En el marco del seminario “100 años de conservación en Chile”, el senador socialista celebró el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó las indemnizaciones por RCA ancladas en la megarreforma, y llamó a construir acuerdos transversales ante la crisis climática.
La conservación de áreas protegidas se instaló como una materia de Estado que trasciende a los gobiernos de turno, en el marco del seminario "100 años de conservación en Chile", realizado este lunes en la Universidad Católica. Allí, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, anunció que el país postulará US$10,3 millones al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para crear un fondo patrimonial destinado a los parques nacionales.
El encuentro se dio pocos días después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales las indemnizaciones a empresas por la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) contempladas en la megarreforma, un fallo celebrado por la oposición y por organizaciones ambientales. En ese contexto, el senador Alfonso De Urresti (PS), integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, conversó con El Desconcierto sobre las implicancias del fallo, la meta de aumentar las áreas protegidas del país al 30% para 2030, y la posibilidad de un pacto de Estado transversal frente a la crisis climática.
-¿Cómo ve al ministerio de medioambiente en materia de conservación? Se espera avanzar del 22% al 30% de áreas protegidas al 2030. ¿Ve esa posibilidad durante los cuatro años del gobierno de José Antonio Kast?
Ese es un compromiso internacional de nuestro país, la agenda 30x30 para la protección. Creo que la ministra Toledo ha comprendido la relevancia de proteger el medioambiente y fue enfática al señalar que el desarrollo no se contrapone con la protección ambiental. Es bueno despejar esa quimera que la derecha más dura pensaba: simplemente destrabar, liberar todo y crecer a toda costa.
Hay señales que abrigan esperanza en materia de humedales. Al principio hubo una fuerte ofensiva contra estos ecosistemas; hoy son reconocidos. Después de los temporales, fueron una pieza fundamental y resiliente para evitar mayores desastres.
Estamos votando la Superintendencia de Medio Ambiente, con efectos importantes para fortalecer esa institución. Esperamos seguir avanzando en incorporar más áreas protegidas al SBAP y en sitios Ramsar, un compromiso que espero se cumpla en esta administración.
-Hemos visto en este seminario una transversalidad política que trasciende colores políticos, con una fuerte presencia del piñerismo. Pero dentro de la derecha hay también un sector más duro, que usted mencionaba, que ha visto en la naturaleza un impedimento al crecimiento. ¿Cómo ve ese debate dentro de los propios círculos de derecha y su eventual impacto en las políticas ambientales de este gobierno?
Avanzan los sectores que tienen una visión de desarrollo sostenible. Es valorable ver al senador Gahona (UDI), presidente de la comisión de Medioambiente, y al senador Longton, con quienes hemos compartido discusiones, pero desde la racionalidad, no desde el negacionismo.
Este evento, al escuchar las intervenciones de los expresidentes —principalmente de la expresidenta Bachelet, pero también de los representantes de los expresidentes Frei, Lagos y Aylwin—, da una mirada de sostenibilidad. Vincularlo además a los 100 años del primer parque nacional permite demostrar que la protección del medioambiente se construye paso a paso, con institucionalidad y con un elemento fundamental: el financiamiento de esa sostenibilidad.
Tenemos una gran cantidad de parques y áreas protegidas; ahora necesitamos los recursos. Mejoramos la institucionalidad ambiental —el traspaso al SBAP tiene como horizonte marzo de 2027— y la ministra anunció nuevos fondos que se direccionarán específicamente a parques nacionales.
Eso abriga esperanza de dar una discusión desde la gestión y no desde el negacionismo. Hay que avanzar en un gran pacto de Estado respecto al cambio climático. Hoy enfrentamos en Chile devastadoras consecuencias por el frente de mal tiempo. En Europa, en este mismo momento, en España y en Francia, estamos viendo incendios devastadores.
-¿Y hay tierra fértil para ese gran acuerdo de Estado?
Ahí hay que avanzar; este tipo de instancias abrigan esperanza. La trayectoria puesta en perspectiva desde 1990, desde el presidente Aylwin hasta el presidente Kast, debiera avanzar hacia esos acuerdos. Quizás no tendremos todo el volumen ni la densidad que seguramente existe en España.
-Se armó una bancada medioambiental transversal, con el propio senador Gahona (UDI). ¿Hay una intención real de que esto se proyecte en el tiempo?
De todas maneras, tanto desde la Comisión de Medio Ambiente como desde la institucionalidad del Senado, avanzamos en esa línea. Nos reunimos hace una semana con la embajadora de España, con un grupo de senadores muy transversal, y ese punto claramente está sobre la mesa.
España está enfrentando una crisis en ese sentido, con el contraste de los incendios más devastadores de los últimos tiempos. Nosotros en Chile enfrentamos este frente de mal tiempo con una extensión inusitada, principalmente en el Norte Chico. Son momentos para reflexionar, salir de las visiones negacionistas y preconcebidas, y mirar hacia adelante.
-Para cerrar, ¿cuál es la implicancia de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucionales los artículos de la megarreforma que establecían indemnizaciones estatales por la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental?
Fue un requerimiento que trabajamos colectivamente con muchas organizaciones, con el mundo académico, especializado y científico, y eso nos permitió construir una muy buena argumentación. Fue muy bien alegado por nuestra abogada, Melissa Mallega.
Las reformas que legítimamente un gobierno de derecha presente no pueden afectar ni borrar el principio de no regresión, incorporado a través de la Ley de Cambio Climático y de los compromisos que Chile ha suscrito. El Tribunal Constitucional fue claro en ese punto y dejó sin efecto una anomalía en materia de responsabilidad administrativa: que las resoluciones de calificación ambiental anuladas fueran indemnizadas por el Ejecutivo.
Eso habría sido un estropicio, una situación imposible de sostener, y habría significado construir una figura jurídica que no existe en nuestro ordenamiento. Da tranquilidad para seguir dando las peleas ambientales y avanzar en un mejor sistema de protección ambiental en el país.
