Chile enfrenta un desafío cada vez más relevante para su desarrollo productivo y ambiental: qué hacer con los residuos peligrosos que generan sus actividades económicas y cómo garantizar que reciban un tratamiento seguro, eficiente y ambientalmente responsable. La minería, la manufactura, el transporte y la generación de energía, entre otros sectores, usan materiales y equipos que, al terminar su vida útil, requieren procesos especializados de recolección, transporte, tratamiento y valorización. Entre ellos están las baterías de plomo-ácido, presentes en vehículos, maquinaria industrial y sistemas de respaldo energético.
A diferencia de un monopolio, donde existe un vendedor dominante, un monopsonio se produce cuando un comprador concentra una parte decisiva de la demanda de un mercado. Aplicado al reciclaje de baterías de plomo-ácido, el riesgo sería que las empresas que generan estos residuos quedaran obligadas a negociar con uno o muy pocos operadores nacionales, sin posibilidad real de acceder a compradores o plantas de tratamiento en el extranjero.
Según las cifras expuestas en el debate, en el país se generan entre 40 mil y 44 mil toneladas de baterías usadas al año. Por las economías de escala propias de esta industria, ese volumen solo podría sostener un número reducido de plantas de reciclaje.
Hoy, la única empresa que recicla este tipo de baterías en Chile es Recimat. En un mercado de estas dimensiones, la entrada de nuevos competidores depende de factores como la inversión inicial, los volúmenes disponibles y las condiciones comerciales. Por ello, restringir el acceso a compradores internacionales podría eliminar una fuente importante de competencia, sobre todo cuando instalar nuevas plantas en el país enfrenta barreras económicas significativas.
La preocupación por la concentración no es nueva. Durante la tramitación se han mencionado antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre las condiciones de competencia en el mercado del reciclaje de baterías de plomo. De hecho, en la sesión del miércoles 4 de noviembre se acordó invitar al organismo a exponer sus aprensiones en la próxima sesión.
Durante el debate en el Senado, los parlamentarios Sergio Gahona y Rafael Prohens también manifestaron su inquietud por la rigidez del proyecto y por el riesgo de depender de una capacidad de procesamiento demasiado concentrada. El problema de fondo es si una restricción ambiental puede terminar creando condiciones comerciales que perjudiquen a los generadores de residuos y, eventualmente, al desarrollo de una industria de reciclaje más competitiva.
Restricciones que ponen en riesgo la protección ambiental
La controversia no se limita a lo económico. También hay cuestionamientos sobre las consecuencias ambientales que podría tener una prohibición demasiado estricta de exportar residuos peligrosos.
El 7 de octubre, el profesor de Derecho de la Universidad del Desarrollo Martín Aylwin advirtió sobre este punto ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara: “El proyecto de ley actual dice que, si yo quiero enviar a otro país, no tengo que tener capacidad, pero además tiene que utilizarse como residuo reciclable en ese otro país. ¿Qué pasa si no se puede reciclar ese residuo? Nos tenemos que quedar con el residuo acá. Entonces, lo que de alguna manera pretende cuidar el proyecto, que es tratar los residuos bien acá en Chile, podría [tener un efecto] contraproducente, porque otro país podría tratarlo mejor. Y nosotros, que no tenemos la capacidad de tratarlo, lo vamos a tener que, espero no hacerlo, enterrar en el desierto”.
La observación expone una contradicción que ha atravesado buena parte del debate: una regulación más restrictiva no garantiza necesariamente un mejor resultado ambiental. Chile tiene capacidades industriales para procesar distintos tipos de residuos, pero eso no significa que cuente con la tecnología, la infraestructura y la capacidad instalada suficientes para todas las categorías de materiales peligrosos que genera su economía.
Algunos procesos de valorización requieren instalaciones altamente especializadas, grandes inversiones y volúmenes de operación que no siempre justifican levantar una planta en cada país. En ese contexto, recurrir a instalaciones extranjeras puede ser una alternativa ambientalmente adecuada, siempre que existan trazabilidad, fiscalización y cumplimiento de los estándares exigidos.
