La ciudadanía tiene derecho a saber cuáles son los compromisos regulatorios ambientales y cuándo serán cumplidos. El Ministerio del Medio Ambiente debe entregar esas respuestas.
Ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. Créditos: Agencia Uno.
El primer día de su mandato, el 12 de marzo de 2026, el gobierno de José Antonio Kast retiró de Contraloría, mediante Oficio Ordinario N° 01707/2026 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), todos los decretos de relevancia ambiental elaborados o concluidos durante el gobierno de Gabriel Boric que esperaban su toma de razón, publicación y entrada en vigencia.
El retiro afectó a 43 decretos. Siete meses después, solo ocho han sido reingresados a Contraloría y apenas cuatro publicados en el Diario Oficial. Por ello, el Pleno del Senado solicitó al MMA informar, mediante cuenta pública, sobre el avance del Programa de Regulación Ambiental 2024-2025 y las actuaciones realizadas por la cartera al 30 de junio de 2026.
La sesión especial en que la ministra Francisca Toledo deberá explicar el estado de la regulación ambiental será este miércoles 23 de septiembre. La autoridad deberá responder por un proceso que, hasta ahora, carece de un cronograma público para revisar y devolver a Contraloría las normas retiradas.
Algunas demoraron una década en su formulación y otras son necesarias para proteger la salud de la población e implementar leyes promulgadas hace más de cuatro años, como la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Red de Salares Protegidos.
La institucionalidad pública destinó años y recursos a estudios, análisis multisectoriales, consultas ciudadanas, deliberaciones y revisiones de SEGPRES y Contraloría. Sin embargo, el MMA no ha entregado un informe fundado que explique la interrupción de estos 43 procesos. De ellos, 22 forman parte del Programa de Regulación Ambiental 2024-2025: 9 corresponden a actualizaciones que debían concluir en ese bienio y 13 son regulaciones nuevas, en su mayoría necesarias para implementar las nuevas leyes.
Especialmente grave es la situación de las seis normas de calidad ambiental y de emisión retiradas. Solo una, la Norma Primaria de Calidad del Aire para Plomo, ha sido reingresada y publicada.
Entre las cinco pendientes está la actualización de la norma para Material Particulado Fino MP 2,5. El estándar actual genera 1.500 muertes prematuras cada año, además de costos de varios millones de dólares asociados a enfermedades e ingresos hospitalarios. También permanece pendiente la norma de emisión para centrales termoeléctricas, cuya actualización acumula 10 años de retraso y cuyos efectos sobre la salud respiratoria, enfermedades cardiovasculares y cánceres están estadísticamente comprobados en nuestro país.
El presidente Kast y sus funcionarios están siendo cómplices de estas enfermedades y muertes prematuras. Esta complicidad ética y política seguirá siendo denunciada por la ciudadanía, junto con la búsqueda de instrumentos legales para determinar responsabilidades funcionarias en el abandono de las funciones públicas.
En biodiversidad, 12 reglamentos retirados son necesarios para implementar la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Solo uno ha sido reingresado y publicado. En áreas protegidas, de los nueve decretos retirados, seis corresponden a salares comprometidos en la Red de Salares Protegidos de la Estrategia Nacional del Litio y dos son áreas marinas protegidas cercanas a la Isla Juan Fernández.
Solo uno ha sido reingresado a Contraloría.
A ello se suman los cinco instrumentos faltantes para implementar plenamente la Ley N° 21.455, Marco de Cambio Climático. Ninguno ha sido reingresado. El retraso también afecta al Plan de Descarbonización. Está congelada su primera medida, la entrada en vigencia de la norma de emisión actualizada para termoeléctricas, y la Superintendencia del Medio Ambiente tampoco ha desplegado el plan anual de fiscalización del cierre de las 14 centrales que han cesado sus operaciones y no cumplen sus planes de cierre y remediación.
Las consecuencias quedaron en evidencia en los aluviones que afectaron Tocopilla, con el arrastre de cenizas y desechos industriales. La ciudad cerró en los últimos años seis centrales a carbón sin acciones de mitigación de sus pasivos ambientales, pese a ser una de las comunas de transición de la Estrategia Nacional de Transición Justa.
La cuenta pública convocada por el Senado debe permitir responder qué ocurrió con los 43 decretos retirados, cuáles son los plazos para reingresarlos a Contraloría y cómo se resolverán estos retrasos.
La regulación ambiental no puede quedar suspendida indefinidamente. Cuando Chile conmemora 100 años de la creación de su primer parque nacional, honrar esa historia implica impulsar los instrumentos necesarios para proteger la salud, conservar el patrimonio ambiental y mitigar los impactos del cambio climático.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuáles son los compromisos regulatorios ambientales y cuándo serán cumplidos. El Ministerio del Medio Ambiente debe entregar esas respuestas.
