La Contraloría analizará la declaración de intereses del ministro Martín Arrau por una presunta omisión de derechos de agua vinculados a su familia política.
A la izquierda: el diputado Juan Santana (PS). A la derecha: el ministro de Seguridad, Martín Arrau. El parlamentario acude a Contraloría ante posible conflicto de interés del secretario de Estado. Créditos: Agencia Uno.
A raíz del reportaje publicado por El Desconcierto, que reveló derechos de agua del ministro de Seguridad, Martín Arrau, asociados a su familia y posibles conflictos de interés omitidos en su declaración, el diputado Juan Santana (PS) ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República (CGR) con el fin de ahondar y trasparentar los hechos.
El organismo fiscalizador deberá analizar la declaración de intereses y patrimonio del secretario de Estado y determinar si corresponde exigir su rectificación.
La acción del parlamentario apunta a que el ente fiscalizador verifique el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación sobre probidad y transparencia, luego de advertir una eventual omisión de antecedentes que, a su juicio, podrían configurar posibles conflictos de interés.
En ese contexto, Santana sostuvo que el secretario de Estado no habría incorporado en su declaración los derechos de aprovechamiento de aguas vinculados a la familia de su cónyuge, Luz María Izquierdo Irarrázaval, así como su relación con diversas sociedades agrícolas cuya actividad depende de ese recurso.
"Arrau declaró su empresa agrícola, pero no los derechos de agua que la DGA le entregó a esa misma empresa, con un servicio que dependía de su propio ministerio. Que un ministro de Kast deje sus conflictos de interés fuera de la declaración ya se hizo costumbre. Vamos de nuevo a Contraloría", dijo a través de X.
El centro de la polémica es el millonario patrimonio hídrico que comparten el ministro y su familia política. Mientras Arrau lideraba el Ministerio de Obras Públicas, tanto su empresa agrícola como sus parientes tramitaban valiosos derechos de agua en zonas beneficiadas por el millonario proyecto estatal del Embalse Nueva La Punilla.
La gravedad del caso radica en las omisiones y maniobras de la autoridad. Arrau ocultó estos vínculos en su declaración de intereses y, a pesar de anunciar que se restaría del proyecto del embalse, los registros de 2026 demuestran que su empresa siguió gestionando el perfeccionamiento de sus derechos de agua ante el propio Estado.
Finalmente, la investigación expone que la influencia de Arrau sigue vigente en la institucionalidad hídrica. Aunque el ministro dejó la cartera de Obras Públicas, parte de su equipo de confianza y antiguos socios gremiales permanecen hoy en puestos estratégicos de la Dirección de Obras Hidráulicas.