Una letra que puede cambiar las reglas del reciclaje
Una de las controversias más relevantes del proyecto se concentra en una diferencia aparentemente menor: el uso de la conjunción “y” o de la “o” en las condiciones que permiten autorizar la exportación de residuos peligrosos.
Aunque parece una discusión gramatical, sus consecuencias regulatorias y económicas pueden ser significativas. Una redacción copulativa, con “y”, exige que ciertas condiciones se cumplan simultáneamente para permitir una exportación. Una fórmula disyuntiva, con “o”, permite que esas condiciones funcionen como alternativas, lo que da mayor flexibilidad para evaluar cada caso.
Durante la tramitación, el Ministerio del Medio Ambiente ha defendido una redacción más flexible y coherente con el Convenio de Basilea, el acuerdo internacional que regula los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos.
Desde esta perspectiva, que exista capacidad técnica en Chile no debería impedir necesariamente una exportación cuando concurran otras circunstancias que la justifiquen.
El presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Nicolás Fernández, ha advertido que exigir condiciones conjuntas podría bloquear legalmente la salida de residuos, incluso cuando el país no tiene capacidad suficiente para tratarlos.
“El Convenio de Basilea permite que nosotros como país podamos tomar decisiones más estrictas. La pregunta es por qué queremos tomar una decisión que, en teoría, es más estricta, pero en la práctica puede generar ciertas complicaciones que van en contra del propio Convenio de Basilea, como es un manejo ambientalmente racional de los residuos. No porque se traten en Chile necesariamente se van a tratar mejor. Recuerden: no existe capacidad instalada para todos los residuos que se generan en Chile”, sostuvo Fernández.
La defensa del tratamiento nacional
Quienes respaldan una regulación más restrictiva sostienen que Chile debe hacerse más responsable de los residuos que genera. Desde esta mirada, permitir ampliamente su exportación podría debilitar los incentivos para desarrollar infraestructura nacional de tratamiento y perpetuar la dependencia de instalaciones extranjeras.
También argumentan que privilegiar el procesamiento dentro del país facilita la fiscalización y reduce el riesgo de trasladar los impactos ambientales a otros territorios.
Una de las voces que ha defendido esta posición es el exsenador Juan Pablo Letelier, quien, en representación de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medioambiente (AEPA), ha sostenido que las condiciones para autorizar exportaciones deben ser copulativas y no alternativas.
“El sentido de Basilea es que no haya movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, y lo que ha querido el senador Velásquez (autor del proyecto) es simplemente llevar el convenio a la legislación nacional para asegurar que nadie tenga la tentación de exportar residuos peligrosos teniendo nuestra capacidad”, ha argumentado el exparlamentario.
Detrás de esta postura hay una preocupación legítima: evitar que la posibilidad de exportar se convierta en una forma de eludir responsabilidades ambientales o de desincentivar las inversiones que Chile necesita en infraestructura de reciclaje. Los críticos del proyecto, sin embargo, plantean que ese objetivo debe compatibilizarse con las condiciones reales del mercado y con las capacidades tecnológicas disponibles.
La discrepancia no está tanto en la conveniencia de desarrollar una industria nacional más robusta, sino en los instrumentos para conseguirlo.
Mientras unos plantean que restringir la exportación puede incentivar nuevas inversiones, otros advierten que cerrar el mercado internacional no garantiza la llegada de nuevos operadores y podría, por el contrario, consolidar la posición de quienes ya tienen plantas en funcionamiento.
La pregunta que deberá resolver el Congreso no es simplemente si Chile debe reciclar sus residuos dentro del país o permitir su exportación, sino cómo construir una regulación que asegure el mejor tratamiento posible, promueva una industria competitiva y evite que, en nombre de la protección ambiental, se terminen generando nuevos problemas para el medioambiente y la economía.
