La Corte de Apelaciones de Valparaíso anuló el arresto nocturno de un padre por deuda de pensión de alimentos y ordenó tramitar su cobro mediante la AFP.
Corte de Apelaciones de Valparaíso / Agencia Uno
Un padre de tres hijos acumuló una deuda por pensión de alimentos que superó los $2,6 millones y enfrentó una orden de arresto nocturno. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió su recurso de amparo y dejó sin efecto las restricciones impuestas por el Juzgado de Familia de San Antonio.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el juzgado de familia el desconcierto
conflicto comenzó con un acuerdo celebrado el 21 de noviembre de 2025, aprobado judicialmente el 10 de diciembre, que estableció una pensión mensual de 14,38 UTM para sus tres hijos.
En septiembre de 2026, la deuda alcanzaba los $2.203.174. Aunque se intentó recuperar el dinero desde sus cuentas bancarias, únicamente pudieron retenerse $137.920.
Ante esta situación, el 25 de septiembre, el Juzgado de Familia de San Antonio ordenó su arresto nocturno durante 15 días, arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir por tres meses.
No obstante, la parte beneficiaria de la pensión había solicitado utilizar los fondos previsionales del padre para cubrir lo adeudado, petición que fue rechazada.
Posteriormente, el propio afectado reconoció la deuda y pidió suspender las medidas, señalando que mantenía aproximadamente $47,4 millones en AFP Hábitat, suficientes para pagarla.
El tribunal rechazó nuevamente la solicitud, argumentando que no existían tres mensualidades completamente impagas y que el padre no podía disponer libremente de sus ahorros previsionales.
La deuda, actualizada al 5 de octubre, ascendía a $2.603.609.
Al revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció que existían tres períodos con deudas pendientes, aunque algunos registraban pagos parciales.
Además, cuestionó que se mantuvieran las restricciones sin analizar adecuadamente una alternativa de cobro solicitada anteriormente por la parte beneficiaria.
En su sentencia, sostuvo que mantener las tres medidas simultáneamente constituía "una restricción desproporcionada de los derechos del amparado".
También recordó que las medidas por incumplimiento de pensiones buscan conseguir el pago efectivo de la obligación, no simplemente castigar al responsable.
Por ello, acogió el recurso de amparo, anuló el arresto nocturno, el arraigo nacional y la suspensión de licencia, y ordenó al Juzgado de Familia de San Antonio tramitar el procedimiento extraordinario de cobro mediante los fondos previsionales.
La resolución contó con la participación de la abogada integrante Verónica Munilla Espinoza, quien concurrió a la decisión, aunque manifestó una diferencia respecto de parte de sus fundamentos.
