La modificación elevó a 1.000 toneladas el umbral para esta causal de ingreso al SEIA. Siete proyectos tramitan consultas de pertinencia en distintas comunas.
Mientras las grandes empresas tecnológicas multiplican sus inversiones para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial (IA), en distintas partes del mundo la construcción de centros de datos o data centers continúa en aumento y no existen señales de que la industria vaya a frenar su expansión.
En un ensayo, el director de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que el desarrollo de la IA no estaba en duda. Sin embargo, sostuvo que los peligros asociados son “graves” y que es necesario dar tiempo a las empresas y gobiernos para abordarlos. Ante esto, Trump y el presidente de China, Xi Jinping, rechazaron poner freno al progreso de esta tecnología.
Y es que lo cierto es que en diversas partes del mundo el mercado asociado al desarrollo de la inteligencia artificial no parece tener intenciones de frenar. Parte importante de esto son las millonarias inversiones que las empresas están realizando en la construcción de data centers o centros de datos.
Chile no es la excepción. Santiago —particularmente la periferia de las comunas de la zona norte de la Región Metropolitana— se ha convertido en un terreno apetecible para instalar estas estructuras. De hecho, Chile cuenta con inversiones comprometidas avaluadas en US$7.500 millones.
Sin embargo, mientras el país busca posicionarse como un hub tecnológico y atraer nuevas inversiones, una modificación a la normativa ambiental cambió uno de los parámetros que podían determinar el ingreso de este tipo de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El cambio resulta especialmente relevante para los data centers, debido a que estas infraestructuras utilizan grandes cantidades de petróleo diésel como respaldo ante eventuales cortes de suministro eléctrico.
Un cambio importante, materializado durante 2025, fue la modificación de ciertos parámetros que determinan cuándo un proyecto debe ingresar obligatoriamente al SEIA.
Entre ellos se encuentra el umbral asociado al almacenamiento de sustancias inflamables. La modificación elevó de 80.000 kilogramos a 1.000 toneladas —1.000.000 de kilogramos— la capacidad de almacenamiento considerada para efectos de esta causal.
Lo anterior es de relevancia para el caso de los data centers, dado que estas infraestructuras requieren sistemas de respaldo para mantener funcionando sus operaciones ante cortes de suministro eléctrico.
Con el nuevo umbral, proyectos que almacenan cientos de toneladas de diésel pueden quedar bajo el límite establecido para esta causal de ingreso al SEIA. En estos casos, las empresas pueden recurrir a una consulta de pertinencia, procedimiento mediante el cual solicitan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que determine si una determinada iniciativa debe ingresar obligatoriamente al sistema.
A diferencia de los proyectos que ingresan al SEIA, una consulta de pertinencia no supone una evaluación ambiental integral del proyecto ni activa las mismas instancias de participación ciudadana.
Aunque para las empresas este mecanismo puede representar una mayor agilización del proceso, la consulta analiza las características de la iniciativa presentada y las causales de ingreso que podrían resultar aplicables. Por ello, el análisis no necesariamente aborda de manera integral los efectos que podría generar la expansión de una industria cuando existen distintos proyectos desarrollándose en un mismo territorio.
Un ejemplo de esto se puede observar en el uso de energía. Un data center puede ser analizado respecto de sus características particulares, pero el procedimiento no necesariamente permite observar de manera conjunta la demanda energética que significará la instalación de múltiples centros de datos en una misma zona y las obras de infraestructura eléctrica asociadas a ellos.
El Desconcierto revisó las solicitudes de pertinencia vinculadas a siete proyectos de data centers, incluyendo el caso de Google, que buscan determinar si deben ingresar al SEIA.
De ellos, cuatro consignan cifras de almacenamiento levemente menores al nuevo límite permitido: Data Center La Pólvora, en Valparaíso, con 990 toneladas; Alto Jahuel Campus Sur en Buin consigna “menos de 1.000” toneladas pero sin precisión; y Centro de Almacenamiento de Datos Puente Alto, con 756 toneladas.
El pasado 17 de septiembre se ingresó la iniciativa más reciente. Se trata del Data Center Polpaico Campus Norte que busca instalarse en la comuna de Tiltil. En su solicitud la empresa GR Culle SpA declara el proyecto no alcanza los umbrales de impacto, no obstante, y al igual que Alto Jahuel, no especifica la cantidad exacta de almacenamiento de combustible y solo señalan que será “menor a 1.000 toneladas”.
