El acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI para incorporar inteligencia artificial en el Estado chileno sumó sus primeros cuestionamientos políticos.
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El senador cuestionó el acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI y anunció oficios a Contraloría para exigir transparencia y aclarar sus alcances.
El acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI para incorporar inteligencia artificial en el Estado chileno sumó sus primeros cuestionamientos políticos.
El senador del Frente Amplio Diego Ibáñez anunció que oficiará a la cartera y a la Contraloría General de la República para solicitar información sobre el alcance del memorándum suscrito por la ministra Ximena Lincolao y el CEO de la compañía, Sam Altman.
A través de una publicación en X, el parlamentario planteó la necesidad de conocer la totalidad de los compromisos establecidos en el documento y pidió aclarar las condiciones bajo las cuales se concretó la colaboración con la empresa estadounidense.
Entre las interrogantes planteadas por Ibáñez está el mecanismo utilizado para concretar el acuerdo con OpenAI. "¿Por qué no fue una licitación?", preguntó, junto con manifestar inquietudes sobre las eventuales implicancias de la colaboración para la privacidad de las personas.
"¿En qué compromete los datos personales de las y los chilenos?", agregó el senador, quien advirtió sobre los riesgos asociados al uso de tecnologías de inteligencia artificial por parte de organismos públicos.
El parlamentario sostuvo que la modernización del Estado es necesaria, pero cuestionó que ese proceso pueda desarrollarse sin garantías suficientes para proteger la información de la ciudadanía.
Ibáñez cerró su cuestionamiento poniendo el foco en la soberanía de los datos públicos. "Cuidar la soberanía de nuestros datos públicos también es más seguridad", señaló.
La exsubsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Carolina Gainza también criticó el memorándum con OpenAI. En una publicación en Instagram, sostuvo que el entendimiento podría afectar la soberanía tecnológica y la protección de la información personal y cuestionó la orientación de la política del gobierno en materia de inteligencia artificial.
Gainza vinculó sus reparos con dos antecedentes. Primero, cuestionó las declaraciones de la ministra Ximena Lincolao sobre la necesidad de impulsar la innovación en inteligencia artificial y sostuvo que esa perspectiva dejaría en segundo plano los riesgos y la protección de derechos contemplados en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso.
En segundo lugar, apuntó a la Ley 21.719 de protección de datos personales, cuya entrada en vigencia está prevista originalmente para el 1 de diciembre de 2026. Gainza cuestionó que el Ejecutivo ingresara en septiembre un proyecto para aplazar su aplicación y sostuvo que esa decisión debilita las garantías para resguardar la información de las personas.
La iniciativa del gobierno proponía inicialmente trasladar la entrada en vigencia al 1 de diciembre de 2027. Sin embargo, el Senado aprobó el 28 de octubre una modificación para fijar como nueva fecha el 15 de octubre de 2027. Al 17 de noviembre, el proyecto seguía en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados: tras pasar por la Comisión de Constitución, debía ser revisado por la Comisión de Hacienda y figuraba en la tabla de la Sala para este martes.
La exautoridad vinculó ambos antecedentes con su crítica al memorándum y afirmó que el gobierno estaría facilitando el acceso de una empresa extranjera a información del país. "La colonización se viste con otras ropas y opera a través de la extracción de nuestros datos. Y el gobierno los entrega en bandeja", escribió.
El memorándum de entendimiento fue firmado el lunes 16 de noviembre en San Francisco, Estados Unidos, por Lincolao y Altman. La iniciativa, denominada "OpenAI para Chile", forma parte del programa internacional OpenAI for Countries y busca promover la adopción segura y responsable de inteligencia artificial en el sector público.
El documento, según La Tercera, contempla tres ámbitos de colaboración: modernización de procesos administrativos, uso seguro y responsable de inteligencia artificial y desarrollo de capacidades mediante capacitación de funcionarios públicos. También considera explorar mecanismos de apoyo a startups chilenas dedicadas a la innovación tecnológica.
Entre las medidas previstas figura la creación de un Comité de Trabajo Conjunto entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI, que sesionará mensualmente durante su etapa inicial para establecer prioridades y revisar los posibles casos de uso.
La cartera ha señalado que la coordinación inicial no tendrá costo para el Estado. Sin embargo, las instituciones públicas que posteriormente decidan desarrollar proyectos específicos deberán asumir los gastos correspondientes.
En materia de seguridad, los lineamientos anunciados contemplan el cumplimiento de la legislación vigente, la protección de datos personales y la supervisión humana. La definición de controles y evaluaciones deberá realizarse antes de implementar o ampliar cada caso de uso.