Junto al lanzamiento del Informe Anual 2025-2026 de Amnistía Internacional, su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, evaluó la situación global de los DD.HH.
Rodrigo Bustos, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional / Crédito: El Desconcierto
En las oficinas de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos —director ejecutivo de la organización, abogado especialista en derechos humanos y ex jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos— recibió a El Desconcierto para hablar del Informe Anual 2025-2026.
La conversación se sitúa en un periodo convulsionado tanto nacional como internacionalmente, a poco más de un mes del inicio del gobierno de José Antonio Kast, del comienzo de la guerra en Irán, con la guerra en Ucrania en curso, ataques al Libano, el drama humanitario en Gaza, y días después de que Viktor Orbán perdiera el poder en Hungría, entre otros hechos que marcaron el tono de un diálogo urgente sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en la región y en Chile.
- Amnistía Internacional lleva 65 años de historia, tiene el Premio Nobel de la Paz, y aun así se le acusa de tener un sesgo político según el país. ¿Cómo se aborda esa situación?
Lo que tú describes ocurre permanentemente. En algunos países de una tendencia política determinada, si los cuestionamos, dicen que somos de un color político opuesto, y en otros países al revés. En los últimos años, por ejemplo, dado nuestro planteamiento muy tajante en el sentido de que se está produciendo un genocidio en Gaza, se nos ha dicho que tenemos en la mira a Israel, y algunos en el gobierno israelí incluso nos tildan de antisemitas.
Pero la verdad es que no. Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. No recibimos recursos ni dinero de ningún partido político, de ningún gobierno. Somos una organización independiente cuyo único foco es la defensa de los derechos humanos, que los Estados cumplan con sus obligaciones. Y esas obligaciones no son meros deberes morales: son obligaciones jurídicas que los Estados contraen al suscribir tratados internacionales.
- ¿Cómo describirías los derechos humanos en términos sencillos? Se usa mucho la palabra pero a veces está vaciada de contenido.
Los derechos humanos son obligaciones que tienen los Estados para el respeto de la dignidad humana de cualquier persona. Todas las personas tienen derechos simplemente por el hecho de ser personas. Son universales, son inalienables y se pueden oponer ante cualquier poder estatal. El Estado tiene el deber de respetar los derechos humanos —no realizar acciones que puedan vulnerarlos— pero también tiene el deber de garantizarlos, a través de leyes, políticas y prácticas concretas para que se cumpla, por ejemplo, el derecho a la salud o a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Algo que para nosotros es fundamental es que se entienda que los derechos humanos no tienen que ver meramente con el periodo de la dictadura civil-militar o con el estallido social —que es lo que ocurre mucho en Chile— sino que tienen que ver con el día a día. Si se respetan los derechos humanos, las personas tienen una mejor vida en el cotidiano.
- Hay personas que dicen que los derechos humanos no les sirven para nada, que no les protegen cuando los asaltan o que defienden a los delincuentes. ¿Que se puede decir al respecto?
Quienes son los obligados de cumplir los derechos humanos son los agentes del Estado. En capacitaciones entre funcionarios de Carabineros, ellos mismos muestran láminas donde se señala que si un carabinero está siendo golpeado por un manifestante en la calle, ese es un delito del Código Penal, que tiene que ser investigado y sancionado; pero si un funcionario de Carabineros está realizando una agresión violenta contra un manifestante, eso es, además de un delito, un acto de violación de derechos humanos.
Pero te quisiera también aclarar algo sobre los temas de delincuencia que tanto preocupan a gran parte de nuestra población. Muchas veces se hace una falsa dicotomía entre derechos humanos y delincuencia. Siempre decimos que ese es un falso dilema, porque las personas tienen el derecho a vivir libres de violencia y el Estado efectivamente tiene que protegerlas de actos delictivos.
Eso es parte de los deberes del Estado. Ahora bien, eso se tiene que hacer también con ciertos límites. Cuando en cualquier lugar del mundo las policías han tenido un cheque en blanco para el uso de la fuerza, lo que hemos visto es que no solo no disminuye realmente la delincuencia, sino que los derechos de cualquier persona se pueden ver afectados de manera arbitraria.
- ¿Como en El Salvador?
Como en El Salvador, donde hay una situación muy grave. Con el pretexto de combatir el crimen organizado —y nadie puede decir que no quiere combatirlo—, lo que ha habido es una especie de pesca de arrastre en muchos pueblos, donde se ha detenido de manera arbitraria, donde se tortura en las cárceles, donde hay personas desaparecidas, donde hay un conjunto de violaciones de derechos humanos ya documentado por Naciones Unidas. El presidente Bukele simplemente se excusa en que todo esto es necesario para el orden público y la seguridad.
