Organizaciones advierten que cambios a la Ley Lafkenche buscan limitar la gobernanza de territorios marinos, generando desinformación sobre su propósito.
Organizaciones manifiestan inquietud ante modificaciones del gobierno a la Ley Lafkenche.
Diversas organizaciones de pueblos originarios y comunidades costeras han expresado preocupación frente a la discusión legislativa en torno a eventuales modificaciones a la Ley Lafkenche (Ley 20.249), advirtiendo que el debate podría afectar la gobernanza de los territorios marinos y la sostenibilidad de los ecosistemas oceánicos.
En este contexto, representantes de comunidades desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos han manifestado inquietud por el rumbo que ha tomado la conversación pública, especialmente tras la participación del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, en el taller “Diálogo por el futuro del borde costero” realizado en Puerto Montt.
Según señalan, aunque el Ejecutivo aún no ha presentado indicaciones formales, se han planteado posibles ajustes orientados a las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), la proporcionalidad de las áreas y los mecanismos de acreditación del uso consuetudinario.
En ese sentido, en distintas zonas costeras las comunidades han insistido en que la discusión no debería limitarse a una perspectiva productiva, sino incorporar de manera central la relación histórica entre los pueblos originarios y el mar, junto con la protección de los ecosistemas y la convivencia con otras actividades económicas.
Las organizaciones coinciden en que el debate ha tendido a instalar narrativas de conflicto y desinformación, dejando en segundo plano las experiencias de gestión territorial donde los ECMPO ya operan como herramientas de conservación, administración comunitaria y desarrollo local.
Uno de los puntos que las organizaciones buscan aclarar es que los ECMPO no implican propiedad privada del borde costero ni exclusión de otros actores.
En la localidad de Carelmapu, integrantes de la Comunidad Indígena Encura Mapu sostienen que existe una brecha entre el debate público y la realidad territorial, afirmando que estos espacios permiten modelos de administración compartida entre actividades productivas, pesca artesanal y resguardo ambiental.
De hecho, los ECMPO han impulsado las economías locales gracias a las propuestas elaboradas en conjunto con los pescadores artesanales, quienes participan, amparados como usuarios no titulares, en iniciativas de protección y recuperación de recursos de interés comercial. Algunas de estas propuestas contemplan el resguardo voluntario de almejas, erizos y vedas a la jaiba.
En esa línea, José Alberto Molina Hueichán, líder de la comunidad, señala: “Se ha instalado la idea de que los ECMPO privatizan el mar o frenan el desarrollo, y eso ha generado temor y desinformación en muchos territorios, dificultando el diálogo". Lo cierto es que, por el contrario, "la gobernanza comunitaria puede convivir con actividades productivas y aportar a modelos de desarrollo más sostenibles, donde exista equilibrio entre economía, ecosistemas y comunidades”.
Según las propias organizaciones, la industria de la salmonicultura estaría impulsando una narrativa contraria la Ley Lafkenche. Un ejemplo de ello es la idea de que cerca de la mitad de la actividad salmonera en la Región de Aysén estaría en riesgo por la aprobación de dos solicitudes de ECMPO, pese a que las concesiones ya existentes no se ven afectadas por este instrumento.
También se han difundido interpretaciones que, según actores territoriales, distorsionan el alcance de la normativa y profundizan divisiones entre pescadores artesanales y comunidades indígenas. Por ejemplo, cuando el senador Fidel Espinoza (PS) declaró que los ECMPO “pasan por sobre los pescadores artesanales”, o cuando el senador Iván Moreira (UDI) afirmó que los pescadores “tienen que pagar peaje” para poder trabajar en las ECMPO.
Desde la Comunidad Indígena Antünen Rain, Nelson Millatureo sostiene que “hoy muchas comunidades sienten que el debate se ha reducido a proteger intereses económicos de corto plazo, mientras se invisibilizan los impactos que ciertas industrias generan sobre los ecosistemas y las formas de vida locales".
