El diputado socialista firmó el libelo contra el ministro de Justicia por las 56 rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los beneficios a represores de la dictadura.
Diputado Juan Santana en el Congreso
Imagen cedidaEl diputado Juan Santana (PS) defendió la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y emplazó a los parlamentarios a respaldar la salida del secretario de Estado por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y crímenes de lesa humanidad.
El parlamentario suscribió el libelo junto a otros nueve diputados de oposición, una presentación de 189 páginas y tres capítulos que busca establecer la responsabilidad constitucional del ministro por las decisiones adoptadas desde su cartera y sus explicaciones ante el Congreso.
El diputado también apuntó directamente a la continuidad del secretario de Estado en el cargo. "Un ministro de Justicia que no cumple la ley no puede seguir un día más", sostuvo.
El primer capítulo del libelo apunta a 56 rebajas de condenas concedidas entre junio y septiembre a personas sentenciadas por delitos de violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
La acusación individualiza 22 decretos mediante los cuales se materializaron estos beneficios y sostiene que las decisiones contravinieron el artículo 17, letra e), de la Ley 19.856, modificado por la Ley 21.421, normativa que excluye determinados delitos sexuales contra la infancia del acceso a estas rebajas.
Los diputados cuestionan que el Ministerio de Justicia haya concedido los beneficios pese a las restricciones legales. También plantean que las resoluciones no consideraron adecuadamente el interés superior de niños, niñas y adolescentes ni los derechos de las víctimas.
El segundo capítulo cuestiona las reducciones de condenas concedidas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Los antecedentes incorporados en la acusación señalan que los tres beneficiados quedaron en libertad tras las decisiones ministeriales.
Los parlamentarios sostienen que el ministro no realizó una evaluación individual suficiente, considerando aspectos como la colaboración con la justicia, el reconocimiento de los crímenes, la reparación a las víctimas y las consecuencias de las liberaciones para sus familiares.
Uno de los antecedentes expuestos apunta a un condenado por el secuestro de cinco personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse.
El tercer capítulo apunta a las explicaciones entregadas por Rabat durante sus intervenciones parlamentarias, particularmente ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el 28 de octubre.
Los acusadores sostienen que el ministro entregó información inexacta e incompleta sobre las atribuciones de su cartera en la concesión de las rebajas de condenas. A partir de estos antecedentes, plantean una eventual infracción al principio de probidad.
En ese contexto, Santana insistió en la responsabilidad política de los integrantes de la Cámara frente a la votación del libelo.
