Un estudio analiza cómo la ley impulsada por José Antonio Kast podría generar beneficios patrimoniales a autoridades mediante cambios tributarios clave.
Presidente José Antonio Kast y Ley Miscelánea. Agencia Uno.
Un estudio desarrollado por Fundación Nodo XXI revela el potencial impacto económico personal que tendrían las 63 autoridades de gobierno con cuatro propuestas de la Ley Miscelánea —o ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico— impulsada por el presidente José Antonio Kast.
El investigador de la fundación, Juan Andrés Mena, abogado y magister en políticas públicas, detalla "una simulación de cuánto razonablemente se puede esperar que se beneficien ante escenarios plausibles y conservadores", tomando como base las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) de cada autoridad.
En total, el proyecto tributario implicaría un beneficio patrimonial para todas las autoridades de $292.515 millones, siendo el ministro de Defensa, Fernando Barros, el más favorecido.
En términos comparativos, el beneficio potencial agregado equivale, según el documento, al 11,24% de la meta de reducción del gasto público del 3% anunciada por el gobierno, a 6,6 veces lo recaudado en la Teletón 2025, o a la construcción de 19,5 comisarías. El 99,3% de ese monto total correspondería a un único concepto: la tasa rebajada para la repatriación de capitales.
El informe detalla un impacto económico positivo ante la modificación de las tasas de Impuesto de Primera Categoría para grandes empresas y Pymes. En el caso de las primeras, la iniciativa reduce de un 27% a un 23% la tasa única, mientras que para las segundas, se mantiene el régimen de reducción transitoria, incrementando a 15% para 2028.
Este punto beneficiaría tanto al presidente Kast como a 24 ministros y 34 subsecretarios, sin contar a la segunda línea de Vivienda, Natalia Aguilar, quien aún no presenta su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).
Otro punto beneficioso sería la integración del impuesto de primera categoría con el global complementario. Es decir, los dueños de empresas podrán imputar el 100% del crédito por impuesto de primera categoría pagado por las empresas en las que participen.
A su vez, la ley favorecería a las autoridades de gobierno gracias a una tasa rebajada del 7% para la repatriación de capitales. Finalmente, el presidente, ministros y subsecretarios se beneficiarían de la exención de contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años.
La lista la encabeza el ministro Barros, cuyo patrimonio declarado es de $679.036.656. Sin embargo, con el proyecto de ley, específicamente con la rebaja a la tasa para la repatriación de capitales en el extranjero, percibiría un beneficio personal de $210.272.881, es decir, un 312,7% de retribución, que representa más del doble que 19 autoridades combinadas.
Le sigue el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés. La autoridad cuenta con un patrimonio de $264.653.988 y con el proyecto sumaría potencialmente $33.495.968, gracias a la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración tributaria.
La lista continúa con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, que cuenta con un patrimonio de $56.608.016. La exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años le sumaría $16.958.324.
En seguida, le sigue la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, con una retribución de $16.706.530; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, con $10.818.881; y el subsecretaria de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, con $4.033.701.
