En la Región del Biobío, más de 17 mil hectáreas de vegetación perdieron vigor crítico en 10 años, lo que impulsó un acuerdo para proteger bosques nativos.
Biobío sella primer acuerdo público-privado que protegerá bosques nativos: 57% de predios no tiene manejo.
Frente a un escenario donde más de 17 mil hectáreas de vegetación han perdido vigor crítico en la última década y el 57% de los predios involucrados carece de planificación vigente, la Región del Biobío activó una hoja de ruta para rescatar su patrimonio ecológico y proteger su bosque nativo.
A través de una alianza público-privada, el territorio puso en marcha el primer Acuerdo de Producción Limpia (APL) enfocado en poner en valor el potencial de la región, que cuenta con 615 mil hectáreas, mediante producción limpia, turismo y bioeconomía regional.
El pacto fue suscrito por la Agencia de Sustentabilidad y C2ambio Climático (ASCC) de Corfo, autoridades zonales y Plantae Labs —en representación de propietarios y empresas del rubro—, alineándose directamente con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y los compromisos climáticos de Chile (NDC) para gestionar sustentablemente 200 mil hectáreas a nivel país.
En el Biobío, donde existen más de 615 mil hectáreas de bosque nativo y 53 mil de bosque mixto, el diagnóstico sectorial evidencia que las trabas burocráticas, los altos costos y la falta de asesoría técnica han dificultado la gestión predial.
Para revertir estas brechas, el acuerdo exigirá implementar Planes de Manejo bajo Criterios de Ordenación Forestal (PMCOF), amparados en la Ley N.º 20.283.
Sobre la trascendencia de esta articulación territorial, Álvaro González, director regional de Conaf Biobío, destacó que para el organismo “la ordenación forestal representa mucho más que un instrumento técnico de planificación: es una herramienta clave para asegurar el futuro de nuestros bosques nativos frente a los complejos desafíos del cambio climático".
En esa línea, destaca que el acuerdo "demuestra que la producción y la conservación pueden ir de la mano". Este objetivo podrá cumplirse si se gestiona el encadenamiento productivo, además de "fomentar la asociatividad de las comunidades campesinas y promover inversiones que permitan poner en valor los servicios ambientales y productivos, resguardando la sustentabilidad de nuestros bosques nativos”.
Más allá de la normativa, el programa integrará talleres de prevención de incendios forestales y adaptación frente a la crisis climática, acompañados de campañas educativas para fomentar el consumo responsable.
Paralelamente, la iniciativa abrirá nuevas ventanas comerciales basadas en la trazabilidad y el bajo impacto ecológico: desde madera certificada y servicios ecosistémicos hasta turismo de intereses especiales y productos no madereros, como miel, semillas, avellanas y derivados del quillay.
El despliegue contará con el respaldo técnico de una amplia red estatal compuesta por el Ministerio del Medio Ambiente, Conaf, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Indap, Sercotec, Sernatur y el Instituto Forestal (Infor).
