El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa pidió a la Contraloría General de la República (CGR) revisar la Declaración de Intereses y Patrimonio del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, por su participación en tres sociedades vinculadas al rubro de los combustibles.
La solicitud se suma a una investigación de El Desconcierto que reveló que una de esas firmas, la Sociedad de Inversiones El Alba, recibió $100,6 millones de organismos públicos de Chiloé entre 2013 y 2024. Además, llega en medio de la discusión del proyecto para contener las alzas de los combustibles, que la Cámara despachó al Senado el 16 de noviembre con 125 votos a favor y tres en contra.
Precisamente, Bassa enmarcó su presentación “en el contexto de las negociaciones del gobierno para enfrentar el alza de los combustibles”, en las que Alvarado ha encabezado el diálogo con los camioneros. La semana pasada, el biministro anunció el congelamiento de las alzas hasta febrero de 2027 para destrabar el paro del transporte de carga.
Las tres sociedades del ministro Alvarado
El requerimiento identifica tres empresas. La primera es la Sociedad de Inversiones Alvarado y Cía. Ltda., en la que el ministro tiene el 95%. Sin embargo, en su declaración figura una sociedad con ese porcentaje bajo el nombre Sociedad Inversiones Castro Ltda., y no fue posible establecer si se trata de la misma entidad.
Las otras dos son El Alba, dedicada a la distribución de combustibles, y la Sociedad de Inversiones Oelckers Ltda., que opera una estación de servicio. En ambas, Alvarado posee el 50%. Aunque el ministro declaró que Oelckers está inactiva hace diez años, el requerimiento sostiene que aún mantiene vigentes actividades de venta de combustibles.
Por eso, el diputado pidió a la CGR “verificar la información declarada”, revisar la situación tributaria de Oelckers y determinar si corresponde aplicar medidas conforme a la Ley 20.880 sobre probidad y conflictos de interés. También solicitó evaluar si basta con que Víctor Almonacid Navarro administre El Alba desde el 13 de febrero de 2026 o si corresponde exigir un mandato especial o la venta de las participaciones.
“Me parece importante que estas materias sean esclarecidas por el organismo competente”, señaló Bassa. Con todo, la presentación no implica que exista una infracción, ya que será la Contraloría la que deba pronunciarse.
Lo que reveló la investigación de El Desconcierto
Tras revisar todas las órdenes de compra disponibles en Mercado Público, El Desconcierto constató que la mayoría de los contratos de El Alba se concentra en Quellón, en particular con el Hospital de Quellón. A ello se suman $35,7 millones por bonificación de empleadores en zonas extremas.
La investigación también detectó que, en una compra ágil de julio de 2024, la empresa cotizó $1.079 y recibió el pago de la oferta más alta, de $1,8 millones. Ante esos antecedentes, el hospital anunció una investigación interna.
El vínculo ya había generado cuestionamientos en marzo, cuando diputados del Frente Amplio acusaron un eventual conflicto de interés durante la tramitación de la ley de emergencia por los combustibles. En esa ocasión, Alvarado respondió en la Cámara: “Tengo el legítimo derecho a tener actividades comerciales”.