La declaración que Chile firmó con EE.UU. y otros 13 países incluye un pilar económico con control de inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos y "proveedores de confianza" en infraestructura digital.
La adhesión de Chile al Escudo de las Américas, cuyo objetivo declarado es el combate al crimen organizado, también abre un frente en los minerales críticos. El texto firmado por el país incluye compromisos sobre control de inversiones y cadenas de suministro de estos recursos, que la Cancillería no mencionó en el comunicado con que anunció, el 22 de septiembre, el paso de observador a miembro.
Ese mismo día, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió la versión íntegra, que revela el resto de sus implicancias.
El documento lleva la firma de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Los 15 países ordenan la iniciativa en tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral.
El primer pilar compromete a los firmantes a defender sus economías mediante "la exploración de mecanismos de control de inversiones" y "la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos a través de fuentes diversificadas y confiables". A ello se suma la promoción de regulaciones de "proveedores de confianza" para la infraestructura digital, que el texto plantea aplicar "de manera no discriminatoria".
Además, la declaración sostiene que la soberanía económica se defiende con éxito "cuando el capital que ingresa a nuestras naciones es transparente y verificable".
Consultados sobre por qué esas materias quedaron fuera del comunicado oficial, en el Gobierno indicaron a La Tercera que el objetivo del texto era informar la adhesión del país a la instancia.
A su vez, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció en Tele13 Radio la dimensión económica del acuerdo, aunque la subordinó a la agenda de seguridad. La declaración, explicó, busca "combatir el crimen organizado y el terrorismo en tres ejes: económico, de defensa de la soberanía y defensa de la democracia, pero siempre pensando que el adversario es el crimen organizado y el terrorismo".
En lo formal, sin embargo, la adhesión no compromete al país. El Escudo de las Américas carece de existencia jurídica y funciona como un espacio de coordinación política impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
El Presidente José Antonio Kast defendió ese punto tras el anuncio: "Siempre hemos señalado que cada país tiene sus legislaciones, su soberanía. Esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo".
La declaración no menciona a Beijing, pero no hace falta nombrarlo para deducir su objetivo: el pilar económico se inscribe en la agenda de Washington para frenar la influencia de China en el continente.
La preocupación estadounidense responde al peso de China en la cadena. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el país asiático lidera la refinación de 19 de los 20 minerales estratégicos vinculados a la energía, con una cuota promedio cercana al 70%, y es además el mayor consumidor de cobre refinado del mundo.
Para Chile, el punto es sensible. El país es el mayor productor mundial de cobre y concentra cerca de un tercio de las reservas de litio, mientras China es su principal socio comercial y el mayor comprador de sus materias primas.
Asimismo, el acercamiento con Washington en esta materia tiene historial. El 12 de marzo, un día después del cambio de mando, el canciller Francisco Pérez Mackenna y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau firmaron la Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras. En abril, ambos gobiernos sumaron un memorando de entendimiento sobre la misma materia.
Si Chile avanza hacia los mecanismos de control de inversiones que propone la declaración, el Gobierno deberá precisar qué criterios aplicaría, qué institución los administraría y si alcanzarían a los capitales que ya operan en la minería nacional. Esas mismas preguntas llegarían al Congreso si los compromisos se formalizan en un tratado.
