martes 17 de noviembre de 2026
Nacional

Carabineros y Ejército lideran lista: Contraloría detecta 315 funcionarios públicos con condenas vigentes

La Contraloría General de la República instruyó la apertura de sumarios tras constatar la permanencia de 315 funcionarios con condenas vigentes.

17 de noviembre de 2026 - 19:06

Un total de 315 trabajadores del sector público mantienen sentencias vigentes por crímenes o simples delitos, pese a que la legislación prohíbe su permanencia en puestos estatales. Así lo expuso el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29 publicado por la Contraloría General de la República (CGR).

El reporte contabilizó 317 fallos judiciales tras verificar que dos empleados acumulan más de una resolución condenatoria en su contra.

A nivel general, la auditoría estableció que 166 de los implicados desempeñan labores en la administración central, mientras que los 149 restantes pertenecen a reparticiones municipales o gobiernos locales. Respecto a la tipificación penal de los registros detectados, 73 corresponden a crímenes y 244 a simples delitos.

Los organismos e instituciones con más funcionarios condenados por crímenes o delitos

El desglose institucional muestra que las fuerzas policiales y castrenses encabezan la nómina de organismos con mayor presencia de personal sancionado:

  • Carabineros de Chile: 84 funcionarios.

  • Ejército de Chile: 22 funcionarios.

  • Armada de Chile: 8 funcionarios.

  • Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios.

  • Fuerza Aérea de Chile (FACh): 5 funcionarios.

  • Municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt: 4 funcionarios cada una.

  • Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios.

Cruce de datos e instrucción de sumarios

Para dar con estas irregularidades, el organismo contralor revisó los registros del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), el Servicio Electoral (SERVEL) y el Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI).

Con estos antecedentes sobre la mesa, la entidad fiscalizadora instruyó a las instituciones aludidas abrir las indagatorias necesarias para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

El foco apunta a determinar si existió omisión al no notificar los fallos a las respectivas jefaturas y por no activar los protocolos de inhabilidad sobreviniente, causal que impide continuar ejerciendo funciones tras un hecho ocurrido con posterioridad al ingreso al aparato fiscal, vulnerando el artículo 54 letra c) de la Ley N°18.575.

Finalmente, los servicios involucrados tendrán que reportar si estos antecedentes penales fueron debidamente considerados y sopesados durante las evaluaciones de desempeño del personal, bajo los estándares exigidos de probidad funcionaria y comportamiento social.

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