Organizaciones sociales y expertas en salud mental desmenuzan el impacto psicosocial del proyecto de ley "Escucha su corazón", que obliga a las mujeres a oír los latidos del feto o embrión para acceder a un aborto en tres causales. En ese sentido, acusan un nulo sentido de realidad por parte de los autores de la iniciativa y alertan que usar la tecnología médica para inducir culpa constituye un acto de crueldad contra las causales de la Ley IVE.
El costo emocional del proyecto "Escucha su corazón". Créditos: El Desconcierto.
aEl sonido rítmico y amplificado de un latido cardíaco suele ser sinónimo de alegría en una consulta obstétrica. Pero dentro de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE), esa misma frecuencia podría convertirse en una pesadilla para quien aborta por riesgo de vida, inviabilidad fetal o violación.
Un nuevo proyecto de ley titulado "Escucha su corazón", presentado por el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), con el patrocinio de Republicanos, ha vuelto a poner el aborto sobre la mesa pese a ser un tema zanjado desde 2017 cuando entró en vigencia la Ley IVE.
La nueva iniciativa obliga a las mujeres a escuchar el latido del corazón del feto o embrión para poder interrumpir el embarazo, independiente de la causal por la que hay accedido al procedimiento. De negarse, el personal de salud no estaría autorizado a proceder.
Si bien los autores de la iniciativa argumentan que escuchar la frecuencia cardíaca se enmarca dentro del derecho de la mujer a abortar informada, sus detractores advierten que se trata de un acto de violencia institucional, manipulación, deshumanización y crueldad.
La psicóloga y académica de la Universidad de Chile, Svenska Arensburg, se atreve incluso a hablar de extorsión: "se está poniendo una exigencia para acceder a una política pública legal, en un contexto de crisis máxima, ya sea de riesgo vital o de una victimización gravísima con secuelas de por vida".
La especialista explica que en momentos de crisis "no tenemos las herramientas para responder al nivel de exigencia que nos impone la realidad", tanto así que incluso "perdemos la noción del frío, del calor, de la alimentación, del tiempo". Por lo tanto, si una mujer desiste de un aborto porque debe escuchar los latidos del feto, esa decisión no sería completamente libre: "es ponerlas en una posición imposible de elegir. Eso es extorsión", reitera.
Por su parte, la senadora y primera exministra de la Mujer —quien también impulsó la Ley IVE—, Claudia Pascual (PC), aclaró a El Desconcierto que la iniciativa en discusión "no tiene fundamento médico ni de procedimiento", por lo tanto, se vincula a la persuasión al "buscar afectar negativamente el consentimiento".
Este mismo punto refuerza el Colegio Médico de Chile (Colmed), que a través de una declaración pública manifestando su "preocupación" por el proyecto recalcan que "el consentimiento informado es libre de coerción" y su propósito no es persuadir.
Pese a los múltiples debates teóricos, en la práctica "las mujeres y niñas ya se imaginan que hay actividad cardíaca; está en el imaginario, no necesitan un examen para saberlo", sostiene Milena Mesa, vocera de la Red de Observadoras de la Ley de Aborto (OLA Chile), organización que monitorea la implementación de la Ley IVE en Chile.
Las mujeres que acceden a la Ley IVE ya presentan "secuelas emocionales de por vida" sostiene la psicóloga Arensburg. En ese sentido, el impacto a nivel psíquico, independiente de las tres causales, depende de diversos factores como la edad, pero también de las redes de apoyo, los antecedentes previos de violencia, los rasgos de la personalidad, entre otros aspectos.
"Puede haber una adolescente de 14 años con mayor capacidad de sobreponerse a una situación de crisis que una mujer de 30 con una historia previa más difícil", ejemplifica la académica.
En el caso hipotético de una mujer que planifica su embarazo, pero que se acoge a la causal número uno de la Ley IVE —riesgo de vida de la madre—, o causal número dos —inviabilidad fetal— escuchar los latidos del embrión podría incluso "incrementar la experiencia de pérdida y dificultar aún más el proceso de duelo".
En la práctica, desde OLA Chile han presenciado cómo "para ellas es muy difícil tomar esa decisión". De hecho, "todos estos años hemos registrado casos de mujeres a las que hacen escuchar los monitores de los ecógrafos y les atribuyen un valor".
El tema de los latidos es solo la punta del iceberg. Desde la organización enumeran las múltiples barreras que enfrentan mujeres para poder abortar pese a que exista una legislación vigente.
Uno de estos obstáculos es el tiempo de espera. Milena Mesa revela que las mujeres pueden pasar hasta seis u ocho horas en recintos de urgencias esperando acceder a un procedimiento, situación que, finalmente, las impulsa a arrepentirse: "se van sin ser atendidas".
Asimismo, la situación empeora cuando, además del factor tiempo, la paciente habita en una zona rural: "hay mujeres que deben viajar horas, muchas veces cuidando además a otros hijos o a familiares enfermos".
Otra barrera refiere al desconocimiento del personal de salud sobre la Ley IVE. Según Mesa, es en la atención primaria en donde primero se solicita información para abortar: "muchas veces les dicen que la ley no existe" e incluso, en los casos por violación a menores de edad —causal número tres— "ni siquiera les creen".
Por otro lado, la organización también registra casos en donde el mismo personal médico emite su opinión desde un punto de vista religioso y no profesional: "y no solo médicos: también matronas y personal de primera atención".
Estas son solo algunos de los obstáculos que disuaden a las pacientes de realizarse un aborto y que configuran la victimización secundaria que explica la psicóloga Arensburg.
Las barreras descritas por las organizaciones civiles demuestran que el laberinto para acceder a la Ley IVE en Chile ya es complejo y hostil. En ese escenario, la obligatoriedad de escuchar los latidos no aparece como un elemento aislado, sino como la institucionalización de una práctica disuasiva que hoy se ejerce desde la sombra y el sesgo personal de algunos funcionarios de salud.
