Producir fertilizantes verdes en Chile es una medida indispensable para resguardar la seguridad alimentaria y amortiguar el impacto en el costo de la vida.
Abrir la cuenta del supermercado o la feria en Chile se ha convertido en una prueba de tensión mensual para las familias. Los datos del Observatorio de Seguridad Alimentaria señalan que el valor de la canasta por persona ya alcanzó los $91.220, mientras que la inflación de alimentos (4,0%) continúa ubicándose por sobre el IPC general (3,5%).
Platos tradicionales de nuestra mesa como la cazuela de vacuno se han encarecido un 125% en una década, confirmando que en Chile la principal barrera no es la escasez de comida, sino el acceso económico a ella, situación que afecta a 3,8 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave.
Este encarecimiento tiene causas profundas. El cambio climático, las sequías y el alza en los combustibles golpean la producción agrícola y el transporte, integrándose de manera natural en el precio final que pagan las familias. A ello se suma la vulnerabilidad que genera depender del mercado internacional para acceder a insumos agrícolas fundamentales. Como lo demostraron la pandemia y las guerras en Ucrania e Irán, depender de la importación de fertilizantes sintéticos expone al país a severas interrupciones de suministro y alzas de precios externas.
Ante esta urgencia, la respuesta del país no puede reducirse al debate legislativo tradicional centrado únicamente en rebajas tributarias como la mega reforma o recortes al Estado especialmente en infraestructura. En La Araucanía, por el contrario, se está construyendo una solución concreta a partir de la economía circular y la innovación tecnológica. En Lautaro, el proyecto piloto COMASA H2V está produciendo fertilizantes verdes de alta calidad y baja huella de carbono a partir de nitrógeno, derivados del hidrógeno verde y bio-cenizas obtenidas de residuos agrícolas y forestales.
Este desarrollo nació del cofinanciamiento estratégico de más de $3.200 millones aportados por CORFO. El proyecto demuestra que cuando el Estado tiene la voluntad política de invertir en innovación para proteger a las personas y generar desarrollo, los conocimientos no quedan encerrados en una universidad, sino que se transforman en nuevas industrias, empleos regionales y soberanía productiva. Ninguna economía desarrollada ha estructurado sectores estratégicos dejando todo al mercado. Potencias como Estados Unidos, Europa y China subsidian y financian sectores clave porque entienden que el desarrollo es una decisión política deliberada.
Producir fertilizantes verdes en Chile es una medida indispensable para resguardar la seguridad alimentaria y amortiguar el impacto en el costo de la vida. En lugar de limitar la discusión a guarismos fiscales o reducción del aparato estatal, Chile requiere reformas que vinculen los incentivos con la creación de valor agregado, la transferencia tecnológica y el encadenamiento productivo regional. La experiencia de Lautaro prueba que la combinación entre un Estado inversor, ciencia aplicada y economía circular permite dejar de exportar materias primas sin procesar y comenzar a producir soluciones territoriales que cuiden directamente la mesa de las familias chilenas.
