Un falso funcionario de la PDI alertó sobre un supuesto fraude bancario. La Corte de Santiago confirmó el fallo contra Scotiabank.
Corte de Apelaciones de Santiago / Poder Judicial
Una llamada de un supuesto funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) dio inicio a un caso de fraude que terminó con 11 operaciones bancarias por más de $21 millones. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que ordenó a Scotiabank devolver el dinero a una empresa afectada.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, los hechos comenzaron el 14 de febrero de 2025, cerca de las 17:00 horas, cuando el representante de la sociedad recibió una llamada de un desconocido que aseguró ser detective de la PDI.
El sujeto le advirtió que sus productos bancarios en BCI, Scotiabank y Banco Falabella estaban siendo utilizados fraudulentamente.
Durante la conversación, el empresario revisó su cuenta de BCI y encontró movimientos que no reconocía. Al día siguiente, el mismo individuo volvió a comunicarse con él y le recomendó acudir a los bancos para bloquear sus productos.
Sin embargo, recién durante la noche del 20 de febrero descubrió que desde la cuenta corriente de su empresa en Scotiabank se habían realizado 11 operaciones no autorizadas por $21.237.770, correspondientes a los días 14 y 17 de ese mes.
El afectado informó lo ocurrido en una sucursal bancaria el 21 de febrero y posteriormente presentó un reclamo mediante correo electrónico el día 27. Las operaciones cuestionadas correspondían a diez transferencias electrónicas y una compra.
El conflicto llegó al Quinto Juzgado de Policía Local de Santiago, que el 20 de abril de 2026 estableció que las transacciones habían sido efectuadas por un tercero desconocido, sin autorización del titular de la cuenta.
El tribunal consideró que Scotiabank incumplió su obligación de proteger los fondos de sus clientes. En su sentencia sostuvo que lo ocurrido “constituye una falla en la prestación del servicio por el que la querellada debe hacerse responsable”.
De esta manera, ordenó al banco restituir los $21.237.770 correspondientes a las operaciones desconocidas.
Scotiabank apeló, pero la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución el 11 de noviembre de 2026.
La decisión contó con el voto en contra del ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, quien consideró que el representante de la empresa había actuado con negligencia grave al facilitar sus credenciales bancarias.
El magistrado estuvo por absolver a Scotiabank y rechazar la demanda. No obstante, prevaleció la decisión mayoritaria, que mantuvo la condena dictada en primera instancia.
