Hablar de aborto es, finalmente, hablar de la posibilidad de decidir sobre los cuerpos, las maternidades y los proyectos de vida.
Imagen referencial sobre Aborto en 3 Causales - Agencia Uno
A casi una década de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, hablar de aborto en Chile sigue siendo una discusión abierta. Aunque hoy existe un piso de derechos reconocido legalmente, persisten barreras para su ejercicio y el debate sobre avanzar hacia una regulación más amplia continúa marcado por argumentos morales y desinformación.
En este escenario, el 28 de septiembre Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro es una oportunidad para preguntarnos qué estamos dejando fuera de esta conversación. Porque mientras debatimos sobre la moral, la natalidad o si el aborto constituye o no una “prioridad”, hablamos mucho menos de las mujeres, de las condiciones en que toman sus decisiones reproductivas y de las desigualdades que determinan las posibilidades reales de ejercerlas.
Desde Corporación Humanas hemos analizado los discursos contrarios al aborto e identificado narrativas que lo presentan como un método anticonceptivo, lo vinculan con la disminución de la natalidad o sostienen que simplemente “no es una prioridad”. Más allá de sus diferencias, estos argumentos comparten un problema al desplazar del centro de la discusión las condiciones concretas en que las mujeres deciden sobre sus vidas y sus proyectos reproductivos.
Durante el Te Deum del 18 de septiembre, el cardenal Fernando Chomali volvió a poner en la agenda pública la preocupación por la baja tasa de natalidad y la necesidad de generar mejores condiciones para compatibilizar familia y trabajo. Esta preocupación permite ampliar la discusión para hablar de decisiones reproductivas y también implica preguntarnos por las condiciones que existen para ejercerlas. Si queremos que quienes desean tener hijos puedan hacerlo, necesitamos avanzar en corresponsabilidad, cuidados, condiciones laborales, protección social y posibilidades reales de conciliar la vida familiar y laboral.
Sin embargo, garantizar que una mujer pueda decidir continuar un embarazo y desarrollar una maternidad en condiciones dignas no se contrapone a garantizar que otra pueda decidir no continuarlo. Ambas cuestiones parten de un mismo principio que se basa en reconocer a las mujeres como personas capaces de decidir sobre sus proyectos de vida. Prohibir o restringir el aborto no significa que los abortos desaparezcan, lo que cambia son las condiciones en que se realizan.
Las diferencias de ingresos, información y redes inciden directamente en las posibilidades de acceder a alternativas seguras. Por eso, hablar de aborto es también hablar de las condiciones de igualdad en que las mujeres pueden ejercer sus decisiones. Y esa desigualdad se manifiesta incluso respecto de derechos que Chile ya reconoce. Desde el 2017, la legislación permite interrumpir un embarazo cuando existe riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal o cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Sin embargo, contar con una ley no garantiza por sí solo que ese derecho pueda ejercerse efectivamente.
La objeción de conciencia es uno de los ejemplos más evidentes, los datos que hemos monitoreado desde Corporación Humanas muestran que cuatro de cada diez médico/a obstetras del sistema público se declaran objetores en la causal de violación. Esto resulta especialmente preocupante porque se trata de situaciones en que mujeres, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual y requieren una respuesta oportuna del sistema de salud.
La objeción de conciencia permite ver también cómo las condiciones de acceso pueden determinar el ejercicio efectivo de un derecho. Si acceder a una prestación depende del establecimiento en que una mujer es atendida, del territorio donde vive o de la disponibilidad de profesionales no objetores, las posibilidades de decidir en igualdad de condiciones se reducen.
A esto se suma otro argumento recurrente relacionado a que el aborto “no es prioridad”, pero la existencia de otras preocupaciones sociales no vuelve irrelevantes los derechos sexuales y reproductivos. Tampoco estamos frente a una discusión desconectada de las transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena. Según la Encuesta de Corporación Humanas de 2025, un 48% de las mujeres esta de acuerdo con permitir el aborto sin causales hasta las 14 semanas, porcentaje que aumentaba al 57% entre las mujeres de 18 a 34 años.
Quizás la pregunta no sea si existen otros asuntos más urgentes, sino qué lugar estamos dando a la autonomía reproductiva de las mujeres. Este 28 de septiembre, hablar de aborto implica ir más allá de la discusión sobre una determinada regulación. Implica preguntarnos qué condiciones estamos construyendo para que todas las mujeres puedan ejercer efectivamente sus derechos. Ahí es donde la justicia sexual adquiere sentido.
Reconocer derechos requiere también generar condiciones para ejercerlos, sin que ese ejercicio dependa de los ingresos, el territorio, la edad o las convicciones de terceros. Se requiere información basada en evidencia, servicios disponibles y oportunos, profesionales capacitados con perspectiva de género y derechos humanos, y políticas públicas capaces de reconocer las desigualdades que atraviesan las decisiones reproductivas.
Este 28 de septiembre, a casi diez años de la aprobación de la Ley de tres causales, el desafío no es solo discutir cuánto avanzar en materia de aborto. Es también avanzar en las condiciones que permitan que todas las mujeres puedan ejercer sus decisiones reproductivas con información, autonomía y acceso efectivo a derechos.
Hablar de aborto es, finalmente, hablar de la posibilidad de decidir sobre los cuerpos, las maternidades y los proyectos de vida.
