Consultores prevén acciones legales contra el nuevo plan regulador, por interés inmobiliario en zonas naturales y de humedales.
Zona de humedales en Quilicura.
Foto: MMAQuilicura está terminando el proceso de actualización del plan regulador, donde busca declarar como área verde el humedal urbano de Quilicura y otras zonas de la parte norte de la comuna que contienen otros humedales interconectados, el estero Las Cruces y cerros.
El proceso ha sido fuertemente criticado por inmobiliarias y dueños de otros terrenos en la zona donde se limitaría la urbanización, que anuncian una posible judicialización del proceso en una nota de La Tercera.
El plan regulador vigente para la comuna de Quilicura data de 1985 y solo contempla un 6% de la comuna. Según declara la concejala Alexandra Arancibia, esto ha provocado que mucho del desarrollo de la comuna se haya hecho sin ordenamiento territorial, generando problemas como casas en constante riesgo de inundación y anegamientos.
Para la actualización del plan, que ya está en sus etapas finales, se propone declarar como área verde una zona al norte de la comuna que contempla 470 hectáreas del humedal urbano de Quilicura, y otras 500 hectáreas alrededor, donde se encuentran humedales, cerros, afloramientos de agua por acuíferos y el estero Las Cruces.
Esta zona norte también es identificada como un sector de riesgo de inundaciones y de suelos con características de humedal, donde se encuentran pequeños humedales que son relictos de antiguos sistemas hídricos de mayor tamaño. En contexto de las lluvias actuales, algunas zonas inundadas de la comuna dejan en evidencia el rol que puede cumplir este sector para absorber el agua en exceso y mitigar la sequía al rellenar los acuíferos.
Según se relata en La Tercera, esta nueva zonificación abarca terrenos que son de propiedad de privados con interés de urbanizar, como las inmobiliarias Trayecta o Urmeneta, el club de deportes Santiago Morning y la familia Petermann, dueña de la reserva Huilo Huilo.
Una consultora inmobiliaria que asesoró a varios de los privados en el proceso de participación ciudadana para la actualización del Plan Regulador, declara que el valor de dichos terrenos bajaraía de 1 UF por metro cuadrado a 0,2 UF, afectando los intereses de desarrollo inmobiliario.
Según declara el ejecutivo de la consultora AGS Visión Inmobiliaria, es altamente probable que el conflicto se traslade a los tribunales. Además, apunta a la administración municipal como responsable de “el tiempo y los recursos invertidos en un proceso eventualmente invalidado, de prosperar las acciones judiciales”.
