La firma de Alejandro Irarrazaval registra obligaciones por $149,1 millones en un certificado de Tesorería. La acción judicial incluyó a otras 132 personas y empresas.
Alejandro Irarrazaval, colaborador del presidente Kast.
Agencia UnoLa Tesorería General de la República (TGR) demandó a Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., empresa vinculada a Alejandro Irarrázaval Alfonso, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda y estrecho colaborador del presidente José Antonio Kast, por el no pago de patentes asociadas a derechos de aprovechamiento de aguas.
La acción judicial fue presentada el 28 de mayo de 2026 ante el 24.º Juzgado Civil de Santiago. La compañía figuró entre los 133 contribuyentes, personas naturales y empresas incluidos en el procedimiento de cobro impulsado por Tesorería.
Irarrázaval es fundador de la agrícola, dedicada a la producción y exportación de uva desde 2006. Aunque desde su entorno señalaron a T13 que dejó las funciones administrativas de la compañía en agosto de 2025, mantiene participación societaria indirecta a través de Inversiones San Juan Limitada, sociedad relacionada con la propiedad de Agrícola Chacabuco Quality Grapes.
Un certificado emitido por la Tesorería el 10 de mayo de 2024 registra obligaciones por $149.100.950 correspondientes a patentes por no utilización de aguas.
El documento considera deudas acumuladas desde 2015, con excepción de los períodos 2016 y 2018. Entre los montos consignados figuran $26.753.098 correspondientes a 2015, $11.499.126 de 2019 y $17.347.068 de 2023.
La situación de la agrícola también aparece en el proceso de cobro de patentes correspondiente a 2026, por un derecho de aprovechamiento inscrito a su nombre.
El 15 de enero de 2026, la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, publicó en el Diario Oficial el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patentes por no utilización de aguas, correspondiente al proceso 2026.
En el documento aparece Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., con un caudal sujeto a pago de 18,74 litros por segundo, equivalente a una patente de 239,87 UTM.
La resolución fue dictada el 30 de diciembre de 2025 y considera derechos cuyas aguas no se encontraban total o parcialmente utilizadas al 31 de agosto de ese año, según los criterios establecidos en el Código de Aguas.
Las patentes constituyen un cobro fiscal aplicable a determinados titulares de derechos de aprovechamiento que no cuentan con obras de captación o restitución suficientes para utilizar el recurso, según corresponda.
Cuando las obligaciones quedan impagas, la Tesorería puede iniciar acciones judiciales para obtener su cobro. El procedimiento contempla el eventual remate público de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Desde el entorno de Alejandro Irarrázaval señalaron que dejó de cumplir funciones administrativas en Agrícola Chacabuco Quality Grapes en agosto de 2025, cuando se conformó una nueva administración. También afirmaron que actualmente no desempeña funciones ejecutivas ni cuenta con facultades para intervenir en la gestión de la compañía.
Respecto de los cobros por derechos de agua, sus cercanos sostuvieron que la empresa ha cuestionado las obligaciones mediante mecanismos administrativos y judiciales contemplados en la legislación vigente.
La participación de Irarrázaval en la estructura empresarial de la agrícola se relaciona con Inversiones San Juan Limitada, sociedad constituida el 29 de julio de 2004 junto a su esposa, Jessica Diethelm Dávila.
Posteriormente, Inversiones San Juan participó en la constitución de Río Colina S.A., el 22 de mayo de 2006, junto a Asesorías Jordán Joannon Limitada, vinculada al empresario Rafael Jordán Marín. El 22 de agosto de ese mismo año se constituyó Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., con la participación de Alejandro Irarrázaval, Rafael Jordán y Río Colina.
La estructura societaria permite establecer el vínculo empresarial entre el jefe de asesores de La Moneda y la compañía demandada por Tesorería, aunque su participación indirecta debe distinguirse de las funciones administrativas que, según su entorno, dejó en agosto de 2025.
Al ser consultada por las obligaciones pendientes y el estado de los procedimientos, la empresa no entregó una respuesta completa. Uno de sus gerentes derivó las consultas a Rafael Jordán, socio histórico de Irarrázaval.
