Justicia había establecido en febrero cómo revisar estos beneficios y ordenado considerar especialmente la edad de las víctimas. La directriz además llegó a la nueva administración durante las reuniones previas al cambio de mando.
En febrero de 2026, a semanas del cambio de mando, el Ministerio de Justicia instruyó a sus Seremis negar las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores. El ministro Fernando Rabat recibió ese criterio por escrito al asumir el cargo. Aun así, desde junio su cartera concedió al menos 56 rebajas a agresores sexuales de menores . Así se desprende de un ordinario y una minuta de la administración anterior a los que tuvo acceso El Desconcierto.
En el oficio de principios de año, el exministro Jaime Gajardo planteó a las Secretarías Regionales Ministeriales sobre cómo proceder en el otorgamiento de beneficios de ese año.
El ordinario recuerda que en 2022 se modificó el artículo 17 de la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas. Desde entonces, una de las causales de exclusión del beneficio es estar cumpliendo condena por delitos sexuales contra menores de edad.
“En relación a la causal del artículo 17 letra E), la Ley N°21.421 publicada el 09 de febrero de 2022, establece que aquellas personas que han cometido delitos sexuales cuya víctima sea menor de edad quedaran excluidas del beneficio de reducción de condena”, se lee en el documento.
El escrito agrega que “al revisar la sentencia se deberá tener especial consideración de los hechos que motivaron la acusación, la audiencia de determinación de penas y de la condena, con la finalidad de analizar la edad de la víctima”.
En el mismo ordinario, el exministro advirtió a las Seremis analizar “acuciosamente” toda la documentación que envía Gendarmería. Entre esos antecedentes está el informe consolidado, que debe incluir la fecha de inicio y término de la condena, el detalle de cada pena, el delito y la fecha en que se cometió.
Este punto es clave: demuestra que, al otorgar los beneficios, el Ministerio de Justicia tenía el desglose completo de cada caso.
Y esa revisión levantó alertas. Según reveló Interferencia, la Seremi de Justicia del Biobío advirtió por escrito, el 24 y el 26 de junio de 2026, que dos solicitudes de rebaja podían estar prohibidas por la ley de 2022. Aun así, Rabat firmó ambos decretos en julio.
La misma directriz llegó a manos del propio Rabat en la única reunión de traspaso que alcanzó a realizarse en Justicia, antes de que la Oficina del Presidente Electo (OPE) suspendiera los encuentros con el gobierno saliente por el caso del cable chino.
El Desconcierto tuvo a la vista la minuta “Beneficio de reducción de condenas”, en la que la administración anterior detalló su postura ante estos casos. El documento afirma que la modificación de 2022 dejó a las personas condenadas por abuso sexual de menores sin derecho al beneficio de reducción de condena.
También señala que, tras la entrada en vigencia de la norma, el Ministerio de Justicia rechazó sistemáticamente conceder el beneficio a condenados por ese delito.
La cartera se basaba en dos argumentos. Primero, que la reducción de condena es un beneficio y no un derecho: una mera expectativa sujeta a las exigencias legales vigentes. Segundo, que la Ley 21.421 es una norma de ejecución de penas de carácter administrativo y por tanto rige in actum, es decir, se aplica de inmediato a todas las situaciones, sin quedar sujeta al principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable.
Sin ir más lejos, Rabat aplicó ese criterio durante sus primeros meses. Según publicó el mismo medio citado, entre marzo y mayo de 2026 el ministerio firmó al menos cinco decretos que rechazaban rebajas de condena a agresores sexuales de menores. Dos llevan la firma de Rabat y tres la del subsecretario Luis Silva. El cambio llegó el 16 de junio: desde esa fecha, los decretos sostienen que el ministerio está “jurídicamente impedido” de rechazar el beneficio.
Este miércoles, el ministro de Justicia entregó a la Comisión de Constitución del Senado un oficio y las carpetas con los decretos firmados por la cartera. Son 308 decretos de rebaja de condena a agresores sexuales de menores dictados desde 2022: 46 en 2022, 54 en 2023, 66 en 2024, 76 en 2025 y 66 en lo que va de 2026.
La gran mayoría no fue decisión del ministerio: 291 decretos (95%) se dictaron por orden judicial, y solo 17 (5%) por vía administrativa.
Pero toda la documentación llegó con carácter reservado. El secretario de la comisión, Ignacio Vásquez, explicó que hay “imposibilidad de hacerlo público” por la ley sobre protección de la vida privada y el artículo 19 N°4 de la Constitución. Por eso, dijo, el documento “no lo podemos copiar y debe quedar en custodia en secretaría”.
Los senadores criticaron la reserva y reclamaron que el oficio no responde todo lo que pidieron: solo aborda delitos sexuales, aunque también se solicitaron los casos de violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico.
“Se tomaron 15 días, presidente, para hacer 4 páginas”, reclamó la senadora Paula Vodanovic (PS). Además, recordó que lo solicitado era la nómina completa de beneficiados entre el 11 de marzo y el 26 de octubre. Incluso el senador republicano Arturo Squella sostuvo que en el documento “no hay datos sensibles” y pidió citar al ministro a la comisión.
La decisión del presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en su cargo llevó a la oposición a recurrir a una de sus últimas herramientas para removerlo: la acusación constitucional.
El libelo todavía no se presenta, pero en la oposición aseguran que está en su etapa final y ya tiene tres capítulos. La semana pasada, durante su gira por Italia, el mandatario desafió a los partidos que impulsan la acción: “La han anunciado todos los días (...) que la presenten y la voten”.
