El libelo de 189 páginas cuestiona los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, las rebajas a represores de la dictadura.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, continúa en el centro de la contingencia política
Agencia UnoLa oposición presentó una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos de violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
El documento también cuestiona los beneficios otorgados a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad y acusa al secretario de Estado de entregar información inexacta e incompleta ante el Congreso.
El libelo, ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados el jueves 12 de noviembre, tiene 189 páginas y tres capítulos. Sus impulsores invocan la causal de infracción de la Constitución o las leyes y sostienen que Rabat habría vulnerado disposiciones legales, principios constitucionales y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La presentación fue suscrita por diez diputados de oposición y busca establecer la responsabilidad constitucional del ministro por las decisiones administrativas adoptadas desde el Ministerio de Justicia, además de sus explicaciones ante instancias parlamentarias.
El primer capítulo de la acusación se concentra en las 56 rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. La oposición sostiene que estos beneficios contravinieron expresamente la legislación vigente.
En particular, el documento apunta al artículo 17, letra e), de la Ley 19.856, modificado por la Ley 21.421, que excluye de estos beneficios a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra la infancia.
La presentación individualiza 22 decretos mediante los cuales se materializaron las rebajas y sostiene que ninguno fue dictado por orden de un tribunal en las respectivas causas.
Los parlamentarios cuestionan que el ministro haya concedido los beneficios pese a las restricciones legales y plantean que las decisiones desconocieron el interés superior de niños, niñas y adolescentes, principio protegido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430.
Otro de los cuestionamientos apunta a la utilización de resoluciones judiciales favorables a algunos condenados como fundamento para extender el criterio a otros casos. Según el libelo, las sentencias producen efectos en las causas específicas donde fueron dictadas y no constituyen una autorización general para conceder rebajas.
La oposición también acusa al ministro de intervenir en asuntos pendientes ante los tribunales y de incumplir sus obligaciones legales al suspender la tramitación de postulaciones sin resolverlas.
El segundo capítulo aborda las reducciones de condenas concedidas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Según los antecedentes incorporados en la acusación, los tres beneficiados quedaron en libertad tras las decisiones del Ministerio de Justicia.
La oposición sostiene que Rabat aplicó la Ley 19.856 sin realizar una evaluación individual que considerara las obligaciones establecidas en tratados internacionales de derechos humanos.
Entre los aspectos que, según los parlamentarios, debieron examinarse están la colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los hechos, su contribución a la reparación de las víctimas y las consecuencias de su liberación para los familiares.
El libelo también cuestiona la falta de consideración hacia las víctimas de desaparición forzada. Uno de los condenados beneficiados fue sentenciado por el secuestro de cinco personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse.
Otro antecedente expuesto en este capítulo apunta a un cambio de criterio del Ministerio de Justicia. La acusación sostiene que durante 2025 la cartera rechazó rebajas solicitadas por condenados en situaciones relacionadas, mientras que en 2026 Rabat concedió beneficios en casos que, a juicio de los acusadores, requerían un examen jurídico similar.
Los diputados plantean que estas decisiones podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado chileno por el incumplimiento de obligaciones vinculadas con la investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los derechos humanos.
El tercer capítulo apunta a las explicaciones entregadas por el ministro durante sus intervenciones ante el Congreso.
La acusación identifica dos instancias: su participación en la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y su intervención ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el 28 de octubre.
Según los parlamentarios, Rabat sostuvo que el Ministerio de Justicia se limitaba a formalizar las decisiones adoptadas por las comisiones encargadas de las rebajas y atribuyó a la Corte Suprema la obligación de conceder los beneficios.
Los acusadores cuestionan esa explicación y sostienen que el ministro tenía atribuciones para resolver las solicitudes, por lo que no podía atribuir las decisiones exclusivamente a otros organismos.
También reprochan la utilización de un decreto de la administración anterior como antecedente para justificar las rebajas, argumentando que correspondía a una situación distinta de los casos cuestionados.
A partir de estos antecedentes, el libelo plantea una presunta vulneración del principio de probidad, establecido en el artículo 8 de la Constitución, además de los deberes de honestidad, lealtad institucional e información ante el Congreso.
Tras el ingreso del libelo, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, cuestionó la presentación de la oposición y puso en duda sus fundamentos jurídicos.
"Por fin la presentaron, ya llevábamos más de 15 días con esta teleserie política", manifestó el vocero en declaraciones a 24 Horas.
Arenas calificó el documento como "bastante liviano" y sostuvo que, a su juicio, no configura ninguna de las causales necesarias para una acusación constitucional.
