La acción busca trasparentar si la seremi Ximena Pulgar debió abstenerse en la designación de su excompañera de estudio jurídico, hecha sin concurso público.
Diputado Javier Muñoz (DC). Créditos: Agencia UNO.
El diputado Javier Muñoz Riquelme (DC) pidió a la Contraloría General de la República, a la Contraloría Regional del Maule, al Ministerio de Justicia y a la Subsecretaría de Justicia que informen si hubo una falta a la probidad en el nombramiento de Jésica Torres Quintanilla como directora general de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).
Torres asumió el cargo sin concurso público, tras ser aprobada por el Consejo Directivo que preside la seremi de Justicia Metropolitana, Ximena Pulgar Núñez.
De acuerdo con lo publicado por El Desconcierto, ambas compartieron el estudio jurídico Torres y Malisto, donde Torres era socia fundadora y Pulgar, asociada.
La Cámara de Diputados despachó el oficio este jueves 12 de noviembre a la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto.
En el documento, Muñoz pide aclarar "si la SEREMI debió abstenerse de participar en su proceso de designación, o alguna otra falta administrativa". Si bien reconoce que la seremi "afirma que solo tenían un vínculo contractual sin subordinación", el diputado advierte que "eventualmente existirían conflictos de interés que es necesario clarificar".
A esas dudas suma el factor económico. Según el parlamentario, Torres recibiría "una remuneración mensual de alrededor de 7 millones de pesos", además de un bono trimestral cercano a 14 millones. Consultado por este medio, el ministerio no precisó un monto.
El oficio menciona, por último, que Torres habría trabajado en la fundación de la primera dama, María Pía Adriasola. Es un vínculo que comparte con Pulgar, que antes de asumir como seremi el 15 de abril dirigió la Fundación Cuide Chile, creada por Adriasola.
Frente a los cuestionamientos, el Ministerio de Justicia explicó a este medio que Torres formó parte de una terna preseleccionada por la Subsecretaría de Justicia. En el consejo extraordinario del 21 de octubre, fue elegida "por la unanimidad de los consejeros presentes (5 de 6)".
La cartera que encabeza Fernando Rabat también precisó que ambas fueron compañeras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, entre 2020 y 2022 compartieron una "comunidad de techo" con otros abogados, "sin existir entre ellas relación de subordinación o dependencia".
Esa figura, sin embargo, no está exenta de cuestionamientos. En 2016, el Colegio de Abogados advirtió que compartir oficina no impide las inhabilidades por conflicto de interés. Agregó que el arreglo puede ser una forma asociativa cuando los abogados comparten costos, nombre o publicidad.
