La falta de alegatos en causas de condenados, las dudas sobre el avance del Plan de Búsqueda y los recursos para 2027 inquietan a organizaciones en los primeros seis meses de Kast en La Moneda.
A 53 años de la dictadura militar en Chile, por primera vez, sucede algo inédito: desde el regreso a la democracia nunca antes el país había tenido un presidente que respaldara el golpe de Estado. En esa misma línea, José Antonio Kast cumplió con lo anunciado y no realizó ningún acto conmemorativo por el 11 de septiembre.
De hecho, el mandatario pasará el hito en la región de Los Ríos y, previamente, señaló que en el palacio presidencial se realizaría la misa habitual de los viernes, la cual si "alguien busca intencionar" no habrá problemas.
Por su parte, como todos los años, desde la oposición preparan una serie de hitos conmemorativos, pero en la antesala emplazaron al presidente Kast a que se pronunciara en defensa de los derechos humanos y que condene las violaciones a éstos en el marco de la dictadura.
"Esto no es un tema de la izquierda. Me gustaría escuchar en algún momento al gobierno pronunciarse acerca de la defensa y promoción de los derechos humanos. Esto lo señala nuestra Constitución", sostuvo la senadora Paulina Vodanovic (PS).
Una de las incógnitas al momento del arribo del presidente Kast a La Moneda era saber cuál sería su postura respecto a la promoción de los Derechos Humanos y reparación de los mismos.
A finales de marzo, el gobierno de Kast mediante el Ministerio de Justicia tomó la decisión de remover tres jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) que venían de la administración anterior. La razón fue que se trataba de cargos de confianza.
Esa decisión, comentan algunas de las organizaciones entrevistadas para este artículo, también afectó en los resultados del Plan debido a que es como "comenzar de cero", ya que esos funcionarios y las familias establecieron confianzas y formas de trabajar.
Una de las personas removidas en marzo fue la abogada, y ex coordinadora del área de Búsqueda y Trayectorias del Plan, Magdalena Garcés. Hace meses que la profesional levantó la alerta de una preocupante situación al interior del ministerio.
Las causas por violación a los derechos humanos cuentan con los abogados particulares de las familias, las defensas de los condenados y los profesionales jurídicos del ministerio. No obstante, según denunció Garcés, los funcionarios públicos —desde esta administración— habrían recibido la instrucción de no alegar en ciertas causas donde los condenados piden reducción de penas o modificación de su cumplimiento, lo que a su juicio, estaría causando un "indulto pasivo".
Los casos van desde Raúl Iturriaga Neumann —condenado a 530 años— hasta casos de menos reconocimiento. De hecho, según relató a este medio, uno de los últimos casos fue de un condenado en Santa Bárbara que pidió prisión domiciliaria y se le concedió sin el alegato de ningún abogado ministerial.
"Nadie sabe si efectivamente alguien realizó los exámenes, se revisaron los antecedentes médicos o si los mismos eran de la suficiente envergadura como para dar eso porque se vio sin alegatoria", comenta Magdalena Garcés.
Asimismo, agrega que al ser una causa anonimizada en el Poder Judicial no se sabe cuáles fueron las circunstancias, ahí comenta, entra la segunda arista del problema: la transparencia.
La profesional afirma que cuando se le ha solicitado al ministerio, mediante transparencia, la cartera entrega "explicaciones generales y no dan información porque dicen que eso lo van a revisar caso a caso, pero no han puesto en conocimiento de los familiares, no se ha informado, ni se ha dado a conocer al comité de seguimiento y participación cuál es el criterio para establecerlo caso a caso".
Según antecedentes puestos a disposición de este medio por parte de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, a julio de 2026 se registran 15 casos donde la Subsecretaría de Derechos Humanos no alegó la causa, no apeló o desistió del recurso. La misma entidad afirma que de los 11 recursos de amparo presentados por la defensa de los condenados, el Programa de Derechos Humanos solo intervino en dos ocasiones.
Entre los casos en que el Programa no intervino fueron los de los condenados José Cruz Llorente (ex CNI), Ricardo Yáñez Mora y Waldo Ojeda Torrent —condenados por participar en la Caravana de la Muerte), Raúl Francisco Areyte Valdenegro —condenado por caso Paine—, Gabriel Muñoz Marín, Jorge Manríquez Manterola —condenados por caso Conferencias 1 y 2—, Horacio Márquez Olivares y Ricardo Arturo Morales Gallardo.
Por otra parte, según el catastro del mismo colectivo, se le otorgó libertad a César Manríquez Bravo —condenado por Operación Colombo—, Héctor Osses Yáñez, Luis Alberto Palacios Torres —caso Mulchén—. En cuanto a los condenados que se le concedió acumulación de penas están Viviana Ugarte Sandoval y Walter Klug Rivera.
La situación no es ajena para las organizaciones. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, comentó que han sostenido reuniones con el subsecretario de Derechos Humanos donde se le manifestó la preocupación por estos casos y lo "grave que sería que el gobierno avanzara con indultos respecto a criminales de lesa humanidad como a casos del estallido social".
