El delegado presidencial de la RM advirtió sobre posibles acciones legales ante bloqueos. Máximo Pavez sostuvo que las causales para invocar la normativa no estaban configuradas.
Paro de camioneros y transportistas cumple cuarto día consecutivo
Agencia UnoLa posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado ante el paro nacional de camioneros abrió un nuevo frente en la respuesta del gobierno a las movilizaciones. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, no descartó recurrir a esta normativa si se cumplen las condiciones legales, mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que sus causales no estaban configuradas al momento de sus declaraciones.
La discusión se produce en medio de las manifestaciones de transportistas por el precio de los combustibles y las restricciones al tránsito registradas en distintas carreteras del país.
Después de una reunión entre autoridades de gobierno y representantes de los gremios de camioneros, Codina señaló que el Ejecutivo mantenía su disposición a dialogar y buscar soluciones para terminar con el paro.
El delegado presidencial reconoció el impacto de la crisis de los combustibles sobre los trabajadores y sectores que dependen de estos productos. También confirmó la continuidad de las conversaciones, con una nueva reunión programada para el jueves 12 de noviembre, a las 15:00 horas.
Consultado directamente por la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, respondió:
La autoridad también llamó a las organizaciones movilizadas a mantener manifestaciones pacíficas y respetar la libre circulación, señalando que las protestas no pueden impedir el desplazamiento de las personas por las autopistas.
La Ley N° 12.927, conocida como Ley de Seguridad del Estado, contempla delitos contra el orden público y la normalidad de las actividades nacionales.
Entre sus disposiciones, el artículo 6, letras c) y d), aborda conductas relacionadas con la interrupción de instalaciones y medios utilizados para el funcionamiento de servicios y actividades de transporte, además de acciones destinadas a impedir el libre acceso a puentes, calles y caminos.
La normativa también contempla, en su artículo 11, paralizaciones o huelgas colectivas en actividades de producción, transporte o comercio realizadas al margen de la ley, cuando provoquen alteraciones del orden público, perturbaciones en servicios o daños a industrias vitales.
Estas disposiciones describen conductas específicas. Por tanto, la existencia de una movilización o de restricciones parciales al tránsito no significa, por sí sola, que se configuren automáticamente los delitos contemplados en la legislación.
En paralelo, el delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, también abordó la posibilidad de recurrir a la normativa si las movilizaciones derivan en bloqueos que impidan el tránsito por las carreteras.
En entrevista con CNN Chile, la autoridad explicó que, hasta ese momento, las manifestaciones en la región habían provocado restricciones y ralentizaciones del tránsito, pero no cortes totales de la Ruta 5 Sur.
Ljubetic cifró en cerca de 60 los camiones apostados en distintos sectores de la Ruta 5 Sur, principalmente en los accesos a Temuco y Padre Las Casas. También señaló que se habían coordinado rutas alternativas junto a Carabineros ante un eventual endurecimiento de las manifestaciones.
Una posición distinta respecto de la aplicación inmediata de la normativa expresó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien abordó el conflicto en una entrevista con Cooperativa.
La autoridad sostuvo que las causales para invocar la Ley de Seguridad del Estado no estaban configuradas en ese momento. En la misma conversación, planteó que existen otras disposiciones legales para abordar eventuales interrupciones del tránsito.
Pavez también descartó una rebaja del precio de los combustibles mediante una ley y defendió la propuesta del Ejecutivo para contener las alzas, en medio de las demandas planteadas por los transportistas.
De esta manera, mientras Codina y Ljubetic dejaron abierta la posibilidad de utilizar las herramientas legales ante eventuales bloqueos, el subsecretario del Interior sostuvo que las condiciones para recurrir a la Ley de Seguridad del Estado todavía no se cumplían.
