¿Hasta cuándo el Estado de Chile se hace cargo del cuidado de una actividad privada? ¿No será hora de cambiar el modelo forestal para realmente proteger a las comunidades afectadas?
Falta poco para la temporada más peligrosa de incendios forestales y aún no se promulga la Ley de Incendios - Agencia Uno
Lamentablemente por más recursos y empeño que le pongan los compañeros de Conaf, que se agradece, todos los medios se concentran en prepararse para apagar el fuego y no exigen a las empresas forestales que cumplan con los planes de protección contra incendios a nivel predial.
Cientos de predios abandonados, sin cuidadores ni vigilantes en período estival. Más de 200 toneladas de combustible por hectárea en las plantaciones de alta densidad, sin manejo preventivo. Cerca de 3 millones de hectáreas de monocultivos forestales, dispersas en 7 regiones, hacen prácticamente imposible controlar los incendios, ya sea porque ocurren incendios simultáneos, que rápidamente exceden a la capacidad instalada para el combate, o porque la propagación se pone incontrolable, como ya lo vivimos en los mega incendios de 2017, 2023 y la tragedia de Penco-Lirquén.
Mientras no haya un cambio de estrategia y cambio del modelo forestal, seguiremos sufriendo pérdidas humanas y materiales, de las cuales se hará cargo nuevamente el Estado.
Entre tanto, las empresas dueñas del combustible gozan de las utilidades del modelo, basado en el traspaso de recursos del Estado para sus lucrativos negocios, dejando a los territorios sin la biodiversidad básica para la vida, sin agua o agua contaminada con el uso de agroquímicos, con suelos erosionados y grandes superficies abandonadas.
Resulta violento para las comunidades que habitamos en el medio rural, que las empresas forestales controlen grandes áreas de las comunas y vivamos en riesgo permanente de morir quemados, porque no quieren hacerse cargo del manejo necesario, para evitar las externalidades negativas que genera el modelo forestal.
Más encima ahora, nuevamente con recursos de todos los chilenos, quieren subsidiar la plantación de 1.5 millones de hectáreas de monocultivos, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades rurales. Resulta indignante y violento que pretendan que con recursos de todos los chilenos los indemnicemos, porque no quieren asumir los costos de su negocio.
Da lástima la pobreza humana y técnica al señalar que perderán superficies al hacer cortafuegos, habiendo tantas opciones de manejo para reducir el combustible y los riesgos de la temporada estival.
Las empresas solo pierden dinero y materias primas. Las comunidades pierden la vida y sus recursos básicos para subsistir. El Estado tiene que priorizar la vida y la seguridad de los habitantes rurales, antes que a una actividad económica que poco y nada beneficia a las comunidades locales.
