Mientras Fuerza del Norte y Centro-Sur firmaron el acuerdo, dirigentes de Temuco, Rengo y No+TAG acusan que no los representan y mantienen la movilización en regiones.
Ministro del Interior, Claudio Alvarado, quién se tuvo que hacer cargo de la negociación con los camioneros.
Agencia UnoTras dos días de negociaciones en La Moneda, el gobierno anunció el jueves 12 de noviembre un acuerdo para poner fin al paro de camioneros, pero el pacto dejó un gremio fracturado: las confederaciones Fuerza del Norte y Centro-Sur lo firmaron, y la CNTC y la CNDC también anunciaron acuerdos con el Ejecutivo, mientras dirigentes regionales y agrupaciones independientes lo desconocen y siguen movilizados.
La salida llegó después que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, tomara el control de las tratativas. La conducción inicial estuvo a cargo del subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, pero la magnitud de la movilización, que partió el martes 10, llevó a Alvarado a asumirla directamente tras dos jornadas marcadas por la dispersión de vocerías del Ejecutivo, entre ellas la del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien calificó el paro de "deplorable" y "antipatriótico".
El ministro abrió una ronda de reuniones separadas con las organizaciones de transportistas. El miércoles 11 se reunió cerca de tres horas con Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Camioneros Centro-Sur, quien calificó el encuentro como "un primer inicio bastante auspicioso", y esa tarde con Cristián Sandoval, de Fuerza del Norte. El jueves recibió a Sergio Pérez, de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), y a Juan Araya, de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), que se habían mantenido fuera del paro.
El pacto, anunciado por Alvarado junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contempla revertir las alzas de $42 por litro en el diésel y $39 en las gasolinas, y una rebaja adicional de $100 por litro al diésel, es decir, $142 en total. Los precios quedan congelados hasta el 31 de marzo de 2027.
Además, sube la devolución del impuesto específico al diésel para el transporte de carga, que va entre 50% y 90% según el tamaño de la empresa, y la recuperación de peajes para buses interurbanos pasa de 35% a 70%. Quiroz estimó el costo fiscal en unos US$500 millones. La medida requiere un proyecto de ley, que Alvarado espera ver aprobado el próximo martes.
El congelamiento final es más largo que el anunciado antes. El miércoles por la noche, Alvarado había informado un congelamiento solo hasta febrero, cuando el Gobierno ofrecía 90 días y Fuerza del Norte pedía 120. El plazo se extendió en la negociación del jueves.
Pese al anuncio, varias organizaciones rechazaron el acuerdo. Yuri Sobarzo, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones Cautín-Temuco, afirmó que "nosotros no nos vamos a mover, porque las bases así lo dijeron" y cuestionó que Sandoval apareciera "firmando un documento que no estaba autorizado a firmar". En tanto, Camilo Jiménez, de Rengo, calificó de "dinosaurios de siempre" a los dirigentes que firmaron y Camioneros independientes de Antofagasta, en el sector La Negra, anunciaron movilización indefinida.
La Asociación Gremial de Buses Interurbanos también rechazó el pacto. Su secretario, Juan González, dijo que no tuvieron representantes en La Moneda y que no llegaron las autoridades que esperaban. En Biobío, el dirigente Alberto Dinamarca criticó la firma sin consulta a las bases, aunque su grupo decidió retirarse.
El movimiento No+TAG, encabezado por Andrés Alarcón, condicionó el fin de su protesta a que la rebaja de $100 se extienda a las gasolinas. Además denunció falta de equidad por las reuniones paralelas que el gobierno sostuvo en La Moneda con Pérez y Araya, y rechazó dialogar con el delegado metropolitano Germán Codina.
La tensión también se sintió entre quienes firmaron. Sandoval reconoció que Fuerza del Norte estuvo cerca de rechazar el acuerdo: "Estuvimos a punto de irnos para la casa con un rotundo no", dijo, aunque valoró el rol de Alvarado para destrabar la negociación. Martínez, por su parte, advirtió que temas como las tarifas de los fletes siguen pendientes.
Unas tratativas que se dieron con un gremio que está organizado en cuatro confederaciones que representan a múltiples agrupaciones con realidades económicas y demandas distintas. Precio del diésel, impuesto específico, tarifas de flete y peajes son las principales demandas, cada una en función de realidades materiales distinta.
En ese contexto, Araya y Pérez han actuado coordinadamente este año y mantienen una relación fluida con Alvarado, buscaron contener las presiones para sumarse al paro. El primeo de ellos había calificado la paralización de "una muerte anunciada" y advertido que es "muy fácil partir con un paro", pero difícil saber cómo terminarlo.
Con el acuerdo firmado por las principales agrupaciones, el Gobierno cambió el tono hacia quienes siguen movilizados. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, advirtió este viernes 13 que "la ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público", y sostuvo que "el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras". A pesar de esto aún hay bloqueos en puntos de la Ruta 68.
Antes, el delegado Germán Codina no descartó aplicar la Ley de Seguridad del Estado, y el vocero Gonzalo Arenas expresó confianza en que las bases aceptarían el pacto y advirtió que podría recurrirse a esa ley si los bloqueos se volvían permanentes. En Biobío, Carabineros ya comenzó a despejar rutas, y en Valparaíso y Coquimbo los transportistas empezaron a retirarse la noche del jueves.
La negociación se dio en un rubro en el que Alvarado tiene intereses.
Según reveló El Desconcierto, la Sociedad de Inversiones El Alba, que constituyó en 2005 junto a Víctor Almonacid cuando era diputado por Chiloé, vende combustibles en Quellón y recibió $100,6 millones de organismos públicos de Chiloé entre 2013 y 2024.
En marzo, durante la tramitación de la ley de emergencia por el alza de los combustibles, parlamentarios del Frente Amplio, entre ellos la diputada Gael Yeomans, acusaron un eventual conflicto de interés, y el ministro respondió que tiene "el legítimo derecho a tener actividades comerciales".
Alvarado afirmó que dejó la administración de la firma, que quedó a cargo de Almonacid, pero el Diario Oficial no registra una cesión de derechos.
