Juan Santana (PS), quien junto a Luis Cuello presentó la denuncia que dio origen a la investigación por prevaricación administrativa, emplazó al Presidente a sacar hoy mismo a Fernando Rabat, recordando que la Cámara ya pidió su renuncia y que la oposición avanza con la acusación constitucional.
El diputado Juan Santana (PS) emplazó a José Antonio Kast a remover inmediatamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmara que el secretario de Estado tiene calidad de imputado en una investigación por presunta prevaricación administrativa.
La investigación se originó en una denuncia presentada por Santana junto al diputado Luis Cuello (PC) contra Rabat y el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva. La acción cuestiona la concesión de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, mediante decretos dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
Los parlamentarios sostienen que estas decisiones vulneraron las restricciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 19.856, modificado por la Ley 21.421, de 2022.
El lunes 2 de noviembre, Valencia confirmó la condición procesal del titular de Justicia y explicó que “esa persona formalmente tiene la calidad de imputado, tenga o no tenga mérito esa imputación".
La denuncia fue derivada a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde se desarrolla la investigación. Esta condición procesal no significa que Rabat haya sido formalizado ni que exista una resolución judicial sobre su responsabilidad.
Santana cuestionó la continuidad del ministro en el gabinete y afirmó:
"No tengo memoria en la historia reciente de nuestro país que un ministro de Justicia se encuentre en condición de imputado (…) Rabat se la ganó y se la ganó con creces".
El diputado recordó que la Cámara de Diputadas y Diputados ya solicitó al Presidente la salida del titular de Justicia. El 28 de octubre, la corporación aprobó la resolución N° 283, por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, que pidió la renuncia de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. La solicitud no obliga al Ejecutivo.
Dos días después, Silva fue removido de su cargo, mientras el ministro continuó en funciones.
A las presiones parlamentarias se suma la acusación constitucional que prepara la oposición. Santana explicó que el principal cuestionamiento apunta a la aplicación de la reforma legal aprobada en 2022, que estableció restricciones a los beneficios de reducción de condena para personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, Cuello sostuvo que el delito de prevaricación administrativa puede cometerse tanto con dolo como por negligencia. "No es necesario que haya sido intencional lo que hizo el ministro", afirmó. El diputado también cuestionó que Rabat haya intervenido en decisiones que, según su interpretación, debían ajustarse a las restricciones legales.
El ministro ha defendido la legalidad de los decretos y señalado que colaborará con la investigación. Al ser consultado por su condición de imputado, afirmó: "Lo relevante es lo que se resuelva en definitiva".
Rabat también ha fundamentado su posición en el artículo 10 de la Ley 19.856, que establece las competencias de la comisión encargada de evaluar el comportamiento de las personas condenadas. Según el secretario de Estado, "el único órgano competente para calificar aquella materia es la comisión".
Sin embargo, el artículo 17 de la misma legislación establece restricciones para acceder a estos beneficios en determinados casos, entre ellos condenas por delitos sexuales especificados en la norma contra víctimas menores de edad. La disposición fue modificada en 2022 y posteriormente tuvo otra modificación legal en diciembre de ese año.
Desde La Moneda, el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, manifestó el respaldo del Ejecutivo a Rabat. El 28 de octubre afirmó que el ministro cuenta con la confianza del presidente Kast y sostuvo que no ha cometido actos ilegales ni inconstitucionales.