"En general, el subsecretario nos dijo que las políticas del programa derechos humanos se van a mantener, que no está pensado de ninguna forma terminar con ese programa ni con el financiamiento de los sitios de memoria ni del plan nacional de búsqueda, pero vemos señales contradictorias en general en el gobierno en esta materia y, por lo tanto, creemos que corresponde estar muy vigilantes respecto de lo que pueda ir ocurriendo", relató Bustos.
El principal escenario de esos lineamientos se define en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyas acciones, según distintas organizaciones, aún generan incertidumbre a seis meses del comienzo de sus labores, tanto por su "lentitud" y por el presupuesto que se le asignará para 2027.
Como cada año, el gobierno debe enviar el proyecto de Ley de Presupuestos correspondiente al año siguiente. Para 2027 la iniciativa debe ser presentada por el Ejecutivo el 30 de septiembre para que esta comience su discusión en el Congreso.
Aquello es una de las principales preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos y sitios de memorias, ya que una de las premisas de la actual administración ha sido recortar recursos en distintos ministerios para alcanzar un equilibrio fiscal.
Una primera señal de esto fue cuando en marzo de este año, el gobierno de Kast dio marcha atrás para expropiar Colonia Dignidad, iniciativa impulsada por el ex presidente Boric, y que pretendía convertir el lugar en un sitio de memoria. El argumento, en ese entonces, fueron razones presupuestarias.
Para Mariana Zegers, miembro del directorio de Villa Grimaldi, la situación de los sitios de memorias es complicada debido a que no cuentan con un financiamiento estable y solo dependen de fondos concursables o de la "voluntad del gobierno de turno" manifestada en la glosa presupuestaria.
En la misma línea, advierte que ante un recorte presupuestario, Villa Grimaldi corre el riesgo de cerrar sus puertas. "Es muy difícil decirlo así, porque obviamente hay voluntad de muchas personas y conciencia de que esto no se puede cerrar. Villa Grimaldi es el primer sitio de memoria recuperado en Latinoamérica, no solo en Chile".
Según cuenta Zegers, han sostenido reuniones con el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, donde afirmó que el presupuesto no lo iban a eliminar y que manejaban un monto "más o menos" similar al actual. De la misma forma, cuenta que lo han invitado a conocer el sitio pero que las reuniones fueron canceladas.
"A nosotros nos dijo el subsecretario que ellos no iban a eliminar el Programa de Derechos Humanos, que iban a continuar con el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y todas esas cosas. Pero el tema es de qué manera, porque lo pueden reducir a su mínima expresión", comenta Mariana Zegers.
Otra de las observaciones que formulan desde los sitios de memorias es que en estos primeros seis meses, el plan de acción del ministerio sigue siendo el mismo.
Para Álvaro González, trabajador del sitio de memoria Iran 3037 (ex venda sexy), "no se ha impulsado nada distinto a lo que se venía haciendo. En el caso del fondo concursable de la subsecretaria, se redujeron en un 50% los recursos y se dejó solo la línea que tiene que ver con infraestructura, dejando fuera actividades culturales. Claramente, ahí hay un retroceso evidente en lo que han sido las políticas públicas de reparación".
En el marco de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado, el gobierno de Boric firmó el decreto que permitió la creación del PNB. La iniciativa tiene como objetivo esclarecer circunstancias de desaparición o muerte de las personas, garantizar acceso a la información y, con una fuerte participación de las familias de las víctimas, implementar medidas de reparación.
La política pública está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Programa de Derechos Humanos. Respecto al estado actual del PNB, González comenta que la Comisión de Seguimiento continúa reuniéndose pero "no hemos tenido noticias de avances o retrocesos".
Aunque el trabajador de Iran 3037 pone en perspectiva que los resultados "siempre han sido lentos" y el acceso a la información difícil, afirma que actualmente "hay menos información que antes, lo que nos hace pensar que no hay avances". Pese a eso, valora la política como una responsabilidad estatal.
En el informe bienal presentado en diciembre de 2025 por el gobierno de Boric se reportaron 23 acciones, de las cuales 12 estaban completadas, 11 en desarrollo y ninguna sin iniciar. Respecto al avance de las que se encontraban en ejecución, Álvaro González explica que, debido a la poca información que reciben, no tienen conocimiento de su estado.
Misma visión tiene el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, quien comentó que el PNB "ha sido objeto de medidas que afectan su desempeño y ha decaído notablemente la visibilización de su importante tarea". Asimismo, agrega que "todo esto ocurre, además, en un contexto en el que se van conociendo progresivamente la eliminación o recortes a programas e iniciativas sociales que garantizan derechos de las personas".
A lo mismo, Ljubetic agrega que "respecto del INDH, la institución pública que tiene como mandato legal promover y proteger los derechos humanos, el ejecutivo ha señalado que aspira a disminuir sus atribuciones, por ejemplo, quitándole la facultad de presentar querellas, que es una herramienta de la que hoy disponen las personas del país cuando han sido víctima de graves vulneraciones a sus derechos humanos".
El Desconcierto consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto al avance del PNB y del presupuesto que se maneja para el año 2027, tanto para esta iniciativa como para otras políticas asociadas a lo mismo. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
