MILES, Corporación Humanas y Abofem defienden la Norma Técnica N.º 259 frente a arremetida gremial y advierten sobre nuevas barreras de acceso.
Organizaciones por los derechos reproductivos acuden a Contraloría para defender norma de la ley de aborto.
Ante lo que consideran como una ofensiva legal por parte de la Asociación Gremial de Matronas(es) y Enfermeras(es) Matronas Por la Vida (AMEMP), diversas organizaciones por la defensa de los derechos reproductivos acudieron a la Contraloría para defender la norma técnica de acceso al aborto en tres causales.
La controversia explotó cuando la AMEMP acudió ante la entidad autónoma para impugnar disposiciones de esta normativa.
Ante ese escenario, una coalición de entidades civiles integrada por Abofem, Corporación Humanas, MILES Chile y Fundación por el Derecho a Decidir concurrió el pasado jueves 20 de agosto hasta las dependencias del órgano de control para interponer sus reparos y solicitar el blindaje de la Norma Técnica N.º 259.
“En un escenario en que persisten barreras para acceder a la interrupción del embarazo en tres causales, el deber del Estado es garantizar que la ley pueda ejercerse efectivamente en todo el territorio. Cualquier medida que dificulte su implementación puede profundizar desigualdades que ya existen en el acceso a esta prestación de salud”, señala Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas.
Las agrupaciones firmantes sostienen que la controversia ante el organismo contralor trasciende un debate puramente administrativo o leguleyo sobre instructivos médicos, situando el foco en la salvaguarda material de una prestación consagrada normativamente desde 2017.
Los colectivos manifestaron su preocupación ante la desconexión existente entre el sentir mayoritario de la población y la agenda legislativa de la coalición gobernante y bancadas oficialistas.
Pese a que el presidente José Antonio Kast comprometió en su campaña no recortar conquistas sociales, en las últimas semanas se han impulsado mociones como el proyecto “Escucha su Corazón”, iniciativa que en julio de 2026 cosechó un 54% de rechazo ciudadano según datos del sondeo Criteria.
En ese sentido, “cualquier intento por desconocer o debilitar la Ley 21.030 es una afrenta directa a la voluntad de una ciudadanía que ya zanjó este debate en el Congreso".
De hecho, la propia ministra de la Mujer, Judith Marín, abordó el tema del aborto asegurando que Chile ya había decidido frente al tema y que la discusión estaba zanjada.
Una amplia brecha entre la cobertura legal y la realidad operativa de los centros de salud atraviesa actualmente la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos en Chile.
Mientras la legislación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (Ley N.º 21.030) goza de una consolidada adhesión en la opinión pública —alcanzando un 72,5% de respaldo en mediciones de Activa Research de 2025 y un 70% en la encuesta ICSO-UDP—, la efectividad del sistema sanitario para garantizar la prestación exhibe severas deficiencias estructurales.
Los datos del VIII Informe de Derechos Sexuales y Reproductivos elaborado por MILES Chile, tras inspeccionar 73 centros sanitarios, revelan que apenas dos recintos hospitalarios cumplen cabalmente con la totalidad de los requerimientos fijados por la normativa.
Paralelamente, solo ocho recintos disponen de mecanismos estandarizados de derivación frente a la objeción de conciencia, a lo que se adicionan dilatadas demoras en las atenciones y una acentuada inequidad territorial.
“Si hoy todavía existen establecimientos que no cumplen integralmente con los estándares de la ley vigente, y solo una pequeña proporción cuenta con protocolos de derivación, la prioridad debería ser cerrar esas brechas, no agregar nuevas barreras al sistema", advierte Luz Reidel, subdirectora de Programas de MILES Chile.
En ese sentido, “no hace falta cambiar una ley para restringir un derecho. También se puede hacer modificando las reglas que determinan cómo ese derecho se implementa".
Reidel explica que los cambios “por separado pueden parecer discusiones técnicas; acumuladas, pueden transformar profundamente el acceso a un derecho. Una ley por sí sola no garantiza atención".
Asimismo, "también la garantizan los protocolos, las derivaciones, los equipos de salud y las reglas que permiten implementarla. Debilitar esa infraestructura puede vaciar un derecho sin tocar una sola palabra de la ley”, concluye.
