Organizaciones acusan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desregulación y conflictos de interés en auge de data centers.
Alertan por costo ambiental de data centers en Chile ante la CIDH. Imagen referencial.
El impacto ambiental y social provocado por la inteligencia artificial llegó hasta los estrados internacionales luego de que diversas organizaciones de Chile, México y Estados Unidos denunciaran ante la CIDH el veloz avance de los proyectos data centers, el consumo de recursos hídricos y la flexibilización de sus marcos regulatorios.
En el centro del debate se expuso cómo la acelerada instalación de centros de datos en la región avanza bajo un modelo caracterizado por cláusulas de confidencialidad en el consumo de recursos clave, prerrogativas tributarias opacas y la flexibilización de los marcos de evaluación ecológica.
Esta situación impacta con especial severidad a comunidades indígenas, afrodescendientes y sectores vulnerables que sufren estrés hídrico y contaminación estructural.
Respecto a este escenario, la investigadora mexicana Diana Baptista, del Observatorio Latinoamericano de Centros de Datos, señaló que la instancia ante el organismo internacional facilitó documentar "el modus operandi mediante el cual las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos locales eluden la legislación ambiental para priorizar los centros de datos por encima de los derechos humanos de las comunidades".
En la misma línea, Teresa Roldán, activista de Vocer@s de la Madre Tierra (México), remarcó que las corporaciones y los Estados "están actuando conjuntamente para despojar a los territorios de agua, energía, seguridad alimentaria y salud", anteponiendo el lucro corporativo por sobre la vida de los habitantes.
Por su parte, desde Estados Unidos, el abogado de ClientEarth, Matthew French, hizo hincapié en la presión sobre los recursos que ejercen estas instalaciones: "Los gobiernos deben garantizar que el desarrollo tecnológico respete los derechos humanos".
A su vez, la representante de MediaJustice, Jacinta González, calificó la expansión masiva de la IA como un fenómeno erigido sobre procesos "fundamentalmente antidemocráticos", argumentando que la población afectada es ninguneada o incluso criminalizada cuando opone resistencia.
El país opera de manera simultánea como proveedor prioritario de minerales críticos para la electromovilidad y la alta tecnología y como un nodo clave para la localización de infraestructura digital, alcanzando los 37 centros de datos operativos hacia 2025.
"Chile es incorporado como proveedor de minerales y plataforma para centros de datos mediante desregulación, conflictos de interés y restricciones a la participación ciudadana", aseveró el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca.
Durante la sesión, se recordó la situación registrada en Penco (Región del Biobío), donde la población ha rechazado por más de diez años la explotación de tierras raras de la minera Aclara Resources, el cual finalmente obtuvo la aprobación unánime de los organismos ambientales gubernamentales.
En paralelo, OLCA cuestionó la implementación del Plan Nacional de Data Centers en Chile, advirtiendo sobre la creación de una "alfombra roja" regulatoria.
Esta facilita orientación a firmas multinacionales en acceso a agua, suelo y energía, abriendo la puerta a eximir a estos recintos de la obligación de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que coarta la fiscalización pública y el acceso a la información.
La red de organizaciones solicitó a la CIDH encomendar a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) un monitoreo sistemático sobre infraestructura digital y derechos humanos.
La petición contempla la elaboración de un informe temático focalizado en justicia ambiental, derechos de pueblos originarios, perspectiva de género y resguardo a defensores de la naturaleza.
El propósito central es establecer marcos normativos que exijan transparencia en el consumo energético e hídrico, evaluaciones ecológicas rigurosas y procesos de consulta previa vinculante.
En caso de riesgo ambiental inminente o vacíos de información, demandaron aplicar salvaguardas legales y moratorias temporales que suspendan el ingreso de nuevos proyectos.
