El presidente Kast ha hecho parte a Chile de una dudosa política regional empujada por el régimen de Donald Trump, llamada “ escudo de las américas ”. La iniciativa, además de buscar llamar la atención con una estética de Marvel que la hace parecer una alianza de supervillanos, pretende una colaboración en materias policiales, militares y económicas entre los países miembros.
Hay múltiples razones que generan desconfianza frente a esta “alianza”. Podríamos partir del hecho de que el régimen que promueve la alianza mantiene castigos (tarifas y aranceles) sobre todos los demás en base a supuestos débiles y fuera de la legalidad; seguir con preguntarnos quienes en realidad se benefician de esta alianza; continuar con reirnos de la ironía de que los supuestos patriotas y nacionalistas cedan de manera tan débil frente a las presiones de un país extranjero y terminar por lamentarnos del hecho de que este acuerdo debilita aún más las posibilidades de que Chile se desarrolle más allá de su posición como proveedor de materias primas.
Plegándose a la alianza de Trump, Chile y otros países de la región están garantizando que le proveerán de manera estable y segura de minerales críticos, cuestión que significa poner los intereses de dicho país (y especialmente de las industrias que hoy gobiernan junto al régimen) por sobre los intereses de Chile y sus habitantes, cosa especialmente peligrosa para comunidades rurales e indígenas que hagan valer sus derechos para defender el medio ambiente y sus territorios.
Este último punto es especialmente importante, pues si miramos el actuar de EEUU en relación con los países de América Latina en otras oleadas intervencionistas, las cosas comienzan con puntos de supuestos desafíos comunes (seguridad), pero terminan con persecuciones políticas y muerte contra la población local si es que no se aviene a los intereses del país norteamericano, que en este caso pasan fuertemente por la obtención de condiciones ventajosas para la explotación de minerales críticos, hoy los más apetecidos tanto para la transición energética como para las industrias tecnológicas y armamentística.
Así entonces, ya no se vuelve tan inocua la declaración del ministro de Defensa en que considera un riesgo para “la soberanía de Chile” la existencia de normas legales que protegen a los pueblos indígenas, ni tampoco tan accidentales los intentos legislativos por impedir a las personas acceder a la justicia ambiental. Al igual que en tantos libros y películas distópicas, pero también al igual que ha sucedido en todo período de colonialismo o neocolonialismo, las poblaciones locales de los lugares donde se encuentran los recursos apetecidos no son vistos como sujetos de derecho en todo su sentido, sino como molestias frente a los deseos de los señores que habitan el poder.
La soberanía de Chile a la que se refería el Ministro Barros es precisamente aquella que se está cediendo frente a Estados Unidos, y por lo mismo el riesgo que él está viendo es que la sola voluntad gubernamental no sea suficiente para dicha cesión, pues afortunadamente existen una serie de mecanismos internos (incluídos aquellos que provienen de tratados internacionales) que nos permiten a los ciudadanos controlar el uso del poder público, incluso cuando quienes están en el poder son una alianza entre las mayores fortunas del país y quienes controlan temporalmente las instituciones públicas.
Por lo mismo, no sería sorpresivo que en los próximos meses veamos esfuerzos por horadar la soberanía nacional, intentando remover los controles que los ciudadanos tenemos sobre el uso del poder, de manera de que las autoridades electas puedan capturarlo de manera más completa para cederlo luego a los intereses del régimen que hoy gobierna Estados Unidos, y a las empresas que acompañan al poder tanto acá como en el país norteamericano.
Se pone a prueba nuevamente a la institucionalidad de Chile, aquella de la que tanto nos hemos enorgullecido en épocas pasadas, así como también el temple y orgullo de nuestra gente, hoy mirada en menos y como una molestia para los intereses de un régimen extranjero.