Lo que la ley miscelánea propone no es velocidad: es impunidad para proyectos ilegales, vulnerando derechos fundamentales y la convivencia democrática.
Presidente Kast junto a los ministros Quiroz y Alvarado / Agencia Uno
El Gobierno ha presentado un proyecto de ley miscelánea que, entre sus múltiples disposiciones, contiene algunas de las reformas más regresivas en materia ambiental que se hayan impulsado en los últimos años.
Particularmente graves son aquellas que pretenden dar inmunidad a los proyectos que ilegalmente afecten al medio ambiente, reduciendo la capacidad de acción de las instituciones y las posibilidades defensa de las personas afectadas.
En primer lugar, la propuesta pretende restringir gravemente el derecho a acceso a la justicia, limitando las vías para impugnar las resoluciones de calificación ambiental de una manera no sólo inadecuada en términos de justicia, sino incluso inconveniente para la certeza jurídica.
Hoy existen básicamente dos vías para impugnar una RCA, una que está habilitada solo para quienes hicieron observaciones ciudadanas y que sólo se refiere a la no consideración de esas observaciones, y otra que refiere a las ilegalidades en general que puede tener el procedimiento, que es la invalidación administrativa.
Este segundo mecanismo es el que se quiere dejar sin efecto, eliminando el único procedimiento que existe para reclamar ilegalidades y, por lo tanto, blindando a actividades que se encuentren en esas situación de ilegalidad. Cerrar esa puerta no es una racionalización del sistema, sino un bloqueo que atenta contra la certeza jurídica y que no beneficia ni a la ciudadanía, ni al medio ambiente ni tampoco a las empresas que hacen bien su trabajo, sino solo a quienes se han visto beneficiadas por la ilegalidad.
Esas mismas personas que se benefician de la ilegalidad, tienen más privilegios en este proyecto del gobierno, que prohíbe a los tribunales detener obras potencialmente ilegales mediante medidas cautelares, estableciendo un plazo máximo de 6 meses para esas medidas. Esto no es menor.
Las medidas cautelares existen precisamente para evitar que mientras se discute si algo es legal o no, el daño ocurra, y sea irreversible. En la práctica, esto es parecido a que se limitara la prisión preventiva de individuos peligrosos a un máximo de meses, forzando a los jueces a liberarlos cuando transcurra ese tiempo, sin considerar el daño que podrían causar o ninguna otra variable.
Pero hay más: La propuesta del Gobierno busca que los proyectos cuyas resoluciones de calificación ambiental estén siendo impugnadas en tribunales puedan ser construidos de todas formas, sin esperar el resultado del juicio. En la lógica del proyecto de ley, los permisos que otorga el Ejecutivo son infalibles, algo bastante extraño para un gobierno que no confía en el Estado y busca disminuirlo por todas partes. Más extraño aún para un Estado en que supuestamente no hay suficiente dinero para cuestiones esenciales.
La ironía no se sostiene, un proyecto ilegal no podrá ser confrontado en tribunales, si es que llega a serlo no podrá detenerse de manera urgente para evitar sus daños y además en caso de que se llegue a anular su permiso, será indemnizado con dinero de todos, por las molestias causadas. Es decir, el erario público subsidiando proyectos ilegales.
A esto debiéramos sumar que hay una propuesta de reducción del plazo que tendrán las autoridades para revisar los proyectos y que se quiere dotar al Servicio de Evaluación Ambiental de facultades exorbitantes (e inconstitucionales) para pasar por sobre las facultades de otros organismos del Estado, centralizando el poder decisional de tal forma de hacer más fácil que proyectos ilegales sean aprobados no sólo por potenciales errores, sino también por vías reñidas con la probidad.
Todo lo anterior contradice frontalmente a la lógica de control del abuso de poder del Estado, a los derechos de las personas en materia ambiental, tratados internacionales suscritos por Chile y elementos básicos del derecho ambiental, como el principio preventivo.
La lógica del principio preventivo es sencilla: cuando existe riesgo de daño, se actúa antes de que ocurra, no después. El proyecto invierte esa lógica: construye primero, discute después, y si hay error, paga el Estado.
Es legítimo querer agilizar los procesos de evaluación ambiental, pero hay una diferencia enorme entre agilizar y desmantelar; entre simplificar procedimientos y beneficiar ilegalidades. Lo que este proyecto propone no es velocidad: es impunidad para proyectos ilegales, vulnerando derechos fundamentales y atentando contra estándares mínimos de convivencia democrática en un Estado de Derecho.