Reconocerse católico en la vida pública exige una responsabilidad mucho mayor, es una obligación ética que va más allá de la participación en actividades religiosas, el uso de determinadas retóricas o la defensa de convicciones morales.
En 1941, San Alberto Hurtado removió al país con una pregunta sencilla, pero al mismo tiempo incómoda para la sociedad de aquel entonces: ¿Es Chile un país católico? No se trataba simplemente de contabilizar bautizados, templos o personas que se reconocían creyentes. Su interrogante apuntaba a algo mucho más profundo: la distancia entre la fe declarada por muchas personas y la realidad social que vivía el país.
Actualmente, Chile ha escogido un presidente que se reconoce católico y expresa con libertad su pertenencia religiosa. Este hecho, al inicio de su mandato, podría hacernos pensar que sus acciones políticas son inspiradas por determinados principios valóricos y morales. En ese sentido, parafraseando con una debida distancia la interpelación de San Alberto Hurtado, surge la duda: ¿es Kast un presidente católico?
Esta inquietud no pretende juzgar su conciencia personal, que debiese estar exenta del escrutinio público, más bien, intenta analizar las decisiones del gobierno que lidera y contrastarlas con la ética cristiana, para observar así su concordancia con la fe promulgada.
La Doctrina Social de la Iglesia ofrece criterios universales para orientar la construcción de una sociedad. Entre ellos se encuentran el respeto a la dignidad de las personas, la opción por los pobres y excluidos, la justicia social, la solidaridad y la búsqueda permanente del bien común.
Desde estos principios, en materia medio ambiental, por ejemplo, es posible observar ciertas tensiones. El Gobierno ha puesto énfasis en acelerar proyectos, agilizar autorizaciones y reducir tiempos para la tramitación de diversas iniciativas con fines de inversión. Sin embargo, la espiritualidad cristiana propone una mirada más integral, que trasciende la dimensión económica. El papa Francisco, en Laudato Si’, insistió que la naturaleza no es un conjunto de recursos disponibles para el crecimiento material. Por el contrario, forma parte de una casa común, cuya protección está íntimamente relacionada con la dignidad humana. Por eso, la crisis ambiental conlleva también un profundo impacto social.
Algo similar ocurre en el plano económico. Las políticas impulsadas por el equipo del ministro Jorge Quiroz han colocado el crecimiento, el ordenamiento fiscal y la recuperación de la actividad entre sus prioridades. Sus objetivos son legítimos, pero desde una perspectiva cristiana resultan insuficientes por sí solos. El magisterio social lleva décadas advirtiendo que la pobreza no puede explicarse únicamente por decisiones individuales: existen estructuras económicas y sociales capaces de reproducir desigualdad y exclusión.
León XIV ha retomado esta tradición en Dilexi Te, reforzando la necesidad de enfrentar las causas estructurales de la pobreza. Desde esta perspectiva, la economía no constituye un fin en sí mismo, sino que debe inspirarse en los principios de la solidaridad, la participación, el bien común y el desarrollo humano integral.
La misma discordia aparece en el mundo del trabajo. El Gobierno ha abierto una discusión sobre posibles modificaciones al sistema, entre ellas, la búsqueda de alternativas al actual régimen de indemnización por años de servicio y una mayor flexibilización de la jornada laboral, que se definiría por cargas de trabajo en periodos específicos. ¿Desde qué criterios se impulsan estas reformas?
San Juan Pablo II sostuvo en la encíclica Laborem Exercens que las y los trabajadores poseen una dignidad inalienable, que no puede estar supeditada al producto de su trabajo. Por eso, cabe preguntarse: ¿Esta modalidad de flexibilidad laboral busca mejorar la vida de quienes trabajan o maximizar la producción? ¿La búsqueda de mayor crecimiento económico responde por sí misma al desarrollo humano integral? ¿Es posible afirmar que en esta lógica las trabajadoras y trabajadores son comprendidos como una variable más en el funcionamiento de la economía?
Precisamente en la inconsistencia de fe y compromiso social surge la incomodidad que inspiró la reclamación de San Alberto Hurtado. Porque reconocerse católico en la vida pública exige una responsabilidad mucho mayor, es una obligación ética que va más allá de la participación en actividades religiosas, el uso de determinadas retóricas o la defensa de convicciones morales.
La fe cristiana implica una forma concreta de construir sociedad y relacionarnos con los demás: poner en el centro la dignidad humana, trabajar siempre por la justicia social y prestar especial atención a quienes viven situaciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad.
La interrogante que San Alberto Hurtado formuló hace más de ochenta años atrás no era estadística. Era una provocación al verdadero significado de declararse católico, por eso, su pregunta vuelve a incomodar. Conservando la misma fuerza y espíritu crítico, cabe cuestionarse entonces: ¿Es Kast un presidente católico?