- Entremos en el informe 2025-2026. El tono es muy duro: denuncia una crisis institucional global. ¿Cómo ve Amnistía Internacional este momento?
Si uno revisa los informes de Amnistía Internacional de décadas anteriores, siempre encontrará cuestionamientos a los Estados, porque todos los años podemos denunciar violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en este momento, en 2026, no estamos en cualquier momento de violación a los derechos humanos.
Estamos ante una crisis que probablemente es el momento de mayor fragilidad de ese sistema internacional que se construyó hace 80 años. Y ese sistema se construyó por algo: veníamos de la Segunda Guerra Mundial, de otros genocidios, de atrocidades cometidas en ese contexto bélico, y los países lograron acordar la Carta de Naciones Unidas y un conjunto de tratados internacionales. Todo eso hoy está muy frágil, en cuestión, especialmente por varios de los Estados más poderosos.
La manera en que varios Estados, especialmente Estados Unidos, han usado y abusado del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es algo que nos hace ver que hoy ese sistema no está sirviendo para frenar el genocidio en Gaza, las atrocidades que ocurren en Sudán, en el Congo, la invasión rusa en Ucrania y las masacres en distintos lugares del mundo.
- Venezuela es un caso particular: Amnistía la critica las violaciones de DDHH en el país desde hace años, pero la captura de Maduro por las fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero también es polémica. ¿Cómo se para Amnistía Internacional frente a eso?
Amnistía Internacional viene al menos hace 15 años planteando que en Venezuela hay graves violaciones a los derechos humanos, y que hoy en día se puede hablar de crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados en la Corte Penal Internacional. Lo hemos dicho fuerte y claro.
Ahí Amnistía Internacional no se confunde. Podemos ser capaces de decir que ese fue un crimen de agresión el de Estados Unidos con esa intervención militar, porque Estados Unidos no puede llegar y romper continuamente las reglas del ordenamiento internacional que nos hemos dado como comunidad internacional. Pero eso no nos hace olvidar los crímenes, las torturas, la detención arbitraria, los casos de desaparición cometidos por muchos años por parte del régimen venezolano. Dos males no hacen un bien: las dos situaciones están mal.
- En este escenario extremadamente comlpejo a nivel global, ¿hay señales de esperanza?
Sí las hay. Las multitudinarias manifestaciones contra el genocidio en Gaza, en países de Europa, de las Américas y en otros lugares del mundo, son una muestra de lucha y de resistencia que tiene que ser destacada. El año pasado, la manifestación del orgullo gay en Budapest estaba prohibida y asistieron 300.000 personas a las calles de esa ciudad. Y cambió el gobierno: terminó el gobierno de Orbán, que era un referente para diversos gobiernos que están avanzando en prácticas autoritarias en Europa y en América Latina.
También esta institucionalidad que está siendo atacada demuestra voluntad de resistir. La Corte Penal Internacional, no obstante los ataques a sus funcionarios por parte de la administración Trump, de todas maneras dictó orden de detención en contra de Netanyahu. La relatora sobre territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, no obstante todos los ataques que tiene de Estados Unidos, ha seguido siendo una voz lúcida y permanente, mostrándonos lo que ocurre en Gaza y en otros territorios palestinos ocupados.
Desde Naciones Unidas, desde la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, desde la sociedad civil, incluso algunos gobiernos en Europa están señalando que lo que hacen Estados Unidos e Israel son ataques ilegales. El gobierno de España ha tenido posiciones muy valiosas tanto respecto del genocidio en Gaza como respecto a los ataques contra Irán y el Líbano.
El gobierno de Italia, que hasta hace poco apoyaba incondicionalmente a Estados Unidos e Israel, ha señalado recientemente que lo que se está haciendo son ataques ilegales y que va a promover dentro de la Unión Europea que se termine la asociación con Israel. Y en América Latina, gobiernos como los de Brasil y México también han sido voces muy críticas.
- ¿Cuál es el diagnóstico del informe sobre América Latina?
Lamentablemente, el escenario no es mucho mejor que el global. América Latina, año tras año, es el continente donde los defensores de los derechos humanos, del medioambiente y del territorio corren más peligro. Donde periodistas y trabajadores de la prensa están amenazados constantemente en distintos países.
Y en los últimos dos o tres años han avanzado y se han aprobado leyes anti-ONG en Perú, en Paraguay, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela. Leyes que buscan dificultar que la sociedad civil se organice, que tenga acceso a financiamiento, que pueda constituirse jurídicamente. Eso está pasando en América Latina cada vez con más fuerza, con prácticas autoritarias que avanzan de manera conectada entre distintos países. Es algo que nos tiene muy alerta y que esperamos que no siga propagándose en países como el nuestro.
- ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes en la región en este momento?
En primer lugar, están avanzando prácticas autoritarias como no sucedía hace cinco años. Con leyes anti-ONG en muchos países, y con restricciones crecientes al derecho a protestar y manifestarse pacíficamente. Por otra parte, es un continente donde los defensores del medioambiente y el territorio corren cada vez más peligro, sobre todo en Brasil, Colombia y Perú.
Y no podemos olvidar las desapariciones en México, que siguen siendo de una magnitud estrepitosamente terrible, y donde el Estado, no obstante muchas otras medidas positivas en otros ámbitos, sigue sin avanzar en una política seria respecto de las desapariciones que están ocurriendo en ese país.
- ¿Cómo evalúa la situación en Chile, mirando tanto el gobierno que termina como el que comienza?
En primer lugar, terminó recientemente el gobierno del presidente Boric, y cabe señalar que fue un gobierno que tuvo algunas leyes y políticas muy positivas. El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, que se aprobó con un decreto en el contexto de los 50 años del golpe de Estado. El copago cero, relacionado con el derecho a la salud. La ley integral de violencia contra las mujeres, que tiene una gracia especial: generalmente la violencia de género en Chile se abordaba desde una perspectiva penal y punitiva, que por cierto es importante, pero esta ley tiene elementos de prevención, incluso en establecimientos educacionales, para erradicar los estereotipos que reproducen la violencia contra las mujeres.
Pero hay que decir que el presidente Boric y su gobierno también quedaron en deuda. Quedaron en deuda especialmente, desde Amnistía Internacional, en relación a lo que fueron las violaciones más graves de derechos humanos después de la dictadura: el periodo del estallido social. El presidente Boric habló muchas veces de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición. Lo que tenemos al término de su mandato es un escenario de mucha impunidad, mayoritariamente. Y en algo que sí podía depender de su gobierno —y no necesariamente del sistema de justicia— era que existiera una política de reparación integral a las víctimas.
Sabemos que hay personas como Fabiola Campillai y Gustavo Gatica que perdieron la visión de sus dos ojos, pero hay muchas otras personas que también perdieron la visión de un ojo. Nosotros siempre recordamos a Damary, una niña que tenía 15 años durante el estallido social y que vio su proyecto de vida truncado en gran parte por la violencia policial. Hay muchas otras vidas que fueron afectadas por la represión durante el estallido social y esas personas no han tenido la reparación integral que correspondía, tanto de acuerdo al programa del presidente Boric como respecto a las obligaciones que tiene el Estado de Chile por los tratados que ha suscrito.
- Esas deudas se agravan ahora con los anuncios de indultos a uniformados condenados por el estallido y con las iniciativas respecto a Punta Peuco. ¿Cómo lo lee Amnistía Internacional?
Todavía siguen dando problemas esas deudas. Lo vemos con el tema de la intención de cierre de Punta Peuco, lo vemos con los indultos a personas que habían sido condenadas por agresiones —carabineros condenados por agresiones durante el estallido social. Son señales muy preocupantes para quienes hemos estado exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión.
- Las cárceles son otra situación de violación sistemática de derechos humanos en Chile, que ha trascendido varios gobiernos. ¿Cómo se explica que esto se normalice en una sociedad moderna?
Una sociedad puede evaluarse, entre otras cosas, respecto de cómo trata a las personas que están presas. En nuestro país, al inicio del gobierno del presidente Boric, había 42.000 personas presas. Al terminar, estamos en casi 60.000. Son cifras llamativas porque un sistema carcelario donde ya había hacinamiento, donde ya las condiciones eran muy inhumanas, ahora, dado los cambios en varias leyes con una orientación más punitiva, está repercutiendo en un sistema que realmente no da abasto.
Hay una concepción en parte de nuestra sociedad de que una persona que está en una cárcel pierde sus derechos humanos, que ya puede ser tratada no como un ser humano sino como un otro que no tiene derechos. Y no es así. Una persona presa mantiene sus derechos humanos.
Por supuesto que se restringe su libertad ambulatoria porque ya no puede circular por las calles, pero mantiene su dignidad humana, mantiene el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud —que sigue siendo muy vulnerado en las cárceles chilenas—, a la educación y al trabajo.
Gracias también a las narrativas antiderechos que han avanzado en Chile y en otras partes del mundo, una parte de la sociedad tiene esta idea preconcebida de que las personas en las cárceles dejan de tener derechos. Y ahí está la pega de organizaciones como Amnistía y de muchas otras que trabajamos en derechos humanos: recordar que todas y todos tenemos derechos humanos, siempre, independientemente de la circunstancia.
*Puedes ver la entrevista completa en el video alojado en esta nota o en el canal de Youtube de El Desconcierto.