Aunque se trata de una modificación de su RCA y no de un proyecto nuevo, ODATA San Bernardo registró 731 toneladas de diésel, y Google Cerrillos 695,5 toneladas.
Por otra parte, según los antecedentes expuestos en la solicitud de pertinencia, Scala busca ampliar el centro de datos ubicado en Huechuraba, pero no registró la cantidad exacta de combustible que almacenaría.
El caso de Google tiene además una historia previa. El proyecto que la empresa pretendía instalar en Cerrillos ingresó al SEIA en 2019, un año después, en 2020, se le otorgó una RCA favorable. Sin embargo, debido a que su sistema de enfriamiento contemplaba una utilización importante de agua, las comunidades llevaron la decisión hasta el Segundo Tribunal Ambiental en 2024.
La justicia ambiental acogió el recurso de manera parcial pero Google desistió del proyecto y anunció que corregirían el método de enfriamiento. Finalmente, este año se concretó la arremetida de la empresa.
El Desconcierto contactó a Google y otras empresas para conversar acerca de sus proyectos, pero no hubo respuesta a nuestras solicitudes.
Inicialmente, uno de los principales flancos que enfrentaban las empresas de data centers era la utilización de agua para enfriar sus operaciones, precisamente en comunas que contaban con escasez hídrica.
Sin embargo, actualmente gran parte de las firmas han incorporado sistemas de enfriamiento denominados “chillers”, los cuales permiten inyectar una determinada cantidad de agua al inicio de las operaciones y utilizarla de manera cíclica.
Con el auge de estos sistemas, la discusión se trasladó a la cantidad de energía que requieren para funcionar y cómo pueden influir en la sobrecarga de las líneas de transmisión. El problema, por lo tanto, no se limita a cuánto consume individualmente cada data center, sino a qué ocurre cuando estas instalaciones comienzan a concentrarse en determinados territorios.
En la medida en que aumenta el número de proyectos, también aumenta la necesidad de infraestructura asociada para abastecerlos.
Esto genera una segunda dimensión del problema: un data center puede ser analizado como una instalación individual, pero su presencia en un territorio también depende de una red de infraestructura que puede incluir nuevas conexiones, líneas y subestaciones eléctricas.
Con iniciativas como el Plan Nacional de Data Centers, política impulsada por la administración anterior cuyo objetivo es atraer inversión y posicionar a Chile como un hub tecnológico, los centros de datos han copado parte importante de las comunas de la zona norte de la Región Metropolitana.
Este es uno de los puntos más llamativos respecto al fenómeno, pero que tiene una serie de razones.
En primer lugar, la ubicación de los data centers está condicionada por la normativa de uso de suelo y la calificación industrial del proyecto. La normativa contempla este tipo de estructuras bajo distintas denominaciones, entre ellas “infraestructura energética” e “infraestructura molesta”.
Lo anterior ha desembocado en que estas estructuras solo puedan ubicarse en determinados terrenos, los cuales, en su gran mayoría, se encuentran en la periferia de la región.
En 2025, Lorena Tapia, directora ejecutiva de la consultora GPS Property, señaló que los planes reguladores “no estaban alineados” con las necesidades de la industria.
Ante la inversión de empresas del sector, los terrenos, principalmente en la zona norte de Santiago, han comenzado a saturarse, lo que ha reducido las alternativas disponibles para las firmas que buscan instalar nuevas infraestructuras.
Hoy en día, para levantar estas estructuras es necesario verificar que el suelo tenga una zonificación compatible con la infraestructura requerida y coordinar desde el inicio el proyecto con la Dirección de Obras Municipales.
En caso de que el proyecto se emplace en zonas rurales o agrícolas, es necesario tramitar un cambio en el uso de suelo ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El proceso puede incluir estudios ambientales, técnicos y arqueológicos.
La concentración territorial también está relacionada con la conectividad que requieren estas instalaciones. Expertos han señalado que uno de los factores detrás de la concentración de data centers en la Región Metropolitana son las dificultades de conectividad que enfrentarían si se posicionaran en otras zonas del país, debido a que no cuentan con los canales de transmisión necesarios para sostener este tipo de infraestructura.
Así, la expansión de los data centers no solo plantea una discusión respecto de los edificios que albergan servidores, sino también sobre el territorio que ocupan y la infraestructura que necesitan para funcionar.
El Desconcierto tomó contacto con la persona encargada de tratar lo relativo a data centers durante la administración de Boric, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
