La Comisión Europea propuso un marco común para evaluar la sostenibilidad de los centros de datos que operan en la Unión Europea. La iniciativa contempla una etiqueta que clasificará estas instalaciones de la A a la G según su consumo de energía y agua. Funcionará de forma similar al distintivo que ya incluyen los electrodomésticos para informar sobre su eficiencia.
La medida se enmarca en la carrera por el dominio de la inteligencia artificial. Para competir en ese terreno, el bloque necesita ampliar su capacidad de computación y, con ella, su red de centros de datos. Bruselas se fijó como meta triplicar esa capacidad en los próximos cinco a siete años, un crecimiento que aumentará la demanda de electricidad y de recursos hídricos.
El punto de partida es la transparencia
En esa línea, la Agencia Internacional de la Energía estima que los centros de datos representarán el 3% de la demanda energética de la UE en 2030. Según cifras de la propia Comisión, estas instalaciones consumieron cerca de 68 teravatios hora en 2024 y podrían llegar a 114 teravatios hora a fines de la década.
Frente a ese escenario, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, advirtió en un comunicado que "triplicar la capacidad de nuestros centros de datos no puede suponer triplicar la presión sobre nuestras redes eléctricas, nuestros recursos hídricos y nuestras facturas energéticas".
Triplicar la capacidad de nuestros centros de datos no puede suponer triplicar la presión sobre nuestras redes eléctricas, nuestros recursos hídricos y nuestras facturas energéticas Triplicar la capacidad de nuestros centros de datos no puede suponer triplicar la presión sobre nuestras redes eléctricas, nuestros recursos hídricos y nuestras facturas energéticas
A su juicio, "el punto de partida es la transparencia: clasificar los grandes centros de datos en función de su impacto en el sistema energético".
¿Qué centros de datos deberán contar con la etiqueta europea?
La propuesta se apoya en la directiva de eficiencia energética y será obligatoria solo para las instalaciones individuales con una capacidad superior a 500 kilovatios. Las de menor tamaño, en tanto, podrán adherirse de forma voluntaria. El Ejecutivo comunitario ya evaluaba el consumo de estos equipos, pero ahora busca perfeccionar esa medición, aumentar la transparencia y, en último término, impulsar su sostenibilidad.
Para ello, la etiqueta considerará tres categorías: eficiencia en el uso de energía, eficiencia en el uso del agua y utilización de fuentes de bajas emisiones. A esto se suma la reutilización del calor residual. De acuerdo con Bruselas, aprovechar cerca de la mitad del calor residual de los centros de datos europeos equivaldría a la demanda total de calefacción de cuatro millones de hogares.
Asimismo, el distintivo informará la procedencia de la energía consumida. De esta manera, permitirá identificar si un centro de datos contribuye a generar nueva energía limpia mediante acuerdos con centrales renovables o nucleares con menos de 10 años de funcionamiento.
La Comisión lo planteó así: "Para limitar este impacto, es fundamental que los centros de datos sean altamente eficientes en el consumo de energía y agua, y que estén integrados de manera sostenible en el sistema energético".
En la misma línea, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, sostuvo que "para garantizar que la transformación digital beneficie realmente a nuestra sociedad, debemos abordar la creciente demanda energética de los centros de datos".
Próximas limitaciones de consumo
La etiqueta, sin embargo, no establece topes de consumo. El Ejecutivo comunitario recién presentará en 2027 una legislación que imponga estándares máximos de consumo. Mientras tanto, abrió una consulta pública cuyos resultados servirán para diseñar esos estándares.
Bruselas formuló la propuesta mediante un acto delegado. Durante los próximos dos meses, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos de los Veintisiete, podrán evaluarla y presentar objeciones. Si no lo hacen, la norma entrará en vigor y las primeras etiquetas de sostenibilidad estarán disponibles el próximo año.