divino.
Aquí adquiere sentido el concepto de tecnofeudalismo, desarrollado por Cédric Durand y popularizado por Yanis Varoufakis. Describe un orden en el que unas pocas corporaciones controlan los espacios digitales, establecen las condiciones de acceso y extraen rentas de quienes dependen de sus plataformas.
Los nuevos señores no dominan extensiones de tierra. Controlan datos, algoritmos, redes, satélites, chips y modelos. Sus feudos son digitales, pero sus consecuencias son materiales. Millones de personas trabajan, se informan, compran y producen dentro de infraestructuras privadas que no controlan.
Las entrevistas comparten una promesa: la IA podría crear una economía de abundancia. Musk imagina un futuro en que el trabajo sea innecesario; proyecta además una economía marcada por la deflación tecnológica. Su argumento es que, si la inteligencia artificial y los robots producen más bienes y servicios de los que la humanidad puede consumir, los costos disminuirán y el dinero perderá progresivamente su importancia.
Desde esta perspectiva, el problema económico del futuro no sería la inflación, sino la abundancia. Sin embargo, su planteamiento omite una cuestión decisiva: la automatización puede multiplicar la producción, pero no elimina necesariamente la escasez de vivienda, energía, territorio, recursos naturales ni poder político.
Pero existe una pregunta que ninguna promesa tecnológica resuelve: ¿quién será propietario de esa abundancia?
La IA puede aumentar extraordinariamente la productividad, pero no distribuye automáticamente la riqueza. Si los modelos, los datos, los chips, la energía y la infraestructura permanecen concentrados, sus beneficios también se concentrarán.
La cuestión resulta especialmente grave para América Latina. Musk, Altman y Amodei hablan de “la humanidad”, pero nuestra región prácticamente no existe en sus discursos, y Chile menos. No aparecen nuestra desigualdad histórica, la precariedad laboral, la dependencia tecnológica ni las brechas educacionales.
El futuro que describen parece universal, pero está pensado desde Silicon Valley y sus grandes corporaciones. América Latina como siempre lo ha sido bajo el neoliberalismo será para ellos un mercado consumidor más, proveedora de minerales, energía y datos, pero no como sujeto político capaz de participar en la definición del nuevo orden tecnológico.
Esta ausencia debería inquietarnos particularmente en Chile. Mientras en distintas partes del mundo se discute cómo limitar la concentración económica y gravar las grandes fortunas, aquí la extrema derecha política y su gobierno persisten en la falaz idea de que reducir impuestos a quienes más concentran capital estimulará automáticamente el bienestar general.
Es la continuidad de un neoliberalismo que ha convertido el mercado en principio ordenador de la vida social. Durante décadas se privatizaron servicios, recursos naturales, pensiones y derechos. Ahora podríamos estar presenciando una privatización aún más profunda: la privatización del futuro.
La discusión se vuelve todavía más urgente ante el retroceso autoritario que vivimos bajo el Gobierno de Kast. Cuando se relativizan los derechos humanos, la memoria y las libertades, la concentración tecnológica deja de ser solo un problema económico. Se convierte en una amenaza directa para la democracia.
Los señores del tecnofeudalismo ya están diseñando su mundo. América Latina y Chile deben decidir si se limitarán a habitarlo o si participarán democráticamente en la construcción de sus reglas.